¿Y si resulta que es Madrid quien quiere que Cataluña se independice?

El presidente del Gobierno, mariano Rajoy,d., durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada recientemente en el Palacio de la Moncloa. EFE

Los últimos pasos dados por el Govern y el Parlament de la Generalitat han sido burdos, chapuceros e incluso ilegales. No lo olvidemos. Pero viendo lo que se ha hecho desde Moncloa, a uno le dan ganas de independizarse. O de emigrar a otro país. Son decisiones y medidas que han ido ocurriendo poco a poco. Algunas se aprobaron con media España de vacaciones. Otras usando el desafío soberanista como cortina de humo y el resto sin la prensa como testigo. Pero entre unas cosas y otras, España ha retrocedido varias décadas con una privación de libertades que el mismísimo Franco firmaría a pie de página. Lo último que el Gobierno ha impulsado es la prohibición del derecho a reunión.

A los más viejos del lugar tal vez les suene de los libros de historia y de alguna batallita de sus padres y/o abuelos. Pero no, en España se ha vuelto a instaurar la suspensión judicial del derecho a reunión. Todo porque José Yusty Bastarreche, magistrado del juzgado contencioso administrativo de Madrid, ha decidido suspender el acto en favor del referéndum que debía tener lugar el próximo domingo en la capital española. El juez se recrea argumentando que “consiste en esencia en un acto de apoyo a la Ley 19/2017 del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña”, esto es la Ley para la celebración del Referéndum que ha anulado el Tribunal Constitucional.

Se ve que al juez Yusty no le aparece en el artículo 20 de la Constitución el derecho a:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
“El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa“, sentencia la Carta Magna.

Según esta lógica, que muchísimos abogados y jueces consideran totalmente equivocada, ¿son ilegales las reuniones promovidas recientemente en favor de Juana cuando desapareció junto a sus hijos? ¿o los actos en memoria de Miguel Ángel Blanco? ¿o la celebración de la última Champions League en Madrid?

Como señala el abogado David Bravo, “las resoluciones judiciales son vinculantes, lo que no son es sagradas. Estaría bueno que además de cumplirlas se obligara a no discutirlas”.

Con esta decisión el juez no hace más que echar gasolina a la hoguera del referéndum. De esta manera está cargando de motivos a los independentistas para celebrar a 20 diadas más, a cada cual más multitudinaria, y está tensando la cuerda de cara al 1-O, día de la votación.

Desde Moncloa alguien debería intentar apagar este fuego si de verdad tuvieran intención de consensuar una salida negociada.

Pero está claro que no la tiene. Como demuestra el hecho de que en los últimos meses hayan ordenado mandar a la cárcel a gente con pésimo gusto pero cuyo único ‘delito’ es hacer un chiste en twitter, mandar a varias dotaciones de la Guardia Civil a vigilar imprentas por si crean un arma de destrucción masiva como puede ser una octavilla… En Moncloa nadie dice nada, y si algún día lo hace, será vía plasma y sin admitir preguntas.

Está claro que llevar al límite la olla exprés del proceso soberanista interesa a más de uno, tal vez para ganar votos fuera de Cataluña. Lo que no estaba tan claro, pero ahora empieza a estarlo, es que hay casi tanta gente en Madrid como en Cataluña que trabaja a favor de la independencia.


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