El visado, el "arma" de Pekín contra la prensa, dice agrupación de periodistas

El régimen chino está utilizando los visados de trabajo como un "arma" contra los medios de comunicación internacionales, acusa este lunes el Club de Corresponsales Extranjeros en China (FCCC), que teme más expulsiones de periodistas.

En su informe anual sobre la libertad de prensa, el club recuerda que un periodista tuvo que abandonar China en 2019 porque su permiso de trabajo no fue renovado.

El singapurense Chun Han Wong fue expulsado de facto en agosto tras haber escrito un artículo sobre un primo del presidente Xi Jinping en el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ).

Otros tres periodistas del WSJ fueron expulsados la semana pasada en represalia por el título de un editorial con el que Pekín no estaba conforme.

"Las autoridades chinas están utilizando los visados como arma contra la prensa extranjera, de una forma que nunca antes habían hecho", señaló la asociación profesional.

La duración normal de una tarjeta de prensa, que sirve de permiso de trabajo renovable cada año, solía ser de un año, pero el año pasado Pekín emitió un número récord de permisos "truncados", de una duración de seis e incluso tres meses.

El año pasado al menos 12 periodistas recibieron tarjetas de prensa de una duración de seis meses o menos. Entre los ,medios afectados figuran: el New York Times, el Wall Street Journal, la BBC, el Telegraph, el Globe and Mail, Le Monde, el Sankei Shimbun y La Voz de America.

El club teme que China "se esté preparando para expulsar a otros periodistas: desde el comienzo de 2020, dos corresponsales han recibido visas de un mes".

Desde 2013, justo después de la llegada al poder de Xi Jinping, nueve periodistas extranjeros han sido expulsados, ya sea al vencer su permiso de trabajo o cuando todavía era válido, según el estudio, al que contestaron 114 periodistas miembros de la FCCC, de un total de 186.

El 55% de los periodistas extranjeros afirmó que sus condiciones de trabajo empeoraron el año pasado.

El 82% de ellos aseguró haber sido víctima de injerencia, acoso e incluso violencia por parte de las autoridades durante los reportajes.

Y el 70% reconoció haber sufrido la anulación de una entrevista con un interlocutor debido a la intervención de las autoridades.