La verdad será arcoíris: una deuda pendiente con la población LGBTIQ+ de Colombia (2/2)

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(EPA) EFE - Carlos Ortega

"Son violencias invisibilizadas, normalizadas o que han sido ejercidas con complicidad de la sociedad y es clave que el país haga una reflexión alrededor de esto que pasó y que sigue pasando. Tenemos que cambiar", apuntó la comisionada Alejandra Miller. Estos son los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos de las población LGBTIQ+ durante el conflicto armado.

Paloma no logró olvidar el sonido de los escupitajos en su cara. "Vos sos una cochina, esto te pasa por lesbiana; vamos a esperar a tu mujer, porque aquí las matamos a las dos, ya les habíamos dicho que se fueran, ustedes dan mal ejemplo a la vereda y aquí vamos a limpiar", le gritaban los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Veinte años después, su relato forma parte de la sección dedicada a la población LGBTIQ+ en el capítulo de Mujer y Género de la Comisión de la Verdad: "La verdad será arcoíris".

Su historia es la de miles. “Uno no busca con esto un reconocimiento o una reparación, no. Uno lo que quiere es decirle a la gente: ‘¡Mire, es que perdí mis sueños’. Eso ya nadie te lo va a regresar”. El de Paloma; envejecer en su finca, criar pollitos. Un ejemplo de muchas de las vidas truncadas por más de cincuenta años de guerra en Colombia, pero también por la sociedad patriarcal que durante décadas silenció las violaciones a los derechos de las personas de orientación sexual, identidades no normativas y diversidad de género.

En su esfuerzo por abarcar todas las realidades del conflicto, la Comisión de la Verdad (CEV), junto a su Equipo de Género, profundizó en las múltiples persecuciones y violencias contra los homosexuales, las personas trans y las disidencias de género; dedicando un apartado exclusivamente al análisis y la escucha de éstos. “Es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que profundiza en lo que les ocurrió a las personas LGBTIQ+. Es muy importante porque han sido unas violencias muy invisibilizadas, muy desconocidas y minimizadas”, dijo a France 24 la comisionada Alejandra Miller, quien dirigió la investigación.

Si bien otras instituciones y organismos a nivel internacional han realizado este tipo de estudios centrados en población con orientaciones sexuales diversas, la CEV, como explica a France 24 Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, “es la primera entidad estatal que da cifras desagregadas por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género”. Y añade que se trató de un gran reto para el organismo: “lograr dar cuenta, por ejemplo, de cuántas mujeres eran lesbianas, cuántos hombres bisexuales, hombres gais, cuántas mujeres u hombres trans. Eso no lo tiene ninguna entidad porque regularmente es un reto contrastar esa información que se enmarca dentro de una categoría global como LGBTIQ+”.

“A esos mariquitas deberían matarlos”

De nuevo, la CEV constata que todos los grupos armados que participaron en el conflicto, así como el Estado y la sociedad, ejercieron y perpetuaron violencias contra la población LGBTIQ+ por su identidad de género u orientación sexual. “Allá me tiraron en una pieza, me patearon, me amarraron. Me decían: ‘Por marica es que te traemos. Aquí te vamos a volver hombre”, relató Fabricio, un hombre gay de Antioquía víctima de violación por hombres de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Tanto los paramilitares, las guerrillas como la Fuerza Pública llevaron a cabo estas violencias. Mientras que los primeros obligaban a las personas LGBTIQ+ a realizar trabajos sexuales, torturas, homicidios, amenazas y son los principales responsables de exilios y desplazamientos de esta población; las FARC-EP buscaban esclavizar a estas personas con fines sexuales: “Éramos vistos como objeto sexual para ellos, para satisfacer sus necesidades sexuales. Ellos siempre nos han visto como la mariquita, el cocinero, el lavaplatos”; o instrumentalizarlos para la guerra.

Ambos grupos armados realizaron reclutamiento forzado. “Me reclutaron para, supuestamente, volverme hombre, porque no estaba bien visto un marica en el pueblo, porque uno iba a dañar a los demás”, contó una víctima de los paramilitares. “Sí había como la cosa de que ‘la guerrilla necesita son manes, hombres, y mujeres pero que sean machorras’; a las lesbianas sí las dejaban entrar a la guerrilla porque había muchas que tenían novias en los frentes, pero a los manes sí los sacaban”, apuntó Ricardo.

Además, según la entidad: “La fuerza pública recurrió a detenciones arbitrarias, homicidios, violencias sexuales, tortura, amenazas y ataques a la libertad de asociación con el fin de aniquilar a las personas LGBTIQ+ para reafirmar el poder estatal, lograr resultados en la guerra e imponer de controles a la vida civil. En algunos casos actuó en connivencia con grupos paramilitares”.

Estos flagelos sistemáticos, que durante décadas quedaron en la impunidad, contando con una alta aprobación social, van desde violencias sexuales y reproductivas; amenazas; persecución; desplazamiento y reclutamiento forzoso; instrumentalización; montajes judiciales; torturas y homicidios. “Estas agresiones, que responden a modelos socioculturales hegemónicos con los que se han impuesto divisiones entre lo que es ‘sano’ y lo que es ‘enfermo’, lo ‘moral’ y lo ‘inmoral’, lo ‘normal’ y lo ‘anormal’, han ocasionado condiciones de precariedad a lo largo de sus vidas”, reza el texto.

Unas violencias que iniciaron antes que los disparos

Entre los hallazgos de la Comisión está el hecho de que estás violencias iniciaron antes que la metralla y los disparos –desde la invasión española, patrocinado por la moral judeocristiana de la Iglesia– y se perpetúan hasta la actualidad: “la firma del Acuerdo de Paz no significó el fin de las agresiones”, pero se agravaron y recrudecieron durante el conflicto. Cada grupo, explican, tuvo patrones particulares en la persecución de personas LGBTIQ+ “por motivos relacionados con sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas”.

El informe documenta 709 casos de violencias cometidos contra 369 personas LGBTIQ+ que ofrecieron sus memorias a la CEV. El 14,6% de las víctimas se autoreconocieron como negras, afrocolombianas o raizales y el 4,3% como indígenas. “El volumen específico de las experiencias de la población LGBTIQ+ profundiza en esas causas de por qué les pasó lo que les pasó a ellas. Hicimos una profundización, pero fue un reto también poder encontrar y poder generar la confianza con las víctimas LGBTIQ+”, apunta Gómez.

La dificultad para hallar testimonios deja patente un subregistro, ligado al miedo a hablar por las posibles represalias o persecuciones que todavía sufre esta población; la revictimización, así como a la desconfianza con la institucionalidad que durante años ha dejado desprotegidas a estas personas. “Las mujeres y personas LGBTIQ+ han sufrido la desprotección del Estado y han sido excluidas de la democracia. El Estado no ha garantizado sus derechos y el Estado profundizó estás vulnerabilidades”, critica Miller.

Por ejemplo, en Colombia la homosexualidad estuvo criminalizada y patologizada durante el primer periodo del conflicto. Por lo tanto, las persecuciones eran ampliamente aceptadas desde las instituciones e incluso cometidas por el mismo Estado y Fuerza Pública. “El comportamiento de la fuerza pública era muy horrible, porque nos metían a la cárcel, nos llevaban a la Policía de Caucasia, nos ponían a hacer el aseo porque éramos ‘maricas’”, contó Dorita, una mujer trans.

Algo que no cambió tras su despenalización, en 1980; sino que se replicó y agravó durante los años más violentos del conflicto e incluso previos a la firma de la paz en La Habana, Cuba. “En 2008, los asesinatos a causa de las mal llamadas ‘limpiezas sociales’ persistieron”, señala la entidad, que esclareció que, tras la desmovilización de algunos grupos paramilitares, éstos siguieron persiguiendo y atacando a personas LGBTIQ+.

Violencias sistemáticas y simultáneas

Otro hecho que destaca el informe es que la mayoría de las violencias “no fueron aisladas ni únicas para la víctima, sino que sucedían unas después de otras, o eran simultáneas; es decir, conformaban conjuntos o repertorios”, apuntando a un patrón común de todos los actores armados: “aludían a lo mismo: ‘por maricas’”. También apunta a que las modalidades de violencia sexual no fueron aleatorias, “sino que respondieron a actos ejemplarizantes y simbólicos”.

Muchas veces, tal y como señala la CEV, eran varios grupos los que ejercían estas violencias al mismo tiempo. Y todas estas prácticas y vulneraciones a sus derechos fueron “sistemáticas, en diferentes territorios y períodos de tiempo, como parte de los planes, intereses y ejercicios militares”.

La cultura patriarcal colombiana ayudó a perpetuar estas violencias, incluso dentro del seno familiar. “Mi mamá me dijo: ‘Ya sabes: si llegas a salir gay, te mando a matar con la guerrilla’”, contó Willington. El informe hace un señalamiento además a los medios de comunicación que con sus narrativas discriminaron a estas poblaciones, acusadas de “pecadoras”, “enfermas” y “criminales”.

Cuando comenzaron a documentarse los primeros casos de VIH/sida se agravaron los prejuicios e imaginarios para discriminar y vejar aún más a estas personas. “Los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica revelaron, de igual manera, el control y los homicidios de las mujeres en situación de prostitución bajo el argumento de protección al bien común, en el que se escudaban para asesinar a las mujeres con VIH”.

En palabras de Miriam, una mujer trans: “En una sola noche mataron a 24; después, otra noche mataron a unas 20, y así. Fueron masacres grandes, por el solo hecho de que eran homosexuales, porque pensaban que esa enfermedad solo la contagiábamos nosotras, por ser gais”. La Comisión señala que las transmisiones de estas infecciones sexuales resultantes de violaciones por actores armados “agravaron las marcas emocionales y físicas de las personas LGBTIQ+, a lo que se sumó un sistema de salud que también las discriminaba y no les daba garantías de confidencialidad ni acceso al aborto”.

Para la Comisión, el cuerpo de las personas LGBTIQ+ tiene una gran importancia y simbolismo en la creación de sus identidades y sexualidades diversas. Las violencias ejercidas sobre sus cuerpos marcaron la vida de estas personas. El organismo quiso resaltar el "cuerpo como un elemento fundamental en las resistencias de las personas LGBTIQ+, para desafiar la sexualidad y el género que desde las normas intentaron imponer los actores armados, y como el lugar de acción política para sus resistencias”.

“Eso nos tiene que poner de frente a un espejo como sociedad en el que no solamente se permitieron, sino que muchas veces las comunidades mismas aplaudieron lo que los actores armados hacían porque consideraban que estas personas eran unas indeseables, dañinas”, dice Miller. “Son violencias invisibilizadas, normalizadas o que han sido ejercidas con complicidad de la sociedad y es clave que el país haga una reflexión alrededor de esto que pasó y que sigue pasando. Tenemos que cambiar”, concluye.

Con todos estos hallazgos, la CEV redactó una serie de recomendaciones para la reparación y no repetición de estas violencias tanto al Estado como a la sociedad civil, como garantizar su acceso a la justicia; generar condiciones de igualdad en todos los ámbitos; garantizar la participación institucional o el reconocimiento de la sociedad colombiana en su papel de discriminación.

Ferley, víctima de violencia sexual, se mostró escéptico ante la CEV: “Lo que más me preocupa es que, en términos de cultura y de procesos sociales y comunitarios, seguimos siendo invisibilizados y las políticas públicas nos siguen manejando como datos, como estadísticas, como cifras, pero no nos dan soluciones reales. Somos útiles para la distribución del presupuesto, para las estadísticas, para las mediciones, pero seguimos en la pobreza, en la periferia, y cada vez más, nuestra vida, nuestra salud y nuestra cotidianidad se ven afectadas”.

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