Las víctimas de la revolución tunecina siguen esperando justicia diez años después

Aymen JAMLI
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Moslem Kasdallah, de 31 años, perdió una pierna en los enfrentamientos con la policía tunecina poco después de la huida de Ben Alí. Diez años después, sigue luchando por ser reconocido oficialmente víctima de la revolución de 2011.

Ese año, el 14 de febrero, Zine el Abidine Ben Alí abandonó el poder tras 23 años al timón del país y varios días de manifestaciones pacíficas que reclamaban "libertad, trabajo, dignidad nacional".

Las semanas precedentes y siguientes a su huida, hubo enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes que causaron centenas de muertos y miles de heridos.

En 2012, un balance preliminar de las autoridades estableció 338 muertos y 2.147 heridos. En octubre de 2019, el Alto Comité tunecino de Derechos Humanos publicó en su web una lista de 129 personas muertas y 634 heridas.

Pero las víctimas siguen esperando todavía la publicación de una lista definitiva en el Diario Oficial, la única forma de que quede registrado indeleblemente el sacrificio humano de la revolución.

Su dificultad para obtener reconocimiento oficial y reparación ilustra los sinsabores de la transición, entre inestabilidad política, regreso de miembros del antiguo régimen y falta de reformas de seguridad y jurídicas.

Kasdallah fue herido por la policía cuando patrullaba con el comité de su barrio en las afueras de Monastir (centro). Este tipo de comités habían sido constituidos en Túnez ante la incertidumbre y los rumores de venganzas de Ben Alí.

Diez años y 32 operaciones quirúrgicas después, este trabajador jornalero dice que está dispuesto a "sacrificarse" de nuevo para que sean reconocidos los derechos de las víctimas.

- "Escribir la historia" -

Mientras espera sin creer demasiado en que el 10º aniversario de la revolución, el jueves, sea la ocasión de que se reconozca al fin su estatus de víctima, algunas decenas de personas ocupan desde hace dos semanas los locales de la instancia gubernamental encargada del caso.

Heridos, mal curados por falta de medios, siguen sufriendo. Otros han muerto. "Algunos necesitan intervenciones, una prótesis", explica Kasdallah.

Para él, es el reconocimiento de la misma existencia de una revolución contra un régimen policial lo que está en juego.

"Hemos entregado nuestra sangre para escribir la historia y la historia debe escribirse hoy aplicando la ley y publicando la lista" de víctimas, subraya.

Las autoridades justifican el retraso por la inestabilidad política. Túnez ha tenido nueve gobiernos en diez años.

El dosier es sensible, sobre todo por el "temor de los servicios de seguridad" y las "protestas" de las personas excluidas de la lista, explica a la AFP Abderrazak Kilani, presidente de la instancia general de mártires y heridos de la revolución.

- "Verdadera reconciliación" -

Lamia Farhani, abogada y presidenta de la asociación "Fieles", que apoya a las víctimas y a sus allegados, culpa la "falta de voluntad política", en particular de los ministerios del Interior y Defensa.

Para algunos, el reconocimiento de las víctimas implica el reconocimiento "penal" de los verdugos.

Farhani, que perdió a su hermano, insta a que se haga justicia para garantizar una "verdadera reconciliación".

Hasta ahora, pocos responsables de la represión han rendido cuentas. Algunos son directivos de la policía o el ejército.

Creada en 2014 para hacer justicia a las víctimas de las dictaduras, la instancia Verdad y Dignidad (IVD) ha realizado investigaciones de asesinatos, violaciones, exilios forzados.

Pese a la hostilidad de las autoridades, que han impedido el acceso a los archivos del ministerio del Interior, en 2018 se iniciaron decenas de procesos en tribunales especiales, muchos de ellos por la muerte de manifestantes en 2011.

Pero todavía no ha habido ningún veredicto y el regreso de figuras del antiguo régimen a los círculos de poder lo dificulta.

Ante las tergiversaciones, el presidente Kais Saied, elegido en 2019 enarbolando eslóganes de la revolución, se mostró favorable a las acciones de las víctimas. Pero, aislado y debilitado por el ejercicio del poder, no ha logrado que se les reconozcan sus derechos.

Para Rached Larbi, de 30 años, paralizado tras haber recibido un disparo de la policía el 13 de enero cerca de Túnez, "mientras no se castigue a los que nos dispararon, la revolución no habrá concluido".

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