Las víctimas de la matanza de Atocha piden que García Juliá no pueda salir de España

Agencia EFE
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Madrid, 18 nov (EFE).- La Fundación Abogados de Atocha ha pedido a la Justicia que adopte las medidas necesarias para que Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados en 1977 y que previsiblemente saldrá mañana de la cárcel, no pueda abandonar España.

García Juliá, condenado por ser uno de los autores de la matanza de Atocha cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha, dejará mañana la cárcel madrileña de Soto del Real.

Y saldrá en libertad porque la Audiencia de Ciudad Real le realizó una nueva liquidación de la condena, que le permitirá no cumplir los más de 12 años de cárcel que le restaban.

La Fundación presentó un recurso de súplica ante ese tribunal y una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite, según ha indicado a Efe Cristina Almeida, la abogada que, tras diez años jubilada sin ejercer, ha vuelto a darse de alta en el Colegio de Abogados para llevar este asunto.

Almeida ha indicado que no descartan llevar el recurso contra la libertad de García Juliá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

No obstante, se ha dirigido a las autoridades policiales y judiciales españolas para que, en cualquier caso, no se le expida pasaporte a García Juliá y se adopten las medidas necesarias para que no pueda salir dele país.

García Juliá fue sentenciado a 193 años de prisión en 1980, pero tan sólo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta.

En 1991 consiguió la condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso le fue revocado posteriormente, nunca regresó a España.

Tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia, fue arrestado en Sao Paulo (Brasil) en diciembre de 2018 y finalmente extraditado a España, donde ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid) como autor de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio.

La Fundación quería frenar la excarcelación, porque, según Almeida, al recluso se le han aplicado unas redenciones de condena a las que no tendría derecho, ya que quebrantó la libertad condicional con su huida a Paraguay en los años noventa y, por tanto, no le puede computar para una nueva liquidación.

La Audiencia de Ciudad Real, el último tribunal que sentenció al autor de la matanza pero por otro delito que no está relacionado con ese, atendió en mayo pasado la petición del abogado de García Juliá para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica.

Cristina Almeida ha reconocido a Efe que siente "una impotencia tremenda" ante esta situación e insiste en que, al menos, se le ponga vigilancia o alguna medida cautelar.

Tras diez años jubilada, Almeida se ha dado de alta para llevar este asunto y ha tenido que pelearse con los documentos judiciales sobre García Juliá que no están digitalizados.

Y lo ha pasado peor, dice, que en el confinamiento. "Mi tranquilidad se ha roto", añade, pero su sentido de la responsabilidad le ha llevado a hacerse cargo del caso, que conoce mejor que nadie, porque lo llevó cuando se juzgó la matanza de Atocha.

En lo personal, está "echa polvo" por la libertad del asesino de los abogados y, "jurídicamente", está "indignada por la incapacidad de la Justicia de defender a las víctimas".

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