Una jueza federal bloquea varias ejecuciones en Arkansas

Una jueza federal bloquea la ejecución prevista para antes de fin de mes de varios condenados a muerte en Arkansas, para los que se había establecido un apretado calendario debido al vencimiento de un producto usado en la inyección letal

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el sábado la ejecución prevista para antes de fin de mes de varios condenados a muerte en Arkansas, para los que se había establecido un apretado calendario debido al inminente vencimiento de un producto usado en la inyección letal.

Las autoridades de ese estado del sur del país deberán apelar la orden de la jueza federal de primera instancia Kristine Baker, en Little Rock, la capital del estado, si quieren intentar llevar a cabo las ejecuciones, que serían las primeras allí desde 2005.

"El tribunal considera que los demandantes tienen derecho a una medida cautelar por su recurso sobre el método de ejecución conforme a la Octava Enmienda", escribió la jueza Baker en referencia a la parte de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe "las penas crueles o inusuales".

El programa de ejecuciones establecido por el gobernador conservador Asa Hutchinson quedó así suspendido, al menos temporalmente.

"Es lamentable que un juez haya tomado partido por los prisioneros condenados, en un último intento de retrasar la justicia", dijo en un comunicado un portavoz de la fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge.

De acuerdo con los planes de las autoridades de Arkansas, ocho presos debían ser sacrificados entre el 17 y el 27 de abril. Sin embargo a dos de ellos, uno de los cuales con problemas mentales, obtuvieron la suspensión de la pena en dos decisiones separadas.

El viernes, un simple juez de distrito, Wendell Griffen, atendiendo la solicitud de una empresa de distribución de productos farmacéuticos bloqueó las seis ejecuciones restantes hasta tanto evaluar los argumentos de la firma. Una suspensión que fue reforzada este sábado por el tribunal federal.

La empresa McKesson acusa a las autoridades penitenciarias de haberle comprado el bromuro de vecuronio, que provoca parálisis en los músculos, sin advertirle que el producto sería utilizado en un protocolo de ejecución de condenados.

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