El tribunal, los fiscales y las defensas

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional antes de una comparecencia ante el juez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 16 ene (EFE).- El tribunal que juzgará a la cúpula de los Mossos por su actuación el 1-0 está compuesto por tres magistrados adscritos a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional asistirán al juicio los dos fiscales del caso, Pedro Rubira y el teniente fiscal y portavoz, Miguel Ángel Carballo.

En cuanto a las defensas, destaca la abogada Olga Tubau, que representa a Trapero, toda vez que el letrado y diputado Jaume Alonso Cuevillas, que lleva la defensa del expresidente Carles Puigdemont y que en este procedimiento representaba a César Puig y a Pere Soler, no estará en la vista oral

EL TRIBUNAL

1.CONCEPCIÓN ESPEJEL JORQUERA.- Presidenta de la Sala de lo Penal y de su sección primera desde junio de 2017 en sustitución de Fernando Grande-Marlaska. Aspira a una de las tres plazas vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano que enjuició a los responsables políticos del "procés".

De ser elegida no tomaría posesión hasta que finalice el juicio y se notifique la sentencia, según fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Efe.

Tras haber presidido la Audiencia Provincial de Guadalajara fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular, cargo del que tomó posesión en septiembre de 2008. En enero de 2016, estando al frente de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional fue apartada del juicio de Gürtel Época I por su posible afinidad ideológica al PP.

Entre sus juicios más mediáticos figura el de la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016. Los 8 acusados la recusaron sin éxito por sus "estrechos vínculos con la guardia civil" (está casada con un coronel del Instituto Armado y fue condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil).

En la sentencia, el tribunal que ella presidía, consideró probado que los acusados actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos, pero no vio en su acción ningún vínculo con ETA, por lo que descartó el delito de terrorismo como había defendido la Fiscalía. El Supremo rebajó notablemente las penas a las que fueron condenados los 8 acusados, que pasaron de entre los 2 y 13 años de prisión a entre 1 año y medio y 9 años y medio.

Presidió también el juicio por delitos de blanqueo contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, al que dejó en libertad nada más empezar el juicio tras haber pasado 22 meses en prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela, que instruyó la causa contra Trapero y quien en la anterior convocatoria a una plaza en el Supremo le arrebató el puesto al que Espejel también aspiraba.

2. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE.- Expresidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Será su primer gran juicio desde que llegó hace unos meses a la Audiencia Nacional. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

3. RAMÓN SÁEZ VALCÁRCEL. Fue vocal del CGPJ a propuesta de IU entre 1996 y 2001. Tras su cese recaló en la Audiencia Nacional, por lo que es el más antiguo de los tres en este tribunal. Está considerado como uno de los miembros más progresistas de Jueces para la Democracia. También ha presentado su candidatura para una de las tres plazas vacantes en la Sala Segunda del Supremo.

Fue uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldó la competencia del exjuez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, decisión revocada por el pleno de la Sala de lo Penal, por lo que Garzón fue juzgado y absuelto por esa causa.

Ha sido el ponente del auto en el que la Audiencia ha rechazado la pretensión de las defensas de Puig y Soler de que este juicio se celebre en tribunales catalanes

LOS FISCALES

MIGUEL ÁNGEL CARBALLO.- Teniente fiscal y portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sucedió en la Tenencia de la Fiscalía al que ahora la dirige, Jesús Alonso, y se hizo cargo de la portavocía tras abandonar ese puesto Dolores Delgado a raíz de los atentados del 17-A por discrepancias entre ellos.

Además de esta causa, lleva otros casos derivados del proceso independentista como el de los 7 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo o el procedimiento abierto a la plataforma Tsunami Democràtic,

PEDRO RUBIRA.- Fiscal de la Audiencia Nacional.

Es el más veterano de la plantilla de fiscales de la Audiencia Nacional, por lo que ha participado en numerosos procedimientos contra integrantes de la organización terrorista ETA

En 1996 formó parte, junto a los entonces fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y María Dolores de Prado, del grupo conocido como los "fiscales rebeldes e indomables", cuando a raíz de una inspección en la Audiencia, la Fiscalía General advirtió "insubordinación" de los fiscales hacia su jefe, José Aranda, que fue destituido por su "falta de autoridad".

Se opuso a la concesión de la libertad condicional al preso etarra Bolinaga, que fue excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, un cáncer por el que falleció en enero de 2015.

Su participación en la vista del artículo de pronunciamiento planteado por Puig y Soler resultó polémica.

Al defender la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos cuestionó la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del "procés".

"¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la rebelión y la sedición a Cataluña?", se preguntó.

A raíz de estas manifestaciones, la Fiscalía emitió una nota para aclarar que "en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña", y que a lo que se refería Rubira es al ambiente de crispación por el procés y a la necesaria serenidad que ello requiere, tal y como ya recogía la querella del Ministerio Público que dio lugar a este causa.

LAS DEFENSAS

En el estrado de las defensas, el juicio reunirá a algunas conocidas "togas de oro" de Barcelona -aunque ninguna de las que se sentaron en el Supremo por el juicio del "procés"- y a un eminente catedrático de derecho penal que sustituirá al letrado Jaume Alonso-Cuevillas, ahora diputado del Congreso tras dar el salto a la política de la mano de JxCat.

Licenciada en 1985 por la Universidad de Barcelona y bregada en el despacho Jufresa que fue cuna de prestigiosos abogados catalanes, Olga Tubau -del bufete Tubau & Lajara & Echavarri- se encargará de la defensa de Trapero, al que ya arropó en la impactante declaración ante el Supremo en la que el mayor reveló sus planes de detener al Govern, así como de la intendenta Teresa Laplana.

Recomendada a Trapero por los servicios jurídicos del Departamento de Interior, la abogada llegó avalada por la credencial de haber logrado, contra pronóstico, la absolución de los antidisturbios acusados de reventar el ojo a Ester Quintana con una pelota de goma: asumió el caso en su recta final, pero le dio la vuelta sembrando la duda sobre el artefacto que provocó las lesiones.

Otro de los despachos más renombrados de Barcelona, Martell Abogados, llevará la defensa de Pere Soler. Crecido también bajo la sombra del bufete de Jufresa, en pocos años Cristóbal Martell se hizo un nombre como letrado de referencia en los delitos de cuello blanco y de políticos vinculados a entornos socialistas.

Quizá por ello sorprendió que la mismísima familia Pujol lo eligiera como abogado al ser imputada por la fortuna oculta en Andorra, cometido que asumió tras haberse convertido en toga imprescindible en todo tipo de causas de corrupción y fraude fiscal, desde la trama Gürtel, los casos Palau, Noos, 3% y Hacienda hasta los problemas de Leo Messi o Ana Torroja con el fisco.

Pese a haber dirigido la defensa de Cèsar Puig durante toda la fase de instrucción, el economista y exdecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona Jaume Alonso-Cuevillas -quien forma parte del equipo de abogados de Carles Puigdemont- ha dado el relevo al letrado Fermín Morales, al frente de la gestión jurídica del juicio.

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y numerario de la Real Academia Europea de Doctores, Morales compagina la dirección del bufete de penalistas que lleva su nombre, especializado en delitos económicos, con una intensa actividad docente y una prolífica producción de textos jurídicos.