El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales de los ex altos cargos de la Generalitat

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Sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid (Photo: EFE)
Sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid (Photo: EFE)

El Tribunal de Cuentas ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado tras plantear sus dudas sobre la legalidad de los avales del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el procés en el exterior con dinero público. Entre ellos, los gastos del conocido como Diplocat.

En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales. Desde este organismo administrativo han cuestionado “esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración Autonómica perjudicada”. La Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha pedido a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento dicho informe, por parte de la Abogacía del Estado.

El Govern ya ha reaccionado a esta decisión del organismo fiscalizador. La portavoz del Ejecutivo de Cataluña, Patrícia Plaja, ha defendido la legalidad de los avales, calificándolos de “jurídicamente impecables”. Además, ha hecho un llamamiento al Tribunal de Cuentas para “no hacer política” en este asunto. Con todo, Plaja ha indicado que no cuentan con un “plan B” en caso de que los avales sean rechazados, pero sí continúan buscando otras opciones con entidades bancarias privadas.

Plazo vencido y antecedentes

El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas ha expirado durante la medianoche del lunes y el Tribunal de Cuentas debe decidir si los acepta, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente al gobierno de la Generalitat catalana. El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales de 29 de los 34 encausados por vía telemática.

La Abogacía ya se había retirado en un primer momento de la causa contable, amparándose en la tesis de que los fondos que se emplearon para los planes independentistas procedían de la Administración autonómica y no estatal. Además, el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, había destacado la necesidad de acabar con las “piedras en el camino” que suponía esta causa, tras el paso dado con los indultos concedidos a los condenados por la sentencia del procés.

Los giros de Govern

Cabe destacar también que la medida causó fracturas en el ICF, puesto que tres de los nueve vocales presentaron sus respectivas dimisiones. Por su parte, el Govern había dado un giro a su cautela inicial por la que prefirió buscar un aval a las fianzas mediante entidades bancarias privadas. Finalmente, ninguna se abrió a cubrir las cantidades reclamadas.

De hecho, el conseller de Economía catalán, Jaume Giró, había anunciado que no recurrirían al ICF para no comprometer a ningún trabajador público. “He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos”, había alegado Giró para defender el cambio.

Las cantidades que reclama el Tribunal de Cuentas:

-Artur Mas, expresident de la Generalitat de Cataluña: 2,797.993

-Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat : 1.981.454,47

-Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat: 1.969.154,51

-Francesc Homs, exconsejero de Presidencia: 2,952.689,85

-Andreu Mas-Collel, ex consejero de Economía: 2,791.645,42

-Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores: 2,108.818,32

-Rorger Albinyana, exsecretario general: 38.666,56

-Amadeu Altafaj, exrepresentante ante la UE: 66.609,94

-Luis Beltrán, exsecretario general: 5.122,96

-Albert Carreras, exsecretario general: 4.291,92

-David Mascort, exsecretario general: 1.058,79

-Joaquim Nin, exsecretario general: 163.889,75

-Jordi Vilajoana, exsecretario general: 147.168,45

-Aleix Villatoro, exsecretario general: 146.948,57

-Mireia Vidal Ortí, exinterventora general: 3,164.694,10

-Rosa Vidal Planella, exinterventora: 1,8 millones

-Albert Royo, exsecretario general de DIPLOCAT: 3,6 millones

-Pere Puig, delegado del Gobierno en Bruselas: 1,117,69

-Adam Casals, delegado del Govern en Austria: 136.829,79

-Erik Hauk, delegado del Govern en los Balcanes: 4.794,72

-Ramón Font, delegado del Govern en Portugal: 12.300

-Francesca Guardiola, delegado del Govern en Dinamarca: 3.039,42

-Lucca Bellizzi, delegado del Govern en Italia: 95.747,54

-Andrew Scott, delegado del Govern en los Estados Unidos: 241.382,47

-Ewa Adela Cylwik, delegada del Govern en Polonia: 244.456,38

-Manuel Manonelles, delegado del Govern en Suiza: 141.177,33

-Marti Anglada, delegado del Govern en Francia y Suiza: 34.691,61

-Marysé Olivé, delegada en Francia (ya fallecida): 22.725,27

-Sergi Marcén, delegado en el Reino Unido e Irlanda: 177.952,73

-Josep Suárez, delegado del Govern en el Reino Unido: 115.103, 60

-Marie Katinka, delegada del Govern en Alemania: 49.130,73

-Mar Ortega, delegada del Govern en Alemania: 15.833,64

-María Badía, exsecretaria de Exteriores: 3.863.59

-Jordi Solé, eurodiputado: 6.363,59

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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