Torrent se escuda ante la jueza en la ambigüedad del Tribunal Constitucional

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Barcelona, 15 sep (EFE).- El conseller de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa han defendido ante la jueza que permitieron debatir sobre la autodeterminación para preservar la libertad de expresión y se han escudado en que el Constitucional fue ambiguo en sus advertencias.

Torrent, junto a los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), han comparecido este miércoles ante la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que les investiga a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia al Constitucional por tramitar dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019.

Los investigados, que han acudido al TSJC arropados por la plana mayor del independentismo coincidiendo con la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, han defendido que cumplieron con su obligación de no cercenar el debate político ni censurar a los diputados cuando permitieron que, pese a las objeciones del Tribunal Constitucional (TC), el Parlament votara las controvertidas resoluciones, impulsadas por JxCAT, ERC y la CUP.

Quien no ha acudido a la citación judicial es el cuarto investigado, el exvicepresidente primero de la Mesa Josep Costa, que poco antes de la hora fijada para su comparecencia ha anunciado por Twitter que no reconocía la "autoridad" del TSJC para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara.

"No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes", ha señalado.

La investigación abierta por el TSJC se deriva de una querella de la Fiscalía que acusa a Torrent y a los miembros soberanistas de su Mesa de desoír la advertencia del Constitucional de su obligación de paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera desarrollar la resolución de ruptura que la cámara aprobó el 9 de noviembre de 2015, con Carme Forcadell de presidenta y que dio inicio al "procés".

No obstante, han explicado fuentes jurídicas, los investigados han alegado ante la magistrada que el propio secretario general del Parlament y los servicios jurídicos de la cámara consideraban "vagas e inconcretas" las resoluciones de advertencia emitidas por el Constitucional, de forma que decidieron dar luz verde a la tramitación de las proposiciones.

Por ese motivo, han añadido, en ningún momento los letrados de la cámara llegaron a recomendar la paralización de la tramitación de las proposiciones, que se votaron y aprobaron en el pleno del Parlament, con una enmienda posterior que rechazaba "expresamente" la suspensión acordada por el Constitucional.

Campdepedrós, abogado y actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, ha ido más allá al señalar ante la jueza que las proposiciones investigadas eran meramente declarativas, sin ningún efecto legal, por lo que nada tienen que ver con la proposición de ruptura del 9N.

Los investigados, que se han acogido a su derecho a declarar solo a sus defensas, han aseverado también que estaban obligados a mantener la neutralidad política de la Mesa y a preservar el derecho de los diputados a la libertad de expresión así como su inviolabilidad como parlamentarios, sin imponer ningún tipo de censura al debate de la cámara.

En su declaración, Torrent ha advertido que una eventual condena a él y a sus compañeros soberanistas sentaría un "nefasto" precedente para el futuro por los efectos que pueda tener para limitar el debate político no solo en el Parlament de Catalunya, sino en todas las cámaras legislativas.

Torrent ha llegado al TSJC horas antes de que se iniciara la reunión mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat para intentar desencallar el conflicto catalán, a la que él mismo ha asistido esta tarde.

La reunión propició ayer la crisis más grave dentro del Govern desde la investidura de Pere Aragonès, lo que no ha impedido que ERC, JxCat, la CUP y las entidades independentistas exhibieran unidad en las comitivas que han acompañado a los querellados ante el TSJC, de las que formaban parte también miembros del ejecutivo catalán.

Por parte de ERC han acudido su presidente, Oriol Junqueras, la portavoz del partido, Marta Vilalta, y la portavoz adjunta en el Parlament, Meritxell Serret, mientras que la delegación de Junts la encabezaban la presidenta del Parlament, Laura Borràs, su líder en la cámara catalana, Albert Batet, y su portavoz, Mònica Sales, entre otros diputados.

(c) Agencia EFE

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