TJUE: la ley antiterrorista de datos de pasajeros respeta el derecho a la privacidad

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Bruselas, 21 jun (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este martes que la Directiva PNR europea que regula la recogida sistemática de datos de pasajeros aéreos no vulnera el derecho a la vida privada siempre que se limite a lo "estrictamente necesario".

El Tribunal de Justicia constata que la Directiva PNR comporta injerencias de una gravedad cierta en los derechos garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta, y señala que "debe apreciarse ponderando su gravedad y comprobando que la importancia del objetivo de interés general perseguido se corresponde con esta gravedad".

La máxima instancia judicial de la UE respondió así a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional de Bélgica a partir de un recurso interpuesto en 2017 por la Liga de Derechos Humanos contra esa normativa que permite recoger datos de los pasajeros de vuelos de terceros países que despeguen, hagan escala o aterricen en la UE.

Pero la corte con sede en Luxemburgo concluye que "cabe considerar que la recogida, la transferencia, el tratamiento y la conservación de los datos PNR previstos por esta Directiva se limitan a lo estrictamente necesario para luchar contra los delitos terroristas y los delitos graves, siempre que (...) sean objeto de una interpretación restrictiva".

Esto implica, razonan los magistrados, que se debe circunscribir exclusivamente a informaciones que guardan relación con el vuelo realizado y el pasajero de que se trate, así como limitarse a los delitos terroristas y únicamente a los delitos graves que presenten un vínculo objetivo, cuando menos indirecto, con el transporte aéreo de pasajeros.

Los Estados tienen la potestad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los vuelos internos, pero siempre limitándose a lo "estrictamente necesario" y puede quedar sujeta al control de un órgano jurisdiccional o administrativo independiente, agrega el TJUE.

La Directiva no puede extenderse a la totalidad de los vuelos nacionales cuando no exista amenaza terrorista, sino que deberá limitarse a ciertas conexiones o aeropuertos que presenten riesgos.

En cuanto a la conservación de los datos recogidos durante un período inicial de seis meses, el Tribunal de Justicia de la UE señala que tampoco parece que exceda el principio de "estrictamente necesario".

(c) Agencia EFE

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