The Conversation España
shutterstock Shutterstock / APHITHANAProbablemente esta sea la campaña de vacunación masiva más grande de todos los tiempos. Las alianzas internacionales se activan, los calendarios se ponen en marcha, las redes de salud pública se movilizan. Y aunque las cifras son desproporcionadamente alentadoras en los países de la OCDE, aún quedan por zanjar los grandes problemas de inequidades globales. Las grietas de un sistema global integrado, aparentemente armonioso, ponen en evidencia que esta es también una de las pruebas más duras a la moralidad contemporánea. Por una parte, las personas inmigrantes “indocumentadas”, muchas vulneradas y expuestas desde antes a problemas de salud, están en un puesto muy sensible de la cadena. Las barreras institucionales pueden dificultar su acceso a las vacunas, sobe todo si la inoculación está condicionada a la presentación del pasaporte u otro documento de identidad. Esto acentúa su exposición y la de sus familias, y entorpece la estrategia de contención del coronavirus. Requerir la presentación de un documento de identificación puede actuar como un disuasivo para participar en un sistema que está vigilado por el estado, lo que repite así el círculo de la exclusión. Por otra parte, esta inequidad a nivel micro refleja otras a nivel macro. A día de hoy, 130 países no han recibido una sola dosis de vacuna: las naciones de economía avanzada han acaparado el abastecimiento casi completamente y, al mismo tiempo, han intensificado el lobby para seguir siendo prioritarias. Acceso universal Académicos del mundo de la bioética –junto a Médicos sin Fronteras, Oxfam y Médicos por los Derechos Humanos– han enviado una carta dirigida al Presidente Joseph Biden para que Estados Unidos responda por lo que le cabe en el respeto por los derechos humanos en cuanto a accesibilidad global a las vacunas. Se pide también que evite el monopolio de la manufactura de vacunas y, asimismo, tenga una participación más activa en la promoción del acceso universal y en garantizar la distribución y despacho equitativos de vacunas hacia el extranjero. Cabe recordar que las vacunas no se han desarrollado en base al presupuesto de países por separado, sino gracias a un esfuerzo global. Además de la industria farmacéutica, han contribuido universidades, centros de investigación, personas del mundo científico, la Organización Mundial de la Salud e incluso los civiles que sirvieron como voluntarios durante los experimentos. No hay justificación moral para que el derecho a la vacuna no sea universal. Si bien podríamos imaginar que estas barreras son sólo un caso hipotético, consta que el gobierno de Chile recientemente ha deportado en masa a personas de origen venezolano, afectadas por una crisis humanitaria, en lo que ha denominado “proceso de expulsión”. Este proceso se acompañó de toda una puesta en escena mediática que evoca antiguas prácticas deshumanizantes propias de zonas de exterminio. Además, junto a unos planes por endurecer la actual política migratoria, la administración del Presidente Sebastián Piñera ha establecido que los extranjeros “indocumentados” en ese país deben autodenunciarse ante las autoridades si quieren tener acceso a la vacuna. Derecho internacional humanitario Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja y UNICEF han emitido un llamado al cese al fuego para que en las, no pocas, zonas en conflicto armado llegue también un plan de inmunización organizado por COVAX (una iniciativa llevada a cabo por la OMS y CEPI) y, así, dar cumplimiento al derecho internacional humanitario, tanto en las zonas controladas por los estados, como aquéllas sin control geopolítico específico. El gobierno de China se ha sumado últimamente a la petición de anteponer la salud de las personas a los intereses políticos, y “que la solidaridad reemplace la división”. Aún en el sentido más utilitarista, debiese considerarse que la desprotección de estos habitantes puede incidir en movimientos migratorios que alteren la salud pública en el lugar de llegada. Áreas que incluyen Sudán, República Democrática del Congo, Yemen y Afganistán tienen ahora mismo múltiples líneas de control, o están en riesgo de tenerlas, vulnerando a unos 60 millones de personas. Quizás no debería sorprendernos que un cierto orgullo nacionalista por el control de la epidemia, orquestado por las estadísticas que se televisan a diario, parece ir de la mano de una competición por el dominio de la sociedad global capitalista. No hace falta ir muy lejos para ver actuar estas dinámicas en el día a día a nivel micro y macro, aún si en este caso se trata apenas de una vacuna de emergencia. ¿Recuerda cuando en abril del año pasado dijimos que, después de la pandemia de covid-19, nada volvería a ser como antes? Bueno, eso aún está por verse.Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original. Ricardo Ayala recibe fondos del Consejo Federal de Investigación Científica 'Research Foundation Flanders' (FWO), Bélgica.
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