El Supremo teme un aluvión de revisiones de condena si se modifica el delito de malversación

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo.

La posible reforma del delito de malversación que está sobre la mesa, podría suponer un aluvión de revisiones de condena. Así lo temen en el Tribunal Supremo, tal y como ha adelantado Cadena SER,que lo comparan con una apertura de puertas a una avalancha de solicitudes.

Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada, que podrían ir desde una rebaja de las penas por este mismo ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quedara redactada la reforma penal.

Cabe recordar que, actualmente el Código Penal (CP) castiga la malversación en su artículo 432 con penas de entre 2 y 12 años de cárcel a los que teniendo facultades para administrar patrimonio público “las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.

Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por sedición pero también por malversación: Junqueras, que recibió 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación.

En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero siguen vigentes las de inhabilitación, que habrá que revisar igualmente si las Cortes Generales aprueban la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de eliminar la sedición para crear un nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados”.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría al ex presidente catalán Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos huidos pero reclamados por el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, por dicho delito y el de sedición.

A ellos se suman los ex altos cargos de las consejerías de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la organización del 1-O.

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