El Supremo rechaza recursos de ONG contra las ayudas migratorias a Marruecos

Agencia EFE
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Madrid, 8 ene. (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado admitir el recurso que presentaron dos ONG y un particular para que se anulara la concesión de 30 millones de euros a Marruecos en 2019 para sufragar parte de los gastos que conlleva el control de los flujos migratorios a España.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la inadmisibilidad del recurso que suscribían Acces Info Europe y Andalucía Acoge por "falta de legimitación", al considerar que no han demostrado de qué modo la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros tendría en ellas un efecto inmediato, positivo o negativo, como exige la doctrina constitucional.

Ambas entidades, junto a un particular, recurrieron en concreto el acuerdo aprobado el 19 de julio de 2019 por el que se autorizó aplicar el Fondo de Contingencia por importe de 30 millones de euros para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes para luchar contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos.

Alegaban las ONG que el citado fondo está reservado para dar respuesta a "necesidades urgentes, imprevisibles e inaplazables, propias de situaciones excepcionales".

El Supremo recuerda en su sentencia que, para tener legitimidad para presentar este tipo de recursos, hay que demostrar que la actuación administrativa que se impugna repercute, "directa o indirectamente, de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente en hipótesis, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación".

Para la Sala, no se ha acreditado en qué medida la anulación del Fondo de Contingencia puede implicar un beneficio o ventaja para dichas entidades, que denunciaron que la decisión del Gobierno no se ajustaba al principio de legalidad presupuestaria.

El Supremo también rechaza la legitimidad del ciudadano particular que recurrió en su condición de "contribuyente" al estimar que se habían vulnerado las previsiones de la Ley General Presupuestaria . Aceptarla, explica, "sería propiciar una acción pública no prevista en el ordenamiento jurídico".

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