En Siria los estafadores se aprovechan de la desesperación de las familias de los presos

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Um Said estaba tan desesperada por encontrar a sus dos hijos encarcelados en las prisiones del régimen sirio que incluso vendió los muebles para pagar a intermediarios que le juraban que podrían encontrar sus rastros. Tras una década de estafas sigue como estaba, sin noticias.

"Me mintieron", reconoce esta mujer sexagenaria que vive en el centro de Siria. "Si te ahogas te agarrarías a una ramita para salvarte", dice, como para disculpar su ingenuidad.

En una Siria en guerra donde decenas de miles de personas están desaparecidas y las detenciones arbitrarias y las muertes por tortura son frecuentes, los intermediarios se lucran con las búsquedas de familiares.

Abogados, comerciantes, diputados, soldados o policías, todos tienen algo en común: aseguran que tienen contactos privilegiados con fuentes de seguridad, piden sumas astronómicas para encontrar un hijo o un hermano encarcelado, para obtener una liberación, un simple derecho de visita, o para aliviar una condena.

Algunos lo consiguen. Otros se embolsan el dinero a cambio de nada. A veces son los propios intermediarios los que establecen el contacto: reciben una llamada telefónica de un extraño que promete una foto, una grabación sonora y da detalles sobre la persona buscada.

- "Mercado negro" -

La AFP habló con ocho familias que cayeron en las redes de estos intermediarios. Se expresan bajo seudónimos por miedo a represalias.

"Siempre que alguien me hablaba de un intermediario, iba a verlo. Hoy estoy arruinada", lamenta Um Said, cuyos dos hijos fueron detenidos en 2012, durante una redada de las fuerzas del régimen en su barrio.

Uno de los interlocutores, un abogado, cobró más de 3.000 dólares (2.500 euros) y no le dio ninguna información. Otro, al que pagó un teléfono móvil, le dio supuestos permisos para derecho de visita en la prisión de Saydnaya. Una estafa.

"Vendí los muebles de la casa y el oro de mis hijas. No me queda nada. Decidí ponerme en manos de Dios", lamenta.

Según Diana Semaan, una investigadora de Amnistía Internacional, es un fenómeno de "mercado negro". "Las familias que buscan desesperadamente información terminan pagando cantidades enormes, a veces incluso los ahorros de toda una vida, a intermediarios cercanos al gobierno sirio", declara.

Pese a las decepciones, la familia de Suad todavía confía en encontrar a su hermano, detenido en 2013.

En abril, un individuo llamó, dijo que podía lograr su liberación a cambio del equivalente a 160 dólares (134 euros). La familia, que vive en el norte de Siria, pagó, para que luego le dijeran que acababa de morir, cuenta Suad, de 45 años.

- "1% de esperanza" -

Desde 2011, medio millón de personas han sido encarceladas y 60.000 detenidos han muerto bajo tortura o debido a las malas condiciones de detención, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

La prisión de Saydnaya, cerca de Damasco, es la peor. Amnistía Internacional la tacha de "matadero".

La última vez que Um Yehia vio a su hijo fue en una visita seis meses después de su arresto, en 2012, en Idlib (noroeste).

"Pesaba apenas 50 kilos, contra los 110 kilos de antes", recuerda la madre.

Desde entonces ninguna novedad. "Quiero saber si está vivo o muerto", insiste la madre que se ha gastado una fortuna, a veces a escondidas de su marido, para pagar a muchos intermediarios. La familia vendió dos terrenos y la casa en Idlib. En vano.

Hace dos años les hablaron de un abogado prodigio que "libera a los prisioneros" a cambio de 10.000 dólares (8.400 euros). El padre de Yehia se negó, a pesar de las súplicas de su esposa.

"Si otras 100 personas me contactaran, aunque solo hubiera un 1% de esperanza, lo intentaría", asegura.

En un informe publicado en enero, la Asociación de Presos y Desaparecidos de Saydnaya (ADMSP) acusó al régimen de utilizar a los prisioneros y desaparecidos como "un medio de enriquecerse" y "para aumentar la influencia de los servicios de seguridad, de gente poderosa del gobierno, algunos jueces o abogados".

La asociación ha realizado al menos 675 entrevistas con expresos y familiares de desaparecidos que han pagado sobornos para obtener información, un derecho de visita o por una liberación. Solo en estos casos, el monto total supera los 2,7 millones de dólares (2,2 millones de euros).

Según una estimación calculada por ADMSP, el régimen y sus redes especializadas podrían haber cobrado casi 900 millones de dólares (750 millones de euros) en una década.

- Evitar la muerte -

Tres familias contactadas por la AFP reconocieron haber pagado sobornos, para acelerar un juicio y obtener una liberación, o incluso un simple traslado de cárcel.

Durante dos años, la familia de Nizar persiguió un único objetivo: trasladarlo de Saydnaya a otra prisión después de que fuera detenido en 2018 en el sur.

Había que evitarle la muerte, dice su hermano Tamer: iba a ser juzgado por un tribunal militar que no permite que los abogados pleiteen y cuyos veredictos, a menudo la pena de muerte, no pueden recurrirse.

Uno de los intermediarios contactados fue un diputado que pedía 40.000 dólares (33.500 euros) para aligerar la sentencia y cambiar el lugar de detención.

La familia acabó optando por un abogado que prometió lo mismo, pero aceptó que le pagaran después de conseguirlo.

"Lo único que queríamos era que lo trasladaran lo más rápido posible, para evitar que muriera bajo tortura o por enfermedad", asegura Tamer.

Tuvieron suerte: después de la condena, Nizar se benefició de una reducción de pena gracias a una amnistía presidencial. Antes de ser, finalmente, liberado.

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