La SIP lamenta "grave sentencia" en Perú que afecta a la libertad de prensa

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Miami, 10 ene (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este lunes que en Perú se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público.

La entidad continental se pronunció así luego de conocer la condena a dos años de prisión contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por presunta "difamación agravada" en el libro "Plata como cancha", un perfil del empresario y político César Acuña.

La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle "con urgencia" para descriminalizar los delitos contra el honor.

Las asociaciones de prensa y gremios periodísticos de Perú expresaron hoy también su rotundo rechazo a la condena por difamación dictada contra Acosta y Pimentel

El caso tiene su origen en una demanda presentada por Acuña, excandidato presidencial y empresario, por supuesta difamación agravada, tras la publicación en febrero de 2021 del citado libro, escrito por Acosta y publicado por la editorial Penguin Random House, que dirige Pimentel.

Este lunes el juez Jesús Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión en suspenso y a pagar el equivalente a unos 100.000 dólares en reparación civil.

Según el juez Vega, "las frases agraviantes en el libro" traspasaron los límites del derecho a la libertad de expresión y atentaron contra el honor del político, líder del partido Alianza para el Progreso.

"(Esta sentencia) confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público", dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP subrayó que, "cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa".

Jornet recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una "referencia importante sobre la materia, al desalentar el uso de las sanciones penales".

Se refirió al artículo 10 de dicha Declaración, que establece que "...La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público".

Canahuati y Jornet indicaron que el "Congreso peruano debe legislar con urgencia para evitar que los políticos puedan usar el sistema judicial para desmontar procesos que terminan siendo utilizados para criminalizar al periodismo" sobre acciones de personas públicas y temas de interés público.

Acosta, jefe de la Unidad de Investigación del canal Latina Noticias, adujo que las afirmaciones contenidas en el libro, una investigación sobre la vida y trayectoria empresarial de Acuña, provienen de fuentes públicas y de archivo periodístico.

Tanto Acosta como Pimentel dijeron que apelarán la sentencia.

(c) Agencia EFE

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