El fiscal no entiende la sentencia: absuelto un 'okupa' porque no sabía que lo que hacía era ilegal

M. J. Arias
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Dice el artículo 6 del Código Civil que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento” y, aunque hay supuestos en los que esta máxima legal no aplica, la decisión en sentido contrario a la misma emitida por un juez de Valencia en un caso de ocupación de una vivienda ha dejado perpleja la Fiscalía. No entiende esta el argumento y le preocupa las consecuencias, según informa Las provincias, que el fallo judicial pueda tener.

La Fiscalía ha mostrado su preocupación por la sentencia. (Foto: Getty Images)
La Fiscalía ha mostrado su preocupación por la sentencia. (Foto: Getty Images)

El caso ha sido llevado por la Audiencia de Valencia, donde el magistrado ha resuelto absolver a G. D. S. de un delito leve de usurpación al estudiar las pruebas, escuchar a los implicados y determinar que el acusado de ser un ‘okupa’ no era consciente de estar cometiendo con su acto una acción ilegal cuando, a principios de 2020, accedió a una vivienda llegando a cambiar la cerradura e instalándose en ella.

Esta sentencia, poco frecuente como señalan desde el mencionado diario local, ha despertado “preocupación” en la Fiscalía Provincial de Valencia. Su portavoz, Jaime Gil, la ha calificado de “despropósito”, contraria a la instrucción de la Fiscalía General del Estado y señala que puede generar “alarma social”.

Además, desde la Fiscalía han señalado la contradicción entre esta sentencia y el hecho de que recientemente los fiscales recibiesen una circular informándoles de reforzar las actuaciones en casos como el juzgado pudiendo pedir el desalojo cautelar y llamar a Servicios Sociales cuando procediese.

Sin embargo, en el caso de G. D. S no ha sido así. La Sala ha paralizado el desalojo e instado a la propietaria de la vivienda, la empresa Cimentados 3 SA, a que inicie el procedimiento civil para recuperarla. Mientras, el hombre podrá seguir viviendo allí con su familia.

El argumento del juez a favor de esta decisión es que el denunciado no conocía la identidad del titular de la propiedad y que la empresa no le hizo saber que estaba en contra de que estuviese allí viviendo. Añade que cuando la policía acudió al inmueble para proceder a la identificación, este explicó que vivía allí desde hace meses con dos menores, pero que los agentes no dijeron a la familia que debían irse ni le facilitaron el dato de quién era el propietario.

La sentencia llega en un momento en el que el clima político en torno a la ocupación de viviendas no ha rebajado su intensidad. El supuesto fenómeno creciente –no demostrado con cifras– de la ocupación de viviendas ha despertado alarma social en los últimos tiempos. Sin embargo, en septiembre, en pleno auge de la discusión en torno a este tema, desde El País publicaron un reportaje en el que se recogía la cantidad de bulos existentes sobre este tema, la ausencia de datos que demuestren que efectivamente han aumentado los casos y la aclaración de los jueces de que se puede echar a alguien que ha ocupado una vivienda habitada de inmediato.

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