Se extienden los avisos a internautas que han descargado series y películas de manera ilegal

Todo comenzó hace cinco meses con unas cartas de aviso en las que se reclamaba el pago de 100 euros por episodio descargado a un número indeterminado de clientes de Euskaltel. Ahora la ‘anécdota’ (por lo aislado del caso) ha dejado de serlo cuando esas mismas misivas han comenzado a llegar a clientes de Movistar repartidos por la geografía española más allá del País Vasco. Según publica El Confidencial, hay afectados en Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Valladolid, Badajoz y Sevilla.

Por ahora solo se tiene constancia de que les están llegando a clientes de Movistar y Euskaltel. (Foto: Getty Images)

Estas cartas, según explica el citado diario, reclaman a quien van dirigidas una compensación de 100 euros por capítulo descargado de manera ilegal (a través de Torrent concretamente) y 150 euros en el caso de las películas más 300 euros extra por lo que denominan gastos de gestión; proceden de una firma de abogados con sede en Alicante en representación de la productora alemana Crystalis Entertainment, que tiene entre sus títulos la serie Ash vs. Evil Dead.

Sin embargo, David Maeztu, abogado especialista en la materia, ha declarado a El Confidencial que el procedimiento cuenta con varias irregularidades que hacen que este pueda no llegar a ningún sitio. Más allá, eso sí, del susto que pueden darse quienes reciban la carta.

Lo que explica Maeztu, quien también ha publicado un hilo de Twitter sobre el asunto, es su sorpresa porque un juez haya decidido dar curso a una petición como esta con una prueba tan poco consistente como es una IP. Lo único que ha recibido el juez es una documento de Excel con las direcciones IP desde las que se descargaron, a través de Torrent, los contenidos de manera ilegal. Este tipo de archivos, los ‘torrents’, son la forma más habitual de los ‘piratas’ para compartir contenidos audiovisuales ilegales. A través de un programa que se descarga en el dispositivo se puede acceder a los archivos de otros usuarios y poner en común los suyos propios. Además de este Excel, no se ha aportado ningún otro dato o registro como puedan ser las horas y fechas, por ejemplo.

“Aceptan como prueba definitiva un documento de Excel que ha hecho un señor alemán sin explicar siquiera cómo lo ha realizado, aceptan que se persiga la descarga puntual y encima dan por buena una prueba de un delito que no es tal como son las direcciones IP”, señala Maextu.

El hecho de que se cuestione una IP como prueba de delito tiene su base en que, como recuerda el diario, el Tribunal Supremo dictaminó en 2012 que ser el dueño de una dirección IP no implica que se sea el autor del delito. “La inferencia que vincula ser usuario de un ordenador y línea telefónica no lleva necesariamente a la conclusión de que ese usuario sea el autor de toda utilización telemática de esa infraestructura informática”, sentenció.

Una afirmación que parte del hecho de que una IP está asociada a un dispositivo concreto (es algo así como su DNI y está compuesto por números y puntos) y no a una persona. Saber desde que ordenador o tableta se produjo la descarga no implica sabe quién la hizo. Pudo haber sido el propietario del dispositivo o alguien con quien lo comparta, por ejemplo.

De momento estas cartas, que se sepa, solo han llegado a clientes de Euskaltel y Movistar y si las han recibido antes los primeros es porque el juzgado de lo mercantil en el País Vasco tiene menos atasco y funciona más rápido. Pero el que la petición haya sido cursada en estos casos hace pensar que podría haber más en un futuro.

El consejo que da Maeztu desde su cuenta de Twitter es “no pagar y que demanden [desde la productora], las diligencias se conceden pero no son ajustadas a derecho”. Eso y que se unan los afectados para hacer más fuerza.

Este abogado cree que “la clave de todo el asunto” estaría en conseguir que paguen sin ir a juicio. “Buscan conseguir que muchos de los usuarios decidan ir por esa vía y el bufete se evite los costes de las demandas y el posterior proceso judicial. Mantener tantas demandas por toda España es prácticamente imposible económicamente hablando”, sentencia a El Confidencial.