Save the Children denuncia "el calvario judicial" al que se enfrentan los menores víctimas de abusos sexuales en España

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(Photo: EFE)
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales en España se enfrentan a un “calvario” judicial cuando denuncian pues tienen que declarar una media de cuatro veces, en lugares “hostiles”, ante profesionales sin una formación específica en derechos de la infancia y en procesos judiciales que se alargan dos años, según revela un informe de Save The Children.

El documento, titulado ‘Los abusos sexuales hacia la infancia en España’, y presentado este jueves, de cara al Día Mundial de la Infancia, que se celebra este sábado 20 de noviembre, analiza casi 400 sentencias judiciales de casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020 para conocer los perfiles de las víctimas y de los agresores.

“El proceso judicial es enormemente doloroso, un nuevo calvario”, ha denunciado el director general de Save The Children, Andrés Conde, este jueves, en rueda de prensa para presentar el informe.

En concreto, ha indicado que la duración media del proceso judicial es de 2 años, lo que supone una reducción de un año con respecto al último informe de la ONG, publicado en septiembre de 2017, cuando la media de la duración de estos procesos era de 3 años. No obstante, la organización precisa que todavía hay procesos que se extienden más de 5 años.

Revictimización y contradicciones

Además, Conde ha precisado que otra conclusión “terrible” del informe es que, de media, los niños tienen que declarar una media de cuatro veces ante distintos profesionales. Así, en el 77% de los casos no se practica la prueba preconstituida, que consiste en registrar el primer testimonio del menor como prueba válida.

Esto tiene dos consecuencias: por un lado, el niño revive la experiencia de los abusos”, lo que se denomina “revictimización” y, por otro, se corre el riesgo de caer en “contradicciones” en el relato, que después “dificultan la credibilidad del testimonio”. “Por eso, muchos casos se declaran sobreseídos”, ha advertido Conde.

En cuanto a los motivos por los que no se utiliza siempre la prueba preconstituida, la directora de Incidencia Social y Política en Save the Children, Catalina Perazzo, ha explicado que los jueces tienen posibilidad de optar por esta medida pero “hay carencia de recursos”.

Igualmente, la ONG señala en el informe que la mayoría de profesionales del ámbito jurídico todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas.

Comienzan a sufrir abusos a los 11 años

El informe también revela que un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es “muy temprana”, a los 11 años y medio. Además, en el 78,9% de los casos, las víctimas son niñas y chicas adolescentes.

En cuanto al agresor, Save the Children indica que el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes donde se producen los abusos destaca el entorno familiar en casi la mitad de los casos analizados (49,5%) y en el 21%, el agresor es el padre o la pareja de la madre.

Asimismo, de los datos se desprende que los agresores son difíciles de identificar pues “solo” en el 12,5% de las sentencias analizadas por la ONG, estas personas tenían antecedentes. En el 88% de los casos son “ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad de los que nadie sospecha nada”, según ha advertido Conde.

Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al 2020, la mitad de las denuncias recibidas por abusos y agresiones sexuales tiene como víctima a un menor. En total, se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. “Estos datos son solo la punta del iceberg”, ha avisado Conde.

Entre las medidas que propone Save The Children, considera urgente el establecimiento de estructuras judiciales y fiscales especializados en violencia contra la infancia que se encarguen de las causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, pide crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan víctimas menores de edad, diferenciada a la actual Fiscalía de menores.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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