Sara: "Hay que vivir un desahucio para saber lo que se siente"

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Sara Garre tiene 41 años y dos hijos, una muchacha de 15 años con discapacidad intelectual y un niño de 5, y el próximo día 3 afronta la cuarta orden judicial de desahucio del piso donde vive desde hace 6 años porque no le han querido renovar el contrato. "Se pasa muy mal. No se lo deseo a nadie. Hay que vivir un desahucio para saber lo que se siente". EFE/Toni Albir

Barcelona, 30 nov (EFE).- Sara Garre tiene 41 años y dos hijos, una muchacha de 15 años con discapacidad intelectual y un niño de 5, y el próximo día 3 afronta la cuarta orden judicial de desahucio del piso donde vive desde hace seis años porque no le han querido renovar el contrato. "Se pasa muy mal. No se lo deseo a nadie. Hay que vivir un desahucio para saber lo que se siente".

En una entrevista con Efe, Garre no tiene palabras para describir el sufrimiento que padece desde que le llegó la primera orden de desahucio hace tres años, pero sí agradecimientos para quienes le han ayudado a frenar tres intentos de desalojarla por parte del propietario del inmueble en el que vive, en el número 25 de la calle Tortellà, en el barrio de Poblenou de Barcelona.

Compungida, Sara sabe que el lanzamiento judicial del próximo martes será el definitivo porque pactó que el último se aplazara a cambio de que el próximo fuera ejecutado.

En el fondo, esta madre monomarental es consciente que ha tenido suerte porque sus asistentas sociales le han encontrado un piso al que podrá trasladarse provisionalmente.

"En el último intento de desahucio, el pasado 2 de julio, las asistentes sociales pactaron con la propiedad de la finca pararlo con el compromiso de que dejarían proceder en el próximo desahucio. Un señor del barrio, que se ha ido de la ciudad durante unos meses, ha dejado a las asistentas sociales el piso y no los dejan a mi y a mi familia hasta que el Ayuntamiento nos facilite un piso social".

Sara Garre cobra poco más de 600 euros al mes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y pagaba 350 euros al mes de alquiler del piso tras un pacto verbal con la anterior dueña, que le dijo que podría vivir allí "para siempre" con la condición de que ella se encargara de adecentar el piso, consiguiera la cédula de habitabilidad y lo arreglase.

Sin embargo, la propietaria vendió la finca a una inmobiliaria y ésta no ha querido respetar el pacto verbal, no le ha renovado el contrato de alquiler y ha instado judicialmente su desahucio.

"No puedo irme del barrio. No es que no quiera. Es por mi hija (dependiente), no puedo irme", insiste.

"Tuve que pedir yo misma la cédula de habitabilidad. En este piso no había ducha, la electricidad estaba aún a 125 voltios y algunas paredes estaban aún por acabar. También me encargué de las obras. No había nada", subraya entristecida.

Para hacer las reformas, era necesario pasar legalmente la Inspección Técnica de Edificios, una revisión de los edificios de más de 45 años cuyo coste tiene que asumir el propietario, y por eso la dueña vendió la finca a una inmobiliaria, que en octubre de 2016 le envió un burofax para comunicarle que no le renovaban el contrato y que "tenía que dejar el piso".

Han pasado tres años "de sufrimiento" y Sara ha sido capaz de evitar tres lanzamientos de desahucio.

"Se pasa muy mal. Muy muy mal, muchísimo. Y más con la problemática que tengo con los niños". Se le rompe la voz. "No sabes cómo te lo harás si te vas". Intenta aguantarse las ganas de llorar, pero algunas lágrimas mojan sus mejillas.

"No se lo deseo a nadie. Tienes que vivirlo para saber lo que es. Yo me he adelgazado muchísimo. He tenido que pedir ayuda a los médicos. Es una porquería, por no decir otra grosería".

Sara está agradecida del apoyo que ha recibido por parte de su asistenta y educadora sociales y de la comunidad vecinal, la organización Ens Plantem Poblenou y la Asamblea de Defensa de Derechos Humanos de Barcelona, pero no está contenta con los servicios de la Oficina Municipal de la Vivienda.

"Todo es presentar informes. Hasta que no te llega la carta de desahucio del juzgado, que a mi me llegó al cabo de seis meses, no te hacen caso", se queja.

"Por ley, todo el mundo tiene derecho a una vivienda. ¿Dónde ha quedado esto? Hay pisos vacíos, pisos en fondos buitres, pisos que son propiedad de los bancos con nuestro dinero. No lo entiendo, tantos pisos cerrados con tantas familias en la calle. Esto no se puede permitir", argumenta impotente.

El pasado mes de septiembre, la Oficina de la Vivienda del distrito de Sant Martí le dijo que en seis meses le facilitarían el alquiler de un piso.

El próximo martes tendrá que dejar atrás el piso donde ha vivido seis años y que ella mismo reformó. Sara admite que se sentirá "rara" en el piso provisional adonde ha comenzado a mudarse. No encontrar dónde está la entrada para la antena de la televisión tampoco ayuda.

Júlia Martínez Tosas