El Salvador incorpora a 1.042 militares más a plan de seguridad contra maras

Agencia EFE
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San Salvador, 15 feb (EFE).- Un grupo de 1.042 militares salvadoreños fueron incorporados este lunes a un plan de seguridad contra las pandillas, con lo que ya suman 9.000 elementos de la Fuerza Armada que están desplegados en todo El Salvador.

El presidente Nayib Bukele anunció la incorporación de los elementos castrenses en las tareas de seguridad, contempladas en el Plan Control Territorial, para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en una ceremonia que se realizó en la Plaza Memorial a la Soberanía Nacional del Museo Militar, en San Salvador.

"(Más elementos) se incorporan desde este mismo día al Plan Control Territorial (...) vivimos en un país inseguro, pero nadie puede negar que es muchísimo más seguro que antes. Antes era normal tener días de 30 o 40 homicidios", señaló Bukele en el acto.

El mandatario apuntó que "falta muchísimo para tener un país seguro", pero "con el Plan Control Territorial hemos alcanzado cifras históricas de reducción de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos".

Bukele, quien se retiró del lugar sin dar declaraciones a la prensa, agregó que "en un trabajo articulado, los elementos de la Fuerza Armada patrullan, junto con los agentes de la Policía Nacional Civil, en diferentes comunidades del país para prevenir hechos delictivos y brindar mayor tranquilidad a los salvadoreños".

El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 y las dos primeras fases, según lo aseguró en su momento el mandatario salvadoreño, fueron financiadas con recursos propios del Gobierno, por lo que para la tercera fase el Ejecutivo solicitó un préstamo de 109 millones de dólares.

El dinero fue otorgado en octubre de 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero debió ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en la Asamblea Legislativa.

La falta de esta aprobación llevó a Bukele a presionar a los parlamentarios, al punto que el pasado 9 de febrero del año pasado el mandatario irrumpió en la sede del órgano Legislativo con militares y policías, y con amenazas de una insurrección del pueblo.

Esta acción fue condenada por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.

Cuando fue lanzado el Plan Control Territorial diversas organizaciones alertaron sobre las posibles violaciones a los derechos humanos que se podrían generar al sacar a militares a las calles para las labores de seguridad.

De acuerdo con la experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar, Bukele ha colocado como principal protagonista de su estrategia de seguridad al Ejército, institución que no se presenta únicamente como su mayor arma contra las pandillas, sino también como un escudo ante sus adversarios.

En la práctica, el mandatario está replicando exactamente lo mismo que sus adversarios" en términos de "adoptar una política de mano dura que es utilizada para un marketing político con un aumento del Ejército en las calles, que al final no se justifica a la luz de ninguna emergencia nacional", señaló a Efe.

Pero la exaltación del militar, en un país en el que el Ejército tiene un largo historial de violaciones a derechos humanos, y la "masificación" del reclutamiento de jóvenes no solo obedece a razones de estrategia de seguridad ciudadana, sino que "puede responder a la necesidad de fortalecer una alianza política con el Ejército.

Lo anterior de cara a escenarios donde el Gobierno pueda perfilarse frágil frente a la disidencia o señalamientos de distintos grupos", apuntó.

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, a quienes se les atribuye la mayoría de asesinatos que se registran en la nación.

Estos grupos criminales poseen unos 60.000 miembros en todo el país, y también son acusados de cometer la mayoría de crímenes contra policías y militares.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

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