El Salvador: Congreso prorrogó por cuarta vez el régimen de excepción; se registraron protestas

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Este martes 19 de julio, el Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó una ampliación de este régimen excepcional, que rige en la nación centroamericana desde finales del mes de marzo. La medida ha generado preocupación en materia de derechos humanos en el país por la suspensión de garantías constitucionales y la falta de transparencia en las detenciones, lo que generó protestas y la alerta de las organizaciones de derechos humanos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a la ampliación del régimen de excepción que rige desde el 27 de marzo bajo justificación de combatir la violencia generada por las pandillas. Así, el Gobierno, encabezado por el presidente Nayib Bukele, tendrá 30 días más de esta medida que suspende los controles constitucionales y otorga amplias discrecionalidades al Poder Ejecutivo.

Los legisladores, de mayoría oficialista, como ya había ocurrido en tres ocasiones anteriores, aprobaron la cuarta prórroga sin mayores discusiones y con 67 votos a favor, de un total de 87, la petición del Gobierno.

El país centroamericano cumplió cuatro meses en este régimen y registra más de 46 mil detenciones, según reportaron los organismos oficiales.

Se mantiene "la guerra contra las pandillas"

El presidente Bukele ha promovido el mensaje a través de sus redes sociales y apariciones públicas que la "guerra contra las pandillas" se está "ganando" a partir de las cifras de reducción en homicidios en el país.

La Constitución salvadoreña establece que estas excepciones solo se pueden prorrogar por un plazo de 30 días si las causas que lo motivaron permanecen vigentes. Esta fue la carta que el Gobierno volvió a usar.

Este martes, 19 de julio, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de la Policía salvadoreña, Mauricio Arriaza; y el ministro de Defensa, René Merino, presentaron esta solicitud al Legislativo, aprobada pocas horas después.

En marzo pasado, el detonante de este régimen de excepción fue la violencia de las pandillas, que dejó un saldo de 87 asesinados en menos de tres días, entre el 25 y el 27 de ese mes. La mayoría de estos asesinatos, según afirmó la versión de la Policía, no tenía relación con ninguna pandilla.

Asimismo, una investigación del medio independiente salvadoreño 'El Faro', publicada en mayo pasado, reveló audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social y delegado como negociador con las pandillas en representación del Gobierno, culpar al ministro de Seguridad y Defensa ante el repunte de homicidios. Este medio, previamente, había revelado la existencia de negociaciones entre el Gobierno y las pandillas.

Acá están los audios revelados por 'El Faro':

Preocupaciones por las detenciones arbitrarias y la política carcelaria:

Varias organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil enviaron una carta al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para poner en alerta las detenciones arbitrarias, que según el último anuncio del Gobierno, del pasado 15 de julio ya completa las 46.100.

Las organizaciones, de acuerdo con la carta publicada, han recibido 2.262 denuncias de posibles detenciones arbitrarias por la Policía y militares, incluyendo la detención de al menos seis lideresas comunitarias. La mayoría de estas, más de un 70%, realizadas por la Policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se había referido, en junio pasado, a las preocupaciones en torno a la política carcelaria, la falta de garantías procesales y de condiciones mínimas en los centro de reclusión salvadoreños.

la CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares.

Comunicado de prensa, CIDH, Washington. 3 de junio de 2022

Amnistía Internacional también expresó su preocupación por las detenciones: "Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de 'agrupaciones ilícitas', cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión". Esta organización enfatizó en "la preocupación" de que los tres poderes del Estado funcionen coordinadamente para "procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas".

Este martes más de un centenar de madres y familiares de retenidos marcharon desde el interior del país hasta la capital para demandar al Gobierno el fin del régimen de excepción así como que las autoridades les brinden información sobre sus parientes.

¿Se llegará a 70 mil encarcelados?

Cuando el régimen de excepción empezó en marzo pasado, el presidente Bukele afirmó en sus redes: "Tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles", sin aportar mayores pruebas.

Desde ese día, la cifra de detenciones aumenta diariamente y la única vía de información, sobre las detenciones, ha sido a través de las redes sociales de la Policía salvadoreña. En estas pululan imágenes de detenidos de todo el país con presuntos delitos de los que son señalados, sin la posibilidad de ejercer una defensa por parte de los presuntos pandilleros.

Con 30 días más de ampliación al estado de excepción, se podría llegar a las 70 mil detenciones antes de que el mes de julio concluya.

Con información de EFE, Reuters y medios locales

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