Sánchez se abre a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio

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El plan de respuesta a la guerra en Ucrania podría ir más allá del 30 de junio. Así lo ha dejado caer Pedro Sánchez, que se ha mostrado abierto a prorrogar el paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado 29 de marzo y que inicialmente estaría en vigor tres meses.

Desde Bruselas, donde ha comparecido tras la celebración de un Consejo Europeo que ha dado luz verde al sexto paquete de sanciones contra Rusia, Sánchez ha afirmado que la posible extensión temporal ya está sobre la mesa del Ejecutivo.

“Esa evaluación se está haciendo ya por parte del Ministerio de Hacienda, del equipo económico del Gobierno, y, en consecuencia, evidentemente habrá una respuesta antes del fin de su vigencia”, ha explicado en respuesta a los periodistas.

En esta línea, ha insistido en que “vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, a nuestra industria, a las empresas y a las familias” a consecuencia de la “agresión” de Rusia contra Ucrania.

Desde que el paquete salió del Consejo de Ministros varias voces internas habían planteado la posibilidad de que su plazo fuera más amplio que los tres meses acordados en un principio. El propio Sánchez ha señalado que su vigencia de tres meses se debe a la necesidad de ir viendo la evolución de la guerra.

La escasa duración del real decreto fue un tema polémico en el pleno del pasado 28 de abril, cuando el Congreso convalidó el texto en una negociación al límite y con el apoyo postrero de Bildu, frente al ‘no’ de PP, Vox y ERC, como principales grupos.

Qué incluye el plan

El contenido de la norma, ampliamente demandada por la oposición en los primeros compases de la guerra, se hizo oficial el 29 de marzo. Su articulado iba más allá de cuestiones directamente relacionadas con la invasión de Ucrania, hasta un montante total de 16.000 millones (6.000 en ayudas directas y 10.000 en créditos ICO).

La principal medida, la más conocida, era la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los usuarios, tratando de limitar la sucesión de récords de precio en las últimas semanas. De esa cantidad, 15 corresponderán al Estado y 5 a las petroleras.

Además, el plan limitaba a un 2% el porcentaje máximo de subida de los alquileres durante el periodo de vigencia del real decreto, una reclamación de Unidas Podemos. Igualmente, se reactivaba la figura de los ERTE para las empresas afectadas por la guerra, prohibiendo los despidos asociados a esta cuestión, un asunto que enfrentó a Yolanda Díaz con la patronal a cuenta de la imposibilidad de despedir.

En el decreto ley también se contemplaba un aumento del 15% del ingreso mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad, así como una extensión del bono social eléctrico a otras 600.000 familias, dejando en casi dos millones los hogares que se han acogido a estas tarifas especiales.

La evolución de la guerra, incesante tras casi 100 días de campaña militar, hace que Moncloa ya estudie un nuevo plazo de vigencia de las medidas de alivio en España, que no escapa de los efectos, como “ninguna economía”, ha añadido el presidente, aceptando que aún tocará hacer “sacrificios”.

Pero, ha remarcado al momento, “la cuestión es que si no hiciéramos nada, este coste sería aún mayor”.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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