El reto de Rosell: proteger a las mujeres de todas las violencias machistas

La magistrada Victoria Rosell. Elvira Urquijo A./Archivo

Madrid, 10 ene (EFE).- La jueza feminista Victoria Rosell, nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, tiene el apremiante cometido de desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista a todos los tipos de violencia que las mujeres padecen, más allá del ámbito de la pareja.

Dar cumplimiento a ese Pacto de Estado es el objetivo prioritario y más acuciante de su Delegación, ya que el bloqueo político ha dificultado el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la consecución de la mayoría de sus metas: tres de cada cuatro de sus medidas no se han adoptado, dos años después de su aprobación.

Rosell tendrá que reactivar este instrumento aprobado en 2017 con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del entonces Unidos Podemos, que se abstuvo al considerar que era poco ambicioso.

El Pacto pretende proteger a mujeres y niñas de todas las formas de violencia, no sólo la ejercida por las parejas o exparejas, que desde 2003 se ha cobrado la vida de 1.034 mujeres en España y de 35 niños desde 2013.

En el acuerdo del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos dejaban claro que "garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista" es una de sus prioridades.

Rosell, activista feminista que tendrá que lidiar con los sectores negacionistas de la violencia machista, será la responsable de reactivar las más de 200 medidas pendientes del Pacto de Estado.

Algunas requieren la implicación del Congreso de los Diputados y el Senado, como la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otras dependen directamente de determinados ministerios y algunas también de comunidades autónomas y ayuntamientos.

La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia de género y para imponer prohibiciones en caso del quebrantamiento de la condena por parte de los agresores o posibilitar a los jóvenes el cambio de apellidos para quitarse el del maltratador son algunas de las medidas que requieren la implicación del Parlamento y en las que no se ha avanzado ni un paso.

Pero son muchas las que se ha iniciado el camino pero no han llegado aún a término, como prohibir a los menores las visitas a la cárcel a su padre cuando ha sido condenado por violencia de género y suspender el régimen de visitas cuando un niño hubiera presenciado o sufrido manifestaciones de violencia.

Además, el Pacto prevé suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño, tipificar mejor los delitos en el ámbito digital y ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia sobre la mujer, como establece el Convenio de Estambul.

El Pacto obliga a impulsar una ley contra la trata con fines de explotación sexual, un ámbito en el que PSOE y Unidas Podemos coinciden, si bien el asunto de la prohibición de la prostitución cuenta con el respaldo de los socialistas, pero no con una postura clara dentro de la formación morada.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género nació en 2005, en el marco de la ley integral aprobada en 2004, con el cometido de aunar y coordinar a todos los agentes implicados.