Las residencias piden a los partidos enmendar los presupuestos de dependencia

Agencia EFE
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Madrid, 17 nov (EFE).- El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) ha reclamado a los partidos que presenten enmiendas al presupuesto para financiar la dependencia para que se incremente 600 millones de euros y alcance los 1.200 millones de euros en las cuentas del estado para 2021.

La patronal de las residencias, que se ha reunido con todos los grupos excepto con PSOE y Unidas Podemos, explica que PP, Ciudadanos y ERC están presentando a petición de la entidad enmiendas parciales a los presupuestos dentro del apartado "Autonomía personal y atención a la dependencia" y UPN y Coalición Canaria les han anunciado que la apoyarían cuando entre en debate parlamentario.

Este martes acaba en el Congreso de los Diputados el plazo establecido para que los grupos presenten enmiendas parciales al texto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas estima que, al menos, se necesita un incremento de 600 millones de euros para dotar a las personas mayores y/o dependientes "de los servicios que merecen".

Explican que "en un primer momento el Gobierno Central habló con el sector de llegar a los 1.200 millones de presupuesto de 2021" y en el PGE se recogen sólo 573 millones: 290 millones para el incremento del nivel mínimo de financiación y 283 millones para el nivel mínimo acordado con las comunidades.

"Con la iniciativa que hemos tomado para que el Gobierno reconsidere su postura, nuestro principal objetivo es dignificar el sector, comenzando por los profesionales y eso sólo puede hacerse con una financiación finalista", explica su presidenta Cinta Pascual, quien recuerda que en otra partida se incorporan otros 218 millones para las cuotas sociales del cuidado en el entorno familiar.

La entidad destaca que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (2006) ya viene lastrada por un déficit de financiación de 450 millones euros y establece que debe ser financiada al 50 % por la administración central y las regiones, aunque el Gobierno está aportando el 18 por ciento por usuario.

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