Reclaman que la libertad de los reos "políticos" prime en el año electoral de Nicaragua

Agencia EFE
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Managua, 14 ene (EFE).- Familiares de más de un centenar de opositores presos reclamaron este jueves al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que exija al Gobierno nicaragüense la libertad de los reos, como condición adicional a las reformas de la Ley Electoral exigidas al presidente Daniel Ortega, de cara a los comicios de noviembre próximo.

“Buscamos que todas las instituciones exijan la libertad de más de 118 presos políticos, que aún se encuentran en las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo”, dijo a periodistas Ruth Martínez Ortiz, hermana del opositor encarcelado Norlan Cárdenas Ortiz.

Los “presos políticos” son personas que el Gobierno ha arrestado con el argumento de que se trata de delincuentes, aunque ellos y sus familiares sostienen que fueron encarcelados por rechazar al Gobierno de Ortega.

La mayoría de los opositores convictos fueron capturados tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, lo que propició una crisis sociopolítica de la que Nicaragua todavía no se recupera.

Los demandantes, en su mayoría esposas, hermanas o hijas de los opositores convictos, recurrieron al Cosep por considerarlo un actor clave en el escenario político de Nicaragua, ya que además de tratarse de la principal patronal del país, fue el principal colaborador de Ortega en el llamado “Modelo de Asociación Público Privada”, que colapsó en 2018, en medio de la crisis.

“Los familiares de los presos políticos pedimos, tanto a los sectores empresariales, como políticos del país, que la prioridad en la coyuntura nacional debe ser la libertad, sabemos que en un año electoral se va a hablar mucho de la reformas electorales, pero para ir a elecciones, la prioridad debe ser la libertad de los presos políticos”, dijo una de las solicitantes.

Aunque los familiares de los opositores presos fueron recibidos en la sede del Cosep, no se conoció si los empresarios dieron una respuesta.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, más de 3.000 personas han sido detenidas en Nicaragua desde abril de 2018, y tras varias excarcelaciones masivas en 2019, todavía quedan 120 de ellos en prisión, diez de los cuales llevaban varios años encerrados antes de estallido social.

Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán cruciales para Nicaragua, porque Ortega se jugará la posibilidad de extender o perder el poder que ha mantenido desde su retorno a la presidencia en 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990, años en que el país vivió una crisis similar a la actual.

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