Rechazan el reingreso en la Policía a un inspector que colaboró con los atracadores

Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. EFE/ Chema Moya/Archivo

Madrid, 8 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado el reingreso en la Policía Nacional de un inspector que cumplió condena de cárcel e inhabilitación por colaborar con una banda de atracadores que traficaba con droga y suplantaba a la Guardia Civil porque entiende que mancharía la imagen de las Fuerzas de Seguridad.

El alto tribunal confirma así la decisión del Gobierno, que en noviembre de 2017 rechazó la petición de Antonio Miguel G.J., condenado por unos "hechos graves incompatibles" con la condición de policía, de la que se aprovechó, según la sentencia, "para planificar la comisión de delitos".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso del exagente, que fue condenado por unos hechos que se remontan a 2002, cuando, como inspector de la Policía, asesoró a un grupo especializado en el robo en viviendas y establecimientos y en el narcotráfico.

Sus integrantes llegaron a emplear en sus acciones uniformes, elementos acústicos y distintivos de la Guardia Civil con el objetivo de simular que eran miembros auténticos del instituto armado, de acuerdo con la resolución.

En mayo de 2002, el recurrente aconsejó a los miembros de la banda, después de que perdieran una bolsa con documentación a la hora de escapar de un atraco.

Según la sentencia, por recomendación del agente, los ladrones denunciaron un falso robo de un coche mientras su dueño -también aconsejado por el entonces policía-, intentaba conseguir documentación que acreditara que hubiese estado en esas fechas fuera del país.

En otra ocasión, contaron con su apoyo para "tender una trampa" a una persona a la que habían entregado una pistola y 3.000 pastillas de éxtasis dentro de una bolsa para que el agente la detuviera.

"Estas pastillas son para pasarlas esta tarde", aseguró el policía haber escuchado momentos antes de boca del detenido, tal y como plasmó en un atestado para hacer creíble "la ilícita detención".

Por esos hechos, fue condenado en abril de 2004 a siete años y nueve meses de prisión y once de inhabilitación absoluta por el delito de falsedad en documento público en concurso con otro de detención ilegal.

Una conducta, destaca el Supremo, que "no sólo supone una quiebra del crédito y de los valores de servicio público, sino que además supone enturbiar y oscurecer la imagen" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuerpo Nacional de Policía.

Aun así, el alto tribunal reconoce el buen comportamiento de Antonio Miguel G.J. una vez cumplida la pena, aunque se opone a considerar su caso una excepción debido a la gravedad de la condena.

El expolicía reclamaba en el recurso reincorporarse al puesto de trabajo porque le permitiría rehacer su vida mientras intentaba demostrar a la sociedad que la condena había servido para algo.