¿Qué está realmente en juego en la batalla por los jueces que libran PP y PSOE?

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La inauguración del nuevo Año Judicial que se vivió el pasado miércoles ha supuesto el punto de inflexión a una situación de bloqueo que dura ya cerca de cuatro años. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lanzaba un ultimátum a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo para que se reúnan y lleguen a un acuerdo para renovar el Poder Judicial cuyo mandato expiró en noviembre de 2018, amenazando con dimitir.

No obstante, detrás del órdago de Lesmes y del enroque de un Partido Popular que se niega por activa y por pasiva a sentarse a negociar si no se aceptan sus condiciones, hay un telón de fondo que va más allá del mero plano judicial y el respeto a las reglas y tiempos de los mandatos. Tiene importantes connotaciones y consecuencias políticas. De hecho, la batalla por los jueces que se libra en los últimos años para que los populares den su brazo a torcer y cumplan con la ley, no se queda solo en el Consejo. Afecta directamente a los Altos Tribunales españoles, el Constitucional y el Supremo.

Estas son las claves para resolver todas las dudas sobre qué está en juego realmente detrás de un conflicto político que amenaza la normalidad democrática y correcta actividad del tercer poder del Estado.

¿Qué ha pasado hoy en el pleno del Constitucional?

La gran noticia con la que arrancaba esta semana no era ni la inminente inauguración del nuevo curso judicial ni el bloqueo en la renovación del CGPJ. Distintos medios como El País publicaron que se había gestado una suerte de conjura en el Consejo para torpedear el nombramiento de los dos nuevos magistrados que le corresponden al Constitucional y que el propio Lesmes trabajaba a contrarreloj para evitar.

Se trataba de la amenaza del bloque conservador, conformado por ocho magistrados y contrarios a la reforma exprés que aprobó el Gobierno para permitir al Ejecutivo y al Poder Judicial nombrar a los magistrados del Constitucional aunque el mandato haya caducado. Su postura era la de que había que establecer un procedimiento de elección y no decidir sobre un tándem cerrado permitiendo la votación individual. En resumidas cuentas, una posición que ponía al Poder Judicial al borde del incumplimiento legal, al dificultar que la renovación se hiciese en el plazo previsto.

Este jueves los peores presagios se han confirmado y, como se había previsto, el pleno extraordinario del CGPJ ha finalizado sin un solo nombre en la mesa tras cerca de cuatro horas. Lo ha hecho después de que se consumase la amenaza del bloque conservador que también se ha anotado otro tanto al lograr fijar las “reglas del juego” de esta elección. Habían alertado de que no hablaría de candidatos hasta que se establecieran las normas para la propuesta y votación, pero también que había que respetar “los tiempos” del Consejo. En este sentido, no hay muchas expectativas de que los nombramientos puedan producirse antes del 13 de septiembre, cuando expira el plazo legal fijado.

¿Por qué es tan importante para los grandes partidos la renovación (o no) del TC?

Para comprender qué hay en juego realmente en el Constitucional antes hay que analizar detenidamente su composición y situación actual. En primer lugar, aunque se ha fijado el plazo del 13 de septiembre, en realidad el mandato de los cuatro magistrados del tribunal de garantías expiró el 12 de junio. Dos de estas plazas van a ser designadas por el Gobierno aunque el Poder Judicial no llegue a un acuerdo la próxima semana.

Y es que la clave de todo este embrollo está en los números. El TC está conformado por un total de 12 jueces que renuevan por tercios cada nueve años. Cuatro de ellos son nombrados por el Rey a propuesta del Congreso por una mayoría de tres quintos y otros cuatro parten del Senado con la misma proporción para alcanzar la mayoría -los motivos por los que queda en manos de PP y PSOE-. Los otros cuatro restantes son los que están en juego actualmente y que corresponden a CGPJ y al Gobierno.

A pesar de que a finales de julio el conservador Antonio Montoya dejó el tribunal por motivos de salud, actualmente en el Constitucional hay una mayoría de jueces de línea conservadora. Esta tendencia pende de un hilo por los propios mandatos que han expirado. Se trata de el del presidente, Pedro González-Trevijano (nombrado durante el Gobierno de Mariano Rajoy); el del vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol; así como los de los conservadores Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.

Si el Ejecutivo renueva su parte con candidatos progresistas y se cumple la regla no escrita de que el Poder Judicial elija uno de una línea y o otro de otras, la mayoría sería progresista en una proporción de 7 contra 5.

Con la reforma exprés del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 (la que regula el Poder Judicial) se ha desbloqueado la posibilidad de romper esa mayoría conservadora en el TC. A pesar de que con ella el Gobierno enmendase otra ley aprobada anteriormente que le retiraba la competencia de realizar nombramientos al Poder Judicial en funciones, la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo.

Y lo determinante es que, con una mayoría progresista, el Gobierno tendría más votos asegurados para que corriesen riesgo varias leyes sobre las que el Constitucional debe pronunciarse en los próximos meses.

¿Qué leyes están en jaque según la composición actual del Constitucional?

Actualmente hay una serie de leyes sobre las que el Constitucional tiene pendiente resolver recursos. En otras palabras, que podrían decaer si finalmente el Alto Tribunal así lo decide. Alguno de estos recursos se remonta a una década atrás, como es el caso del interpuesto por el PP a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, conocida popularmente como la ley del aborto.

Las alarmas sobre lo que puede ocurrir con esta norma saltaron por los aires a finales del pasado año cuando se conoció que uno de los dos magistrados propuestos por los populares -y finalmente aceptado en uno de los pocos acuerdos de renovación suscritos por el PP de Pablo Casado- Enrique Arnaldo, sería el encargado de redactar el proyecto de sentencia. La postura de rechazo de Arnaldo a esta ley es de sobra conocida a través de sus artículos de opinión en el pasado.

También está en juego la ley de eutanasia, después de que el TC admitiese a trámite en septiembre del pasado año, los recursos de Partido Popular y Vox. En este caso serán jueces progresistas, Cándido Conde-Pumpido y Ramón Saez, los encargados de la redacción del proyecto de sentencia. Aunque eso no significa que una mayoría conservadora termine por tumbar la legislación que garantiza el derecho a una muerte digna.

Mas no solo eso. La clave está en el futuro. Es imposible obviar que distintas formaciones políticas como el Partido Popular, pero sobre todo Vox, han estado llevando a cabo una estrategia de presentación de recursos a múltiples leyes o medidas impulsadas por el Ejecutivo. Prueba de ella fue la declaración de los estados de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que los de Santiago Abascal recurrieron y el Alto Tribunal acabó declarando inconstitucional por un defecto de forma.

Para hacerse una idea de la magnitud y de hasta dónde están dispuestos a llegar, cabe destacar que el Constitucional ha tumbado siete de cada diez recursos presentados por Vox hasta finales de agosto, según publicó El País. La formación ultra ha perdido miles de euros por condenas en costas y tiene 226.117 inmovilizados en fianzas judiciales. Según esa misma información, disponen de una partida de 226.117 euros destinada a fianzas judiciales, una cuantía nada desdeñable si se tiene en cuenta que dedican 340.192 euros al alquiler de sus sedes en todo el país.

¿Cuál es la situación actual en el Supremo y por qué no se atisba su renovación? 

Durante el discurso de Lesmes en la apertura del Año Judicial se produjeron distintas críticas a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, por no alcanzar un acuerdo. No obstante, fue más que destacable un reproche que el presidente del Consejo dirigió directamente al Gobierno. A diferencia de lo ocurrido con el Tribunal Constitucional, la reforma exprés del Gobierno no ha afectado de la misma forma al Supremo y este hecho no ha sido bien recibido en el órgano de poder de los jueces.

“Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta ley son devastadores”, valoraba Lesmes en su discurso del miércoles, señalando que “el Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20″. El 25% de sus efectivos. El presidente de este mismo tribunal también apuntaba que “de las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar”.

El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democraciaCarlos Lesmes, presidente de CGPJ y del Tribunal Supremo

Aunque desde el propio tribunal se venía advirtiendo de la amenaza de colapso, fue Lesmes el que elevó el tono durante el acto inaugural subrayando que “el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”.

El grueso principal de este peligro de colapso se concentra en la Sala Tercera, la destinada a las causas de lo contencioso-administrativo. No obstante, y sin un paragüas legal como el empleado para el Constitucional, la renovación del Supremo depende de un Poder Judicial en funciones que no puede efectuar nombramientos para este tribunal.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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