Rajoy promete inversiones en Cataluña para enfrentarse al separatismo

Daniel BOSQUE

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llega a una conferencia sobre infraestructuras el 28 de marzo de 2017 en Barcelona

En pleno desafío independentista en Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, prometió este martes una inversión de 4.200 millones de euros hasta el año 2020 en esa comunidad autónoma.

En un acto en Barcelona, Rajoy expuso "un esfuerzo que ascenderá a 4.200 millones de euros en inversiones en infraestructuras, transporte y vivienda entre este año y el 2020, es decir, más de 1.000 millones al año".

Se trata del primer anuncio de cierto calado del Gobierno central desde el inicio de la llamada "operación diálogo", encaminada a acercar posiciones con Cataluña, cuyos dirigentes preparan un referéndum de independencia ilegal para septiembre.

Tras un primer mandato marcado por la inacción en ese sentido, Rajoy prometió al ser reelegido en noviembre un acercamiento para solucionar el que calificó como el problema más grave de España.

Al mando de las relaciones con las autoridades catalanas puso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con un perfil mucho más dialogante que el anterior interlocutor, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La negativa a un referéndum es innegociable para Madrid, repitió este martes Rajoy, pero una vez se ha superado la crisis económica, se puede dar "un nuevo impulso a la inversión en infraestructuras necesarias".

Su Ejecutivo confía en que estas medidas seduzcan a parte de los catalanes convertidos recientemente al independentismo que, según numerosas encuestas, se conformarían con mayor autogobierno y mejor financiación.

- Lluvia de millones -

La reivindicación de mayores inversiones en Cataluña es anterior incluso al auge del independentismo, en 2010, por la situación económica y la anulación parcial por parte del Tribunal Constitucional del nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, que ampliaba la autonomía.

La tardía llegada del tren de alta velocidad a Barcelona en 2008 -16 años después que a Sevilla-, la escasez de autovías gratuitas o inversiones en el aeropuerto y el puerto de Barcelona, y los constantes retrasos en la red de trenes de cercanías crearon un caldo de cultivo del que se alimentó posteriormente el independentismo.

Rajoy prometió inversiones en todos estos frentes: casi 4.000 millones de euros hasta 2025 para la red de trenes de cercanías -1.882 antes de 2020-, 200 millones para los aeropuertos, 850 para las carreteras y otros 587 para puertos.

Además, se comprometió a terminar para 2020 el tramo catalán del corredor ferroviario de alta velocidad del Mediterráneo, que conectará con el resto de Europa todo el litoral oriental del país para facilitar el tráfico de mercancías.

También reafirmó su intención de aprobar un nuevo plan de financiación autonómica, ante las quejas de Cataluña y otras regiones por aportar mucho más de lo que reciben.

"Esto me importa. Quiero una Cataluña próspera en una España pujante", dijo Rajoy, antes de pedir a los numerosos empresarios presentes "ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación".

Recientemente, el Ejecutivo español ha reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno catalán apartarse del partido de izquierda radical CUP, de quien depende para tener la mayoría absoluta independentista en el Parlamento catalán.

Militantes de esta formación intentaron el lunes ocupar la sede en Barcelona del Partido Popular, como protesta por su oposición al referéndum.

- Escepticismo -

El Ejecutivo catalán, presidido por el independentista Carles Puigdemont, menospreció la oferta. "La confianza en las promesas de inversión en Cataluña que hace el Gobierno español han perdido toda credibilidad a ojos de la sociedad catalana", señaló en un artículo conjunto con el vicepresidente Oriol Junqueras publicado este martes en el diario barcelonés El Periódico de Cataluña.

Ausente de la conferencia, Puigdemont se encuentra en EEUU defendiendo sus planes de convocar en septiembre el referéndum sobre la independencia de Cataluña, comparando su causa con la de los derechos civiles de los afroamericanos.

Advertido en numerosas ocasiones por parte del Tribunal Constitucional de la ilegalidad de sus planes, el Ejecutivo regional se mantiene firme.

Sus presupuestos aprobados la semana anterior prevén "habilitar partidas" para celebrar este referendo, que puede llevar a los dirigentes catalanes ante la justicia.

Cuatro de ellos, incluido el expresidente Artur Mas (2010-2016), fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre uno y dos años por el impulso de la consulta sobre la independencia realizada el 9 de noviembre de 2014, que no tenía valor vinculante y había sido prohibida.

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