¿Qué tiene que suceder para que el rey emérito acabe en los tribunales?

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El rey Juan Carlos abandonó España el verano pasado en un intento por dejar atrás sus problemas judiciales  (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images)
El rey Juan Carlos abandonó España el verano pasado en un intento por dejar atrás sus problemas judiciales (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images)

Cada vez son menos los estamentos que miran para otro lado ante la inmensa fortuna amasada por el rey emérito. Una ingente cantidad de dinero -según la revista Forbes asciende a los 2.000 millones de euros-, que no ha salido del presupuesto anual de la Casa Real. Y que es tan exagerada que la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ya no puede hacer como que aquí no pasa nada. De ahí que haya certificado que Juan Carlos I cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

Así lo publicó ayer 'El Mundo', calificando al Emérito de "comisionista" y avanzando los detalles de la comisión rogatoria solicitada a Suiza por el Ministerio Fiscal por la que se observan indicios de la posible comisión de varias actividades fraudulentas entre las que se encuentran blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal.

De hecho, hoy en día, la Fiscalía mantiene abiertas tres diligencias de investigación. Pero aún no ha concluido si esos indicios son suficientes como para presentar una querella. Así que no hay orden de detención, ni citación judicial ni nada que vaya a interrumpir el lujoso retiro del monarca en Abu Dabi. Entonces, ¿Qué más tiene que ocurrir para que el rey emérito acabe en los tribunales?

La pregunta se puede interpretar de dos formas. Desde el punto de vista de qué más tiene que salir a la luz para que se deje de proteger a Juan Carlos I. O bien profundizando en cuáles son los pasos que aún debe dar la Fiscalía para que el monarca acabe sentándose en un banquillo.

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Para contestar a la primera pregunta basta repasar los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados. Por mucho que el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, haya señalado en las últimas horas que "estos hechos demuestran que cualquier ciudadano es igual ante la ley", no hay más que recordarle la de veces que su partido ha impedido -junto a PP, Ciudadanos y Vox- que se investigue al monarca en la Cámara Baja pese al informe a favor de los letrados del Parlamento.

Y para la segunda, hay que incidir en que las diligencias realizadas por el fiscal, Juan Ignacio Campos, solo se pueden cimentar sobre la documentación recopilada por la Fiscalía en los últimos tres años. A cambio puede pedir nuevas pruebas, estudios periciales contables, declaraciones de testigos y comisiones rogatorias. Si durante este proceso Campos solamente puede demostrar que el dinero recibido por el monarca son regalos, el proceso quedaría anulado ya que los posibles delitos fiscales ya estarían prescritos.

Si por el contrario se puede certificar que el padre del rey Felipe VI cometió un delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, sí se podría empezar a abrir un nuevo proceso con sus correspondientes requerimientos. Es decir, se alargarían las diligencias para que un juzgado eleve a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una propuesta razonada de investigación al monarca. Si hubiese una querella, el Tribunal Supremo tendría que nombrar a un juez instructor, y este se encargaría de investigar el caso o archivarlo por falta de pruebas.

Esto ocurrió una vez, pero la Audiencia Nacional archivó en 2018 la pieza separada por las confesiones de Corinna Larsen al excomisario Villarejo.

En resumen, que, en cualquier caso, el proceso podría prolongarse bastante en el tiempo. No falta gente de la opinión de que todo se dilatará al máximo para que, aprovechándose de la avanzada edad del monarca y de su delicado estado de salud, nadie acabe tomando una decisión como la de sentarle en un banquillo que sacudiría los cimientos del país.

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