Presión sobre el gobierno español para imponer un confinamiento domiciliario

Daniel SILVA
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Dos personas con mascarilla pasan frente a una pintura mural que representa a la poetisa gallega Rosalía de Castro, el 4 de noviembre de 2020 en Lugo, al noroeste de España

Presión sobre el gobierno español para imponer un confinamiento domiciliario

Dos personas con mascarilla pasan frente a una pintura mural que representa a la poetisa gallega Rosalía de Castro, el 4 de noviembre de 2020 en Lugo, al noroeste de España

El gobierno español se encuentra bajo presión para seguir el ejemplo de otros países europeos y aplicar un confinamiento domiciliario con el que atajar la segunda ola del coronavirus.

España es el segundo país de la Unión Europea con más contagiados después de Francia desde el inicio de la epidemia. Supera los 1,2 millones de casos y roza los 36.500 fallecidos, según el último balance el martes del ministerio de Sanidad, que añadía 18.669 nuevas infecciones y 238 decesos.

Además, la presión en los hospitales es cada vez más alta, con un 29% de las camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de covid-19.

Las regiones de Galicia, Murcia y Cantabria ordenaron el miércoles el cierre de bares y restaurantes, como hizo la víspera la región de Castilla y León, que pidió restricciones más severas al gobierno central para frenar la curva de contagios.

"Asuma su responsabilidad" y "decrete las medidas que requiera la situación", exigió el presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

El jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, declaró el 25 de octubre un estado de alarma que ampara a los gobiernos autónomos de las 17 regiones para adoptar restricciones, como el cierre de negocios, y un toque de queda nocturno vigente en todo el país excepto las islas Canarias.

Pero el estado de alarma, que el Congreso prorrogó la semana pasada por seis meses, no contempla la imposición de confinamientos domiciliarios sin el permiso del gobierno español, que por ahora se resiste a decretarlo.

- El gobierno prefiere esperar -

"No contemplamos un confinamiento domiciliario" ahora mismo, dijo este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministro insistió en que "si queremos actuar con rigor (...) tenemos que dar un plazo para ver la eficacia de las medidas que hemos adoptado", y añadió que antes de llegar al extremo de un confinamiento domiciliario "todavía hay margen para la toma de medidas adicionales".

"Vamos a intentar que eso no llegue", había señalado el martes a la radio Cadena Ser la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, al día siguiente de que el gobierno central rechazara la petición de confinamiento domiciliario formulada por la región norteña de Asturias.

En el país todavía escuece el recuerdo del confinamiento tomado entre mediados de marzo y finales de junio durante la primera ola, uno de los más estrictos de Europa.

Reino Unido, Francia o Irlanda han reimpuesto recientemente confinamientos en un efecto dominó con resonancias a lo ocurrido en Europa en marzo, si bien las medidas no son tan estrictas.

- "Medidas más drásticas" -

Para Fernando García, epidemiólogo del Instituto público de Salud Carlos III, el nivel de riesgo en España es "muy alto" y se debería imponer un confinamiento domiciliario "al menos durante dos semanas".

"En esta situación son necesarias medidas más drásticas que las que tenemos ahora, que son medidas muy tímidas y claramente insuficientes", dijo a la AFP.

Pero Fernando Rodríguez Artalejo, profesor de salud pública en la Universidad Autónoma de Madrid, no ve claro el "beneficio añadido" del confinamiento domiciliario una vez bares, restaurantes y bares de copas ya están cerrados o con numerosas limitaciones en la mayoría de España.

"Es prudente ver qué efecto están teniendo las medidas que se están tomando ahora y que, además, son muchas y muy restrictivas", indicó a la AFP.

Los contagios empezaron a crecer en España poco después de levantar completamente el primer confinamiento a finales de junio, un repunte atribuido por los expertos a la rápida vuelta a la vida normal y la falta de un sistema eficaz para rastrear los contactos de los infectados.

Los expertos también culpan a los numerosos desacuerdos entre el gobierno central y las regiones, competentes en sanidad, que han ralentizado la respuesta ante el covid-19.

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