La portavoz del PP asturiano, ante el juez investigada por prevaricación

Oviedo, 29 jun (EFE).- La portavoz del PP en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, ha prestado declaración este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) como investigada por un presunto delito de prevaricación junto al resto de la corporación del concejo de Aller por aprobar la cesión gratuita al Montepío de La Minería de los terrenos para construir un geriátrico.

Mallada ha asegurado que actuó “con responsabilidad y asesorada jurídicamente” cuando votó a favor de esa medida y que “volvería a hacerlo” tras responder durante dos horas a las preguntas del instructor de la causa, de su abogado y del fiscal anticorrupción aunque se ha negado a responder a la acusación popular que ejercer el Observatorio Anticorrupción de Asturias.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo había elevado al TSJA una exposición razonada en la que acordaba su inhibición en la causa en atención a la condición de aforada de Mallada, que formaba parte de la corporación allerana que en 2008 aprobó la cesión de los terrenos al Montepío para el geriátrico de Felechosa.

La construcción de este equipamiento está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el exlíder del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo.

Según el criterio de la Fiscalía, el juzgado debía dar traslado al TSJA ante la falta de competencia objetiva de la parte de la investigación relacionada con la compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío, aprobada en 2008 en el pleno por unanimidad pese a los reparos de la intervención municipal, así como el inicio de las obras sin la licencia necesaria, según la Fiscalía, con el conocimiento de la corporación.

Esta parte de la investigación afecta al propio Postigo -como inductor- y a toda la corporación de Aller como presuntos autores de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El Ayuntamiento de Aller -gobernado entonces por el PSOE con siete concejales, los mismos que el PP, mientras que IU contaba con tres ediles - aprobó la cesión pese a los informes desfavorables que habían emitido la Secretaría y la Intervención municipal.

La diputada popular ha reconocido que está “muy satisfecha” de aclarar las razones de su voto favorable en 2008 a la cesión cuando era concejala ya que, gracias a ello, Felechosa dispone de una residencia de ancianos con 160 usuarios y casi un centenar de empleos.

Además, ha asegurado que estaba “perfectamente asesorada” de que su voto favorable “era lo que tenía que hacer y así lo hizo” y que todas sus actuaciones “son meditadas”.

Su abogado defensor, Ignacio Álvarez-Buylla, ha anunciado que presentará un escrito con documentos acreditativos de la falta de responsabilidad y de ilegalidad en su actuación y aportará el dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo que lo refrenda.

El letrado, que ejerce también la defensa del resto de ediles del PP e IU, ha avanzado que aportará, entre otras, una sentencia del Tribunal Supremo en un caso similar de 2002 que, a su juicio, “es demoledora con la tesis del fiscal” y ha incidido en que jurídicamente le parece “una locura” que se impute a toda una corporación.

El abogado ha manifestado que el fiscal “se monta una película” al decir que el exdirigentedel sindicato minero SOMA-UGT y del PSOE José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente del Montepío de la Minera, José Antonio Postigo, “compraron a la corporación para favorecer la construcción del geriátrico” ya que la iniciativa era “perfectamente viable y elogiable”.

(c) Agencia EFE