La Policía considera descabezado el grupo que pretendía reactivar Resistencia Galega en A Coruña

El paraje boscoso de Ames en el que fue arrestado Adrián Mosquera era vigilado como lugar de intercambio de armas y explosivos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Cuerpo Nacional de Policía considera descabezado el grupo que pretendía reactivar las labores de la organización terrorista Resistencia Galega en A Coruña con la detención este lunes en una zona boscosa del municipio de Ames de Adrián Mosquera Pazos, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

La operación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Galicia, tuvo lugar sobre las 22.30 horas en un paraje que estaba siendo vigilado por las Fuerzas de Seguridad al sospechar que podría producirse el intercambio de armas y explosivas por parte de miembros de la organización terrorista.

Mosquera Pazos, militante de AMI de 27 años de edad y natural de Ames, portaba tres artefactos explosivos en el momento de su detención. Venía siendo investigado desde septiembre pasado, cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron en una operación conjunta a cuatro jóvenes vinculados a Resistencia Galega que portaban explosivos y preparaban un atentado "inminente".

DECLARARÁ EL JUEVES

El arrestado, que fue conducido a dependencias policiales en Santiago de Compostela, será trasladado a Madrid para que, previsiblemente, el próximo jueves comparezca ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha dirigido la operación.

Mosquera Pazos también fue detenido en 2005 en el marco de la conocida como 'Operación Castiñeira' acusado de asociación ilícita, daños y alteración del orden público, tras lo que quedó en libertad.

Además, fue sancionado el año 2009 con el pago de 1.100 euros por cometer desórdenes graves en la vía publica, según una resolución dictada por la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra recogida por Europa Press. En concreto, se le acusaba de incumplir la Ley Orgánica sobre la Protección de Seguridad Ciudadana mediante "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en la Ley Orgánica, Reguladora del Derecho de Reunión" y de "originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público".

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