Polémica en El Salvador por el intento de pasar un fondo para pensiones a seguridad

En abril de 2017 el Gobierno de El Salvador cayó en el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por la falta de acuerdos entre el oficialismo de ese momento, el FMLN, y la oposición para emitir bonos y saldar el pago. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 28 nov (EFE).- El Salvador vive un polémica por la propuesta del Gobierno de reorientar 21 millones de dólares destinados originalmente al pago de la deuda estatal de pensiones para financiar los planes de seguridad, iniciativa que le ha acarreado críticas al presidente del país, Nayib Bukele.

Uno de los puntos más álgidos de esta polémica se dio este jueves durante la sesión de la Asamblea Legislativa, en la que los diputados del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) portaron carteles con el mensaje "los fondos de pensiones no se tocan".

El Ejecutivo de Bukele, mediante un comunicado, confirmó el miércoles que solicitó a los parlamentarios que el referido monto pase al Ministerio de Seguridad para "no perder" esos fondos.

Los temas relacionados con los fondos de las pensiones generalmente causan polémica en esta nación centroamericana, dado que apenas en 2017 el Gobierno cayó en el impago de la deuda con las administradoras privadas de este dinero, lo que dio al traste con la imagen financiera de El Salvador a nivel internacional.

EL ORIGEN DEL DINERO

El Gobierno salvadoreño explicó que en 2019 se presupuestó el pago de 246 millones de dólares para el pago de intereses y capital del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y de sus Certificados de Inversión Previsional (CIP), pero finalmente solo se utilizaron 218 millones.

De los 28 millones de dólares restantes, el Ejecutivo solicitó que 21 se incorporen al presupuesto de este año del referido ministerio para "reforzar la seguridad pública" y un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas.

Según publicaciones de medios locales, más de 14 millones de estos fondos ingresarían a la Dirección General de Centros Penales para la alimentación de los reos, cuando falta poco más de un mes para el cierre del 2019.

"Nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del Gobierno", subrayó Bukele en el documento y añadió que "lo que se está solicitando es una reorientación del dinero para que pueda ser utilizado en seguridad".

De acuerdo con el mandatario, los señalamientos de que su Administración busca utilizar los fondos de las pensiones en seguridad forman parte de los "ataques" de la oposición.

SEÑALAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

Yanci Urbina, diputada del FMLN, fue una de las primeras legisladoras de oposición en criticar y dar la "alerta" sobre la iniciativa.

"No se vale poner en riesgo el pago de pensiones. El dinero de los trabajadores se respeta, no se toca", sostuvo la diputada el pasado 26 de noviembre.

Este jueves criticó las declaraciones de Bukele relacionado con la posibilidad de "perder" los referidos fondos.

"Por ley y Constitución ningún fondo destinado a una partida específica del presupuesto se pierde. Los 21 millones tienen destino definido para el fondo de pensiones como obligación de Estado", publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo a periodistas que "sería un error" tomar fondos de pensiones para la seguridad, dado que dicha cartera posee "tres fuentes de financiación".

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sostuvo que las críticas a la propuesta del Gobierno son "comentarios políticos que buscan mal informar"

"No se dejen alertar por falsedades. El Gobierno no va a utilizar el dinero de los pensionados", aseguró el titular de Hacienda.

PASADO DOLOROSO

En abril de 2017 el Gobierno de El Salvador cayó en el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por la falta de acuerdos entre el oficialismo de ese momento, el FMLN, y la oposición para emitir bonos y saldar el pago.

Para cumplir el pago, el Congreso recortó el presupuesto de varios ministerios y posteriormente modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.

El impago desencadenó una caída en la imagen financiera del país con la baja de la clasificación de riesgo soberano por las principales agencias calificadoras del mundo.