El plan para frenar a quienes gobiernan España en la sombra

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Imagen del Congreso de los Diputados con motivo de la coronación de Felipe VI.(Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)
Imagen del Congreso de los Diputados con motivo de la coronación de Felipe VI.(Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

Cuando uno repasa las características del sistema político español en la Constitución se encuentra con que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho” cuya “soberanía nacional reside en el pueblo español”, del que emanan los poderes del Estado, y que se rige por una “Monarquía parlamentaria”.

Pero lo que no aparece por ningún lado es que tanto diputados y señorías suelen reunirse de manera habitual y regular con grupos de presión conocidos como 'lobbies' que simple y llanamente se dedican a influir en los procesos de elaboración de políticas.

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Es decir, organizaciones privadas que utilizan sus imponentes recursos económicos para seducir a los políticos y atraerlos hacia los postulados que más les benefician a ellos. Y que muchas veces no son compartidos por la mayoría de los españoles que supuestamente eligen con su voto a los políticos que mejor van a defender sus intereses.

Esto no es nuevo, los lobbies en España existen desde el mismo momento en que se reinstauró la democracia. Y desde 1978 hasta ahora han tenido pase VIP para actuar. Sin apenas control. Hasta ahora. Al menos eso quieren PSOE y Unidos Podemos, a quienes parece que se unirá el PP, para impulsar un cambio del Reglamento de las Cortes para "mejorar la calidad democrática" instaurando la aplicación de sanciones a los grupos de interés que incumplan un código ético cuando se reúnan con los diputados.

Para ello se creará un Registro Público donde los 'lobbies' tendrán que inscribirse obligatoriamente teniendo que dar conocimiento de su participación en la elaboración de las leyes y aceptando el cumplimiento de este código de conducta:

  1. Integridad.

  2. Respeto a la Constitución, el Reglamento, a las normas propias del ámbito parlamentario, en particular, al Código de Conducta de las Cortes Generales, y a las demás normas del ordenamiento jurídico.

  3. Transparencia.

  4. Veracidad de la información.

  5. Igualdad entre colectivos, entendida como la protección de una situación de equilibrio en cuanto al acceso a los miembros de la Cámara de los diferentes intereses afectados por un procedimiento parlamentario.

  6. Trato adecuado y ejemplar entre parlamentarios y grupos de interés o aquellos que actúan en su nombre o representación.

Esto, hoy en día, no ocurre. Los diputados no están obligados a informar de todas sus reuniones y el secretismo impera en las negociaciones previas a la tramitación de leyes. Lo que ha permitido a los lobistas actuar a sus anchas con total impunidad. Algo que es más grave de lo que puede parecer.

En España se cifra en cerca de medio millar el número de lobbistas que mayoritariamente trabajan para multinacionales y grandes firmas de abogados. Y no se ocultan. Los grupos de presión más importantes en nuestro país son AEB (banca), ANFAC sector de la automoción), UNESA (compañías eléctricas), SEOPAN (constructoras), o Sedigas (sector del gas). A los que hay que sumar los departamentos propios de multinacionales como Amazon o Facebook. O incluso la Conferencia Episcopal, catalogada como lobby educativo por el Parlamento Europeo.

Todos ellos escudriñan los textos legales que se tramitan en las Cortes y se ponen en marcha cundo les salta la señal de alarma. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el Congreso de los Diputados, por ejemplo, debate la posibilidad de imponer límites y regulaciones a los negocios que manejan. Ahí es cuando entran en acción para intentar convencer a los partidos políticos que cuanta "más libertad" y "menos regulación" haya, mejor para todos. Les suena, ¿verdad?

Pongamos como ejemplo el tema del alquiler en España. Cada vez que algún ayuntamiento, parlamento autonómico u grupo parlamentario nacional ha tratado de meter mano a la regulación de precios o al negocio del alquiler vacacional que ha influido directamente en el encarecimiento del alquiler tradicional, grupos de presión como Idealista, Airbnb o fondos buitre han entrado en acción. Lo han hecho en Barcelona, París, Berlín, Madrid... e incluso ha presionado a la Comisión Europea para regular desde Bruselas a todo el continente.

¿Y qué hay de los políticos que participen de una reunión con lobbies? Pues más de lo mismo. Aparte de tener que informar de los participantes a las reuniones, tendrán que hacer públicas las fechas y los lugares de las citas, así como entregar cualquier documentación tratada entre ambas partes. Si se estima que incurre en una infracción grave, el diputado podrá ser multado económicamente. Y si es muy grave, podrá ser despojado de cualquier función complementaria salvo la estricta de diputado raso, ya que el escaño es intransferible.

Todo ello para intentar que el país se gobierne y dirija con transparencia, evitando en la medida de lo posible que ningún poder económico mueva los hilos desde la sombra.

EN VÍDEO | La influencia de Airbnb en la política europea

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