El plan de ahorro energético nace herido por el egoísmo de las comunidades

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Europa vive una grave crisis energética como consecuencia de la guerra de Ucrania y los países ya se preparan para unos meses de otoño e invierno muy complicados. Por eso, desde Bruselas se están impulsando medidas de ahorro de energía que permitan reducir la dependencia del gas ruso.

En este sentido, el Gobierno español ha presentado un plan que contempla el apagado de las luces de los escaparates a partir de las 22 horas o que la calefacción no supere los 19 grados ni el aire acondicionado baje de los 27 en edificios públicos, hoteles o restaurantes. Esta situación se mantendría hasta noviembre de 2023.

El plan de ahorro energético nace herido. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
El plan de ahorro energético nace herido. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Las medidas forman parte de la estrategia europea de contención, pero en España están encontrando la oposición férrea de algunas comunidades autónomas. La última en mostrar su disconformidad ha sido País Vasco, aunque ha terminado recogiendo cable.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, recordó el pasado 2 de agosto que el Ejecutivo vasco ya cuenta con un Plan de Contingencia Energética alineado con Europa que contiene "medidas que no son efectistas, sino a largo plazo".

Ante el revuelo causado y solo dos días después, el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu ha confirmado que Euskadi aplicará las medidas de ahorro energéticas del Gobierno, aunque ha criticado que no se hayan contrastado las sanciones.

Algo similar ha ocurrido con Madrid, comunidad que se ha opuesto desde sus inicios al plan de ahorro. Tras anunciar el Ejecutivo las medidas, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que no lo iba a acatar en una serie de mensajes.

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"Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?", empezó escribiendo.

Después, se mostró crítica con las reformas necesarias para aplicar el plan: "Y todas estas reformas, ¿quién las paga?", publicó.

La presidenta madrileña siguió en otro mensaje con su argumentario: "No puede aplicarse el mismo plan en un pueblo que en una ciudad, ni siquiera en dos ciudades distintas. Antes de cerrar, prohibir, apagar, ¿por qué no hablar a los ciudadanos y a otras administraciones como a adultos y pedirles colaboración en base a un criterio claro?".

También quiso dejarle un recado a Pedro Sánchez: "Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios “con la UE". La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios.

Sin embargo, este no tan rotundo ha sido matizado por el vicepresidente y portavoz de la Comunidad, Enrique Ossorio, que ha señalado que el Ejecutivo madrileño cumplirá la ley: "Tenemos la costumbre de cumplir las leyes nos gusten o no", ha manifestado, aunque el Gobierno regional estudia recurrir el plan ante el Tribunal Constitucional.

Además, otras comunidades como Galicia o Andalucía también han cuestionado el plan por la falta de diálogo y han pedido más flexibilidad.

Así pues, estas medidas del Gobierno ya nacen heridas desde el principio porque las comunidades las han utilizado para criticar al Ejecutivo.

Una situación que hace que de cara a la sociedad ya sean miradas con recelo y cuestionadas. Y es que más allá de que se terminen acatando, no es el mejor comienzo para algo que va a estar en nuestras vidas, al menos hasta dentro de 16 meses.

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