Piden una pena ejemplar (39 años de cárcel) para un maltratador de manual

Agencia EFE
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Hace trece meses que un hombre espera preventivamente entre rejas a que le comuniquen cuándo se celebrará en un juzgado de Vigo una vista que le podría condenar a pasar hasta 39 años en prisión si se acaba considerando probado el truculento relato de violencia machista que la Fiscalía ha plasmado en su escrito de acusación.

La violencia machista, es sabido, llega a ser tan surtida en sus manifestaciones que académicos, estudiosos y juristas se han visto en la necesidad de elaborar toda una tipología para abarcarla, y cuyas categorías, a juzgar por el escrito de la Fiscalía, el acusado conoce muy bien.

También las conoce, presuntamente y muy a su pesar, su pareja, objeto de todas las formas imaginables de sometimiento y humillación derivadas de la aplicación sistemática por parte del acusado de la tipología completa de violencia machista: psicológica, física, sexual, económica, vicaria...

Como todos los demás, el caso de la víctima -en el escrito de la Fiscalía se la identifica como B para salvaguardar su anonimato- merece ser contado, y tal vez sea incluso más pertinente dada la inminencia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

Según se recoge en el escrito de acusación, A -el procesado- y B comenzaron una relación en 1992, pero no fue hasta 2009 cuando ambos comenzaron a convivir en una vivienda que el primero tiene en Vigo.

Dos años después tuvieron una hija, coartada perfecta con la que A retenía a B en la relación, ya que le aseguraba que en caso de romper, la niña se quedaría con él, lo que encajaría en lo que se conoce como violencia machista vicaria.

Fue a partir de entonces cuando las “continuas humillaciones y menosprecios”, así como los insultos y amenazas, habituales desde el inicio de la relación, se redoblaron (violencia psicológica).

B, siempre según la Fiscalía, impedía que A se viese con sus padres y hermanas, que no podían tener contacto con la niña (violencia social).

También le negaba toda capacidad de decisión en aquello que tuviese que ver con su hija, decidiendo él por su cuenta todo lo relacionado con la educación y la salud de la niña.

En febrero de 2018, B, pese a sospechar que a A no le haría gracia, decidió salir a cenar con dos compañeras de trabajo.

Acabó durmiendo en el coche porque A había cortado el teléfono y no abrió la puerta, lo cual ella no podía hacer por su cuenta porque su marido no le permitía tener llave (violencia económica).

En cierta ocasión, A optó por cortar los cables de la televisión para impedir que B la viese, y decidió no reparar la cocina para que ella pasase más tiempo en casa al tener que utilizar la de leña. Para entonces, las frecuentes discusiones entre ambos ya derivaban en empujones (violencia física).

Según relata la Fiscalía, “todas estas acciones del acusado, prolongadas durante tanto tiempo, dieron lugar a que B acatara todo lo que decía el encausado debido al miedo que sentía y a su dependencia emocional de él”.

La situación empeoró notablemente el 10 de octubre de 2019, fecha en la que un vecino le dijo a A que B estaba hablando con un hombre unas calles más abajo.

A esperó a que B llegase a casa y le pidió que lo ayudase en el taller que tiene junto a la casa.

Una vez en el taller, A cerró la puerta y le preguntó quién era J y B contestó que era un amigo, y en ese momento A le pegó una bofetada.

Ella intentó tranquilizarlo, pero A, en su lugar, continuó golpeándola, primero con la mano y después con una cuerda, le tiró del pelo, la arrojó al suelo, la insultó y le arrojó un billete mientras le decía: “esto es lo que vales”.

A partir de aquí, el escrito de la Fiscalía se vuelve atroz: A le bajó el pantalón a B y le gritó para que desbloquease su teléfono móvil y buscase el contacto del tal J.

A continuación le hizo dos fotos de espaldas y con el pantalón bajado y se las envió a J desde el teléfono móvil de B.

Acto seguido, obligó a B a que le practicase una felación pese a sus negativas, momento en que tomó una nueva fotografía que también envió a J (violencia sexual).

Más tarde la ató de pies y manos y la dejó tumbada en el suelo del taller, del que se ausentó momentáneamente para regresar y seguir golpeándola antes de intentar sodomizarla sin éxito.

El encausado siguió golpeándola y rompió el teléfono de B cuando comprobó que la Policía estaba intentando contactar con ambos.

Finalmente, la Policía intervino y procedió a la detención de A. Era el 11 de octubre de 2019.

Al día siguiente, B presentó una denuncia y A entró preventivamente en prisión, de la que, de momento, no ha vuelto a salir.

Como consecuencia de todo ello, B sufrió contusiones en medio cuerpo y múltiples hematomas que requirieron atención médica. También un trastorno adaptativo que está pendiente de valoración.

Por todo lo anterior, A está acusado de un delito de detención ilegal perpetrado con finalidad de atentar contra la integridad sexual de B; otro continuado de agresión sexual con penetración; de lesiones; de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género y de revelación de secretos.

Por todo ello, la Fiscalía pide 39 años de prisión para él. De B no se sabe más, pero se intuye casi todo.

Por Ramón Martínez