Piden libertad de jóvenes salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción

San Salvador, 16 jun (EFE).- Una veintena de personas, entre amigos y familiares, pidieron este jueves en la capital de El Salvador la liberación de dos jóvenes artistas detenidos bajo el régimen de excepción, que cumple más de dos meses de vigencia.

Estas personas se concentraron en la Plaza al Divino Salvador del Mundo, una zona altamente transitada de San Salvador, ataviados con camisas con los rostros de los detenidos para pedir su liberación al compás de música de batucada y acompañados por personajes de ferias.

Se trata de los jóvenes Juan Erazo y José Orellana, detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a inicios de junio en una populosa comunidad de San Salvador y quienes, según sus familiares, no poseen vínculos con las pandillas.

"Mi compañero es un joven que a lo largo de sus escasos 24 años de vida siempre ha tenido una conducta intachable, sin vicios, ejemplo de nuestra comunidad, sin tatuajes, sin vínculos con ninguna estructura terrorista", dijo a periodistas Ana Arita, cónyuge de Erazo.

La Asamblea Legislativa aprobó a finales de marzo la suspensión de algunos derechos constitucionales, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, con un régimen de excepción que ya se ha ampliado en dos ocasiones más por términos de 30 días cada una.

Esto se dio tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de 87 personas en tres días y que fue atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han recibido cerca de 3.000 denuncias por atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.

Arita señaló que ambos jóvenes pertenecen a un grupo de batucada y que su compañero, quien se había mostrado de acuerdo con el régimen de excepción, cursa una carrera universitaria.

Agregó que fueron detenidos por una "denuncia anónima" y "totalmente difamatoria" de agrupaciones ilícitas.

El martes, tres entes humanitarios advirtieron que en El Salvador se "podrían estar configurando delitos de lesa humanidad" bajo el régimen de excepción.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

Estas bandas, consideradas legalmente como terroristas, son responsabilizadas de las altas tasas de homicidios que el país ha experimentado, las cuales comenzaron a descender desde 2016 y su caída se acentuó con la llegada de Bukele al Gobierno.

Una investigación de El Faro señala que la escalada de homicidios se dio por la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha. El mandatario salvadoreño, sin embargo, no ha respondido a esta acusación.

(c) Agencia EFE

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