Perú: Fiscalía ordena investigar a Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias

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© EFE/ENNIO LEANZA

La Fiscalía de Perú ordenó abrir una investigación preliminar en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo, por el presunto delito de tráfico de influencias. Será citado a declarar el próximo jueves 4 de agosto.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, fue la encargada de tomar la decisión, la cual ya había sido suspendida en enero de este año por la entonces fiscal, Zoraida Ávalos, asegurando que el presidente no puede ser investigado mientras se encuentre ejerciendo el cargo, argumento que también alega la defensa de Castillo.

Sin embargo, frente a esta nueva decisión, Benavides quien asumió el cargo el 1 de julio, ordenó "dejar sin efecto la disposición que suspendía", refiriéndose a la investigación que había sido concluida a inicio de año.

La Fiscalía investigará al mandatario por reuniones que realizó con empresarios peruanos, donde presuntamente se les otorgó contratos de forma irregular y fueron favorecidos económicamente. Además, se le acusa de haber cometido irregularidades en ascensos de altos mandos militares.

Las próximas semanas también serán citados a declarar los empresarios Zamir Villaverde y Karelim Villaverde, actualmente investigados por otro caso de corrupción. Igualmente el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, quien se encuentra prófugo de la justicia, y 6 oficiales del Ejército peruano.

Un nuevo escándalo para Pedro Castillo

De forma paralela, el mandatario está siendo investigado de forma preliminar por la Fiscalía de la Nación, luego de recibir denuncias de dirigir una presunta red de corrupción en el Ejecutivo, la cual ha negado en repetidas ocasiones.

La defensa de Castillo ha pedido que se detenga esta investigación, porque según ellos, el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato, el cual debería terminar el 28 de julio de 2026.

En mayo, el presidente anunció que presentaría un proyecto de ley para eliminar la inmunidad que gozan todos los altos funcionarios en Perú, incluyéndolo a él. Luego de que fuera anunciada la primera investigación en su contra, para que exista “transparencia” en su investigación.

Castillo había sido interrogado el pasado 3 de julio luego que la justicia peruana admitiera un recurso de apelación, presentado en contra de la decisión de declarar infundada la “tutela de derechos”, que tenía como objetivo anular la primera investigación abierta por el fiscal interino Pablo Sánchez, en contra de Castillo.

El jefe de Estado había sido interrogado por Sánchez a mediados de junio luego de acusarlo de haber liderado una organización criminal encargada de adjudicar obras publicas a empresarios que habían apoyado su campaña electoral, además de nombrar funcionarios a su favor.

Una oposición con un objetivo claro

Han sido varios los intentos por continuar la investigación en contra de Castillo. El 3 de julio, la fiscal Benavides oficializó la conformación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), con el objetivo de investigar delitos de corrupción, criminalidad organizada, tráfico de drogas y cualquier delito en el que estén implicados funcionarios de altos cargos o que hayan obtenido puestos por elección popular.

Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta que en Perú los altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República, gozan de inmunidad para ser investigados y juzgados por la Justicia. Sin embargo, LA EFICCOP no puedo acusar a Castillo, por lo cual la Fiscalía tuvo que intervenir.

A pocos días de completar un año en el poder, la oposición ya suma dos intentos para apartar a Castillo de su cargo. La primera moción de destitución fue realizada por una supuesta “permanente incapacidad moral”, presentada en noviembre de 2021, pero no logró los votos para ser admitida a trámite.

La segunda fue distinta. Con un Gobierno dividido, la oposición logró debatir la decisión de apartar a Castillo de su cargo en el Congreso de la República, la cual tuvo 55 votos a favor de los 87 que se necesitaban para lograr que el presidente terminara su mandato anticipadamente. El dirigente sindical fue absuelto el 28 de marzo.

Con EFE

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