Pegasus: las claves de un caso que le corcovea al Gobierno

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Photo: PETRAS MALUKAS via Getty Images)
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Photo: PETRAS MALUKAS via Getty Images)

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Photo: PETRAS MALUKAS via Getty Images)

Según la mitología griega, Pegaso era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la Tierra. Un equino blanco y alado, el primero entre los dioses, nacido de la sangre derramada de Medusa, a quien Perseo corta la cabeza para evitar morir petrificado por su mirada.

Sólo fue domado por otro héroe, Belerofonte, quien, confiado por su hazaña, acabó pereciendo. Cuando Zeus le vio ascender hacia el Monte Olimpo a lomos de Pegaso, envió un tábano que desquició al caballo haciendo caer al héroe al vacío.

Pegasus es el nombre del escándalo de espionaje que se ha convertido en un caballo de batalla político que, como a Belerofonte, le corcovea al Gobierno. Pese a sus esfuerzos para domar la situación, este asunto podría acabar, coincidencias del destino, con alguna que otra cabeza política cortada.

Estas son las claves del caso que ha provocado la última gran crisis para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

QUÉ ES PEGASUS

Se trata de un software espía diseñado por la empresa israelí NSO Group que permite acceder a los teléfonos móviles de los espiados, tanto a los textos, como a las fotografías, e incluso encender la cámara y el micrófono, proporcionando vigilancia a tiempo real.

Esta tecnología, que sólo se vende a organismos públicos (servicios de inteligencia, ejércitos, policías) ha sido utilizada por diversos gobiernos, entre ellos el español, que la adquirió a mediados de la pasada década, según El País. Este rotativo explica que se compró por seis millones de euros y con el fin de ser usada en el extranjero y no en España.

QUÉ HA PASADO

Más de sesenta políticos y activistas independentistas catalanes han sido espiados por el Gobierno español utilizando este sistema, según una investigación revelada por Citizen Lab y publicada por The New Yorker.

La mayoría de las ‘infecciones’ de sus teléfonos móviles se produjeron entre 2017 y 2020, aunque algunas ya habían tenido lugar en 2015. Esto supone que algunas de las acciones de espionaje tuvieron lugar ya durante el Gobierno de Pedro Sánchez y en plenas negociaciones para la investidura con partidos catalanes cuyos líderes eran objeto de vigilancia a través de este software.

A QUIÉN SE HA ESPIADO

La lista que se ha conocido afecta a unos 60 nombres, todos relacionados con el independentismo.

Hay una treintena de políticos, entre ellos Quim Torra, Pere Aragonés y personas del entorno de Puigdemont, una docena de activistas, varios abogados, periodistas y una decena de otros profesionales.

  1. Alba Bosch, activista

  2. Albano Dante Fachín, exdiputado del Parlament

  3. Albert Batet, presidente del Grupo Parlamentario de Junts

  4. Albert Botran, diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados

  5. Andreu Van den Eynde, abogado

  6. Anna Gabriel, exdiputada de la CUP en el Parlament

  7. Antoni Comín, eurodiputado de Junts

  8. Arià Bayé, miembro de la ANC

  9. Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu

  10. Artur Mas, expresidente de la Generalitat

  11. Carles Riera, diputado de la CUP en el Parlament

  12. David Bonvehí, presidente del PDeCat

  13. David Fernández, exdiputado de la CUP en el Parlament

  14. David Madí, exdirigente de CDC

  15. Diana Riba, eurodiputada de ERC

  16. Dolors Mas, empresaria

  17. Elías Campo, doctor

  18. Elena Jiménez, miembro de Òmnium Cultural

  19. Elies Campo, exdirectivo de Telegram

  20. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC

  21. Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts per Catalunya

  22. Ernest Maragall, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona

  23. Ferran Bel, diputado del PDeCat en el Congreso de los Diputados

  24. Gonzalo Boye, abogado

  25. Jaume Alonso Cuevillas, abogado y diputado de Junts en el Parlament

  26. Joan Matamala, empresario

  27. Joan Ramon Casals, exdiputado de Junts en el Parlament

  28. Joaquim Jubert, diputado de Junts en el Parlament

  29. Joaquim Torra, expresidente de la Generalitat

  30. Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados

  31. Jordi Baylina, desarrollador

  32. Jordi Bosch, exdirectivo de Òmnium Cultural

  33. Jordi Domingo, miembro de la ANC

  34. Jordi Sànchez, secretario general de Junts

  35. Jordi Solé, eurodiputado de ERC

  36. Josep Costa, exvicepresidente del Parlament

  37. Josep Lluis Alay, director de la oficina de Carles Puigdemont

  38. Josep M. Ganyet, empresario

  39. Josep Maria Jové, diputado de ERC en el Parlament

  40. Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts

  41. Laura Borràs, presidenta del Parlament

  42. Marc Solsona, exdiputado del PDeCat en el Parlament

  43. Marcel Mauri, exdirigente de Òmnium Cultural

  44. Marcela Topor, periodista, mujer de Carles Puigdemont

  45. Maria Cinta Cid, profesora

  46. Marta Pascal, secretaria general del PNC

  47. Marta Rovira, secretaria general de ERC

  48. Meritxell Bonet, periodista

  49. Meritxell Budó, exconsejera del Govern

  50. Meritxell Serret, diputada de ERC en el Parlament

  51. Míriam Nogueras, diputada de Junts en el Parlament

  52. Oriol Sagrera, secretario general de Empresa y Trabajo

  53. Pau Escrich, desarrollador

  54. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat

  55. Pol Cruz, asistente parlamentario en el Parlamento Europeo

  56. Roger Torrent, consejero de Empresa y Trabajo

  57. Sergi Sabrià, exdiputado de ERC en el Parlament y director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern

  58. Sònia Urpí, miembro de la ANC

  59. Xavier Vendrell, exdiputado de ERC en el Parlament

  60. Xavier Vives, desarrollador

¿CÓMO SE LES ESPIÓ?

Según el informe de Citizen Lab, se consiguió ‘infectar’ los móviles de los afectados enviándoles mensajes, ya fuera a través de WhatsApp o de SMS, en los que se enviaban enlaces a webs con el malware que permitía el espionaje.

En algunos casos, como el del abogado Gonzalo Boye, se hicieron pasar por tuits de organizaciones como Human Rights Watch o los medios de comunicación The Guardian y Politico.

¿ES LEGAL?

Lo es, siempre que se pida autorización judicial previa al Tribunal Supremo, tal y como indica la Ley de Control Judicial Previo del año 2002.

Según esta ley, su directora, Paz Esteban López, debe “solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”.

Una vez se le haya notificado al juez las medidas que se le piden, los hechos que motivan esas medidas y la identidad de las personas afectadas, el magistrado tendrá 72 horas para decidir si autoriza o no el espionaje.

Aun así, la empresa desarrolladora de este software espía se está encontrando con verdaderos problemas en otros países, como en Estados Unidos, cuyo gobierno la incluyó el pasado noviembre en su lista negra de compañías prohibidas por considerar que supone una amenaza para la seguridad nacional al haberse visto involucradas en “actividades contrarias a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses en materia de política exterior”.

Esta empresa ha sido señalada debido a su papel en la distribución de software de espionaje a distintos gobiernos, algo que ha sido utilizado de forma “maliciosa contra periodistas, activistas, empresarios, académicos y trabajadores diplomáticos”, indicó el Departamento de Estado en su comunicado de hace unos meses.

También se las ha visto con la compañía tecnológica Apple, que la denunció por “las flagrantes violaciones” de las leyes en EEUU al “apuntar y atacar a Apple y sus usuarios”.

Además, aunque este software es usado por los estados para acceder a los móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias han criticado su uso para otros fines por parte de algunos gobiernos.

QUÉ CONSECUENCIAS ESTÁ TENIENDO

Como expresó este jueves la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, este escándalo ha provocado una “brecha” entre el Gobierno y sus socios parlamentarios.

Pese a que algunos dirigentes de la formación abertzale han sido espiados, fue gracias a este partido que el Ejecutivo pudo convalidar en el Congreso el decreto de medidas para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, fundamental para el devenir de la legislatura.

Lo hizo sin el apoyo de ERC, socio habitual del Gobierno, que sí votó en contra por la falta de explicaciones que, según los republicanos, ha dado el Ejecutivo al Gobierno catalán tras las informaciones conocidas.

Precisamente una de las consecuencias que ha tenido este caso es que el Govern de Pere Aragonès haya decidido “restringir” las relaciones con el Gobierno central.

El Ejecutivo catalán también da por “aparcada” la mesa de diálogo. “Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación”, explicó la portavoz Patricia Plaja.

El asunto llegará la próxima semana al Parlamento Europeo, donde los Verdes, que integran dos de los eurodiputados espiados, Jordi Solé y Diana Riba, han propuesto que se debata en el pleno de la Eurocámara.

Además, el Gobierno ya ha registrado este jueves la petición para que comparezca en el Congreso la directora del CNI, Paz Esteban López, cuya intervención está pendiente de la fecha que decida la Mesa del Congreso.

¿POR QUÉ PIDEN LA DIMISIÓN DE MARGARITA ROBLES?

Por cómo la ministra de Defensa se defendió, valga la redundancia, en el Congreso ante las duras palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se refirió a Robles como “una mera aplaudidora de las Fuerzas de Seguridad” y se preguntó ”¿qué ha sido de aquella jueza progresista que era usted?”. “Aquella juez progresista estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo”, agregó.

Palabras que dolieron a Robles, que se mostró “escandalizada” porque el diputado vasco imputara “no sé qué 63 espionajes con base en no sé qué informe y con base en no sé qué medio de comunicación”. “Presente usted las pruebas, ¿dónde están las pruebas?”, dijo.

Acto seguido, en respuesta a la diputada Mireia Vehí, de la CUP, Robles lanzó esta pregunta al aire: ”¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

Estas palabras provocaron el enfado del Ejecutivo catalán, que a través de su presidente, Pere Aragonès, pidió la dimisión de la ministra durante la sesión de control a su Govern en el Parlament.

“Unas declaraciones que la incapacitan políticamente para seguir en este cargo y para gestionar el que es el peor escándalo de espionaje de las últimas décadas”, afirmó el presidente catalán, que acusó a Robles de justificar que se espíe a los políticos independentistas por el mero hecho de ser independentistas.

“Esto es lo que ha dicho en el Congreso y debería asumir responsabilidades. Y lo debe hacer porque el CNI estaba bajo su responsabilidad. Si no lo sabía, por incompetente. Si lo sabía, por actuar vulnerando los principios democráticos más básicos. Las declaraciones de hoy son extremadamente graves”, agregó Aragonès.

A las críticas a Robles se ha sumado Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales quien, sin nombrarla, ha criticado este viernes las palabras de la titular de Defensa al afirmar que “nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos” y ha llegado a decir que es una “cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias”.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

Ante este clima de tensión con Cataluña, el Gobierno insiste en que todas las actuaciones se llevaron a cabo siguiendo la ley y que las escuchas no se autorizaron de forma masiva, sino que fueron individualizadas.

Antes de las declaraciones de Robles, y por si estas explicaciones públicas dadas hasta el momento no eran suficientes, el pasado domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajó a Barcelona para reunirse con Laura Vilagrà, consellera de Presidencia, con el fin de calmar las aguas.

Bolaños ofreció a ERC una investigación de control interno del CNI, una investigación independiente del Defensor del Pueblo, una investigación en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y la futura desclasificación de documentos secretos para dejar claro lo sucedido.

De hecho, previo a las retadoras palabras de Robles, que según algunos medios han provocado hasta fricciones entre los ministros socialistas, el propio Pedro Sánchez trató de calmar al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le interpeló en el Congreso sobre este asunto.

“El Gobierno de España ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos con transparencia, objetividad, rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad”, dijo Sánchez.

El presidente sólo pudo obtener de Rufián un “pídale el teléfono al señor [Alberto] Casero” en referencia al diputado del PP cuyo error permitió salvar la reforma laboral ante la falta de apoyos de sus socios, adelantando las dificultades que iba a tener el Gobierno para convalidar el decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania.

¿QUÉ DICE LA GENERALITAT?

Por parte del Govern de Aragonès, Sánchez tampoco ha logrado muchos más avances. La reacción de la Generalitat ha sido, además de “restringir” las relaciones con el Ejecutivo central, anunciar acciones legales por el espionaje que todavía no se han concretado.

“No es suficiente la Comisión de Secretos Oficiales, donde el nivel de la información es muy básico y no permite entrar en los detalles necesarios que debemos saber sobre este caso”, ha dicho Aragonès este viernes en respuesta al ofrecimiento del Gobierno.

Desde la Generalitat quieren cabezas. ”¿Ha dimitido ya la señora Robles?”, insistía este jueves el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, quien aseguraba que “la pregunta no es si debe dimitir, sino cuándo”.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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