¿Peajes, pegatinas o gratuidad? España debate sobre el futuro de sus autopistas

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¿Qué futuro tendrán las autopistas ibéricas? El debate se agita en España, donde el Gobierno busca la manera de financiar 12.000 kilómetros de vías rápidas, luego de que pasaran a ser gratuitos numerosos tramos cuya concesión finalizó.

"No se detenga". Ese es el mensaje colocado desde el 1 de septiembre delante de las barreras de peaje en Cataluña (noreste) en autopistas como la AP-7, que une la frontera francesa y Barcelona, muy usada por los turistas europeos.

Las barreras se levantaron permanentemente al vencer los contratos de concesión de filiales del grupo Abertis, que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no prolongar, lo que resultó en que los tramos en cuestión pasaron a manos del Estado.

La liberalización de casi 500 km de la AP-7 y de otra autopista supondrán "un ahorro anual de más de 750 millones de euros (890 millones de dólares) para les usuarios", se congratuló la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Dos tramos se habían vuelto gratuitos en 2020, y otros tres en 2018. En tres años, 1.029 kilómetros de vías rápidas pasaron de manos privadas a públicas, para un ahorro de 1.400 millones de euros (1.660 millones de dólares) para los conductores.

A su llegada al poder en 2018, el socialista Pedro Sánchez prometió no prorrogar las concesiones vencidas, con el objetivo de reformar el modelo español de autopistas, marcado por fuertes disparidades.

En España, las autopistas son aquellas vías de calzadas de varios carriles separadas por sentido de circulación y usualmente de pago.

- "Malestar" -

Públicas o privadas, nacionales o regionales... En las últimas décadas, el Estado español multiplicó las fórmulas para "mejorar la red de carreteras", ante "la escasez de recursos financieros", explicó a la AFP María Ángeles Baeza, profesora de la Universidad de Granada (sur).

"El sistema concesional", privilegiado entre 1967-1975 y 1996-2006, favoreció "el crecimiento económico", pero generó "malestar entre los ciudadanos" que pagaban los peajes, señaló la especialista.

Por eso, la reforma deseada por el Gobierno es un tema delicado. El mantenimiento de las autopistas tiene un coste elevado, de unos 80.000 euros (94.954 dólares) por km al año. Algo difícil de asumir por el Estado, dado el nivel de deuda pública (122,1% del PIB).

Para el Ejecutivo, la gratuidad de los tramos ahora públicos será provisional: en su plan de reactivación enviado a la Comisión Europea, el Gobierno se comprometió a revisar el modelo de financiamiento de las autopistas mediante una fuente de ingresos propia.

La ministra de Transportes afirmó que "no tiene mucho sentido que el mantenimiento corra principalmente a cargo de los presupuestos" del Estado, nutridos por todos los ciudadanos, incluso aquellos que no utilizan dichas vías.

- "Sistema homogéneo" -

¿Cuál será la naturaleza del financiamiento? El Ejecutivo ha evocado varias opciones. Entre ellas, implementar el modelo de Suiza, donde los automovilistas llevan una pegatina (calcomanía) que les permite usar la red de autopistas a cambio de un monto fijo.

Otra posibilidad es pagar por kilómetro mediante un sistema de pórticos automáticos que permitirían cobrar la factura directamente a la tarjeta del usuario. Con un precio indiferenciado en todo el país.

Según medios españoles, la balanza se inclinaría a favor de un peaje generalizado pero simbólico, de 1 a 1,5 céntimos por km para los vehículos y de cinco céntimos para los camiones, cifras que podrían modificarse.

"Lo que buscamos es establecer un sistema de tarifación por el uso", afirmó la ministra Sánchez, prometiendo un sistema "justo". Será un "sistema homogéneo territorialmente, que no genere agravios en el conjunto del territorio español", subrayó.

Sea el sistema que sea, necesitará hacer de pago numerosos tramos actualmente gratuitos, con el 85% de las vías rápidas españolas libres de peaje en este momento. Una perspectiva que despierta temor entre los automovilistas.

Ante las reticencias, el Gobierno ha dicho querer llegar a consensos, lo que podría llevar meses.

En los últimos años, el Estado "no ha velado por el interés de los ciudadanos españoles", recuerda María Ángeles Baeza, como por ejemplo con "abusos en las ampliaciones de los plazos de concesión". "El primer reto" será "recuperar la confianza de los ciudadanos", agregó.

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