Luz verde a la ley de Sanidad, que será enmendada por socios de investidura

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Madrid, 22 sep EFE).- El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria, impulsado por Sanidad, ha superado este jueves el primer escollo en el Congreso tras la negociación emprendida por la ministra Carolina Darias con los socios de investidura, no exenta de condicionantes, ya que será enmendado en el trámite parlamentario.

El texto de los socialistas ha salido adelante al rechazar Unidas Podemos y los socios de investidura con 191 votos las dos enmiendas de devolución presentadas por Vox y Cs, que han sumado 64 apoyos de los proponentes y 88 abstenciones del PP.

Finalmente, al proyecto de ley se han presentado solo estas dos enmiendas, ya que PDeCat y Junts las retiraron a última hora de ayer tras acordar con Darias garantías al modelo del concierto sanitario catalán.

De esta forma y tras 48 horas de negociación, Sanidad asume negociar una serie de modificaciones para que la ley no afecte a las competencias autonómicas. También hay un compromiso alcanzado con Unidas Podemos para que se concreten la razones de "extraordinaria y urgente necesidad" para externalizar los servicios sanitarios así como los plazos, no máximos de un año.

En el debate parlamentario, la ministra ha agradecido el "talante y la disposición" de los grupos para salvar la ley y también la del conseller catalán, y ha afirmado que la norma fortalecerá el sistema sanitario público y minimizará las desigualdades.

Ha asegurado que el proyecto cumple los compromisos del Gobierno de coalición y ha informado de que en el trámite parlamentario Sanidad trabajará "en el respeto de los estatutos de autonomía", como han planteado ERC, PNV, EH-Bildu, Coalición Canaria y BNG.

Darias ha insistido en que el objetivo de la norma es la ampliación de derechos y garantizar el acceso a la salud a personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, a solicitantes de protección internacional, beneficiarios de protección temporal y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Ha recordado que la ley también extiende el acceso universal a las personas reagrupadas por hijos a su cargo, a los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España y a los no registrados ni autorizados les simplifica el acceso que queda limitado a una declaración responsable.

La ministra ha admitido que se trata de una norma que aporta solidez, elimina los copagos y crea una cartera única de servicios y se ha mostrado convencida de que el texto mejorará con el aporte de los grupos.

Darias ha reconocido que se trata de una "ley ideológica" que "deja a las claras las diferencias con la derecha, que gobierna recortando", frente a una izquierda "que amplía derechos y los consolida".

En la defensa de las enmiendas de devolución, el diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha explicado que su formación rechaza el proyecto por ser "estatalista, casi comunista", querer suprimir "de facto" los conciertos sanitarios y contravenir la ley general de Sanidad.

Steegman ha advertido de que anular los conciertos va a alargar las listas de espera y, al final, "la patada a la sanidad privada se la van a dar a los pacientes de la salud pública". Y ha concluido que el proyecto es un "ejemplo del odio socialista a todo lo privado".

En defensa de la enmienda de Cs, el diputado Guillermo Díaz ha reprochado a la ministra que no le preocupe que los españoles sean iguales en derechos "y sí que los nacionalistas no vean pisado su narcisismo competencial".

Para este diputado, "la prohibición de los conciertos es una aberración" y ha lamentado que los socialistas hayan "sucumbido" ante Podemos, a cuyos miembros ha tildado de "totalitarios de salón que se doman cuando pisan la alfombra".

Para el PP, que se ha abstenido, el proyecto de ley les "llena de vergüenza". Así, la diputada Ana Pastor ha dicho que le gustaría saber qué ha prometido la ministra "a tirios y troyanos", porque ha ofrecido "una cosa a Unidas Podemos y a PDeCat y Junts, la contraria".

Para Pastor, la ley no ofrece soluciones y es "incoherente" con el plan de estabilidad. Y ha lamentado que intente censurar la colaboración del sector privado, cuando las comunidades gobernadas por socialistas tienen conciertos "a babor y estribor".

Pastor ha pedido a la ministra volver a la senda de consenso que se alcanzó en 2003 y duró casi 20 años, porque el objetivo es mejorar los resultados de salud y no intentar contentar a todos.

En el turno de fijación de posiciones, los socios de investidura, especialmente los catalanes, han advertido de que estarán "vigilantes" para que en la tramitación no se invada el marco competencial.

Tanto las diputadas de PDeCat como de Junts, Concep Cañadell y Miriam Nogueras, respectivamente, han valorado que el acuerdo alcanzado blinda el modelo catalán y el respeto a las competencias sanitarias.

Desde Junts, Nogueras ha advertido de que Cataluña ha estado a punto de pagar con su modelo sanitario una problemática que tiene Madrid "con una privatización voraz".

Por parte de ERC, el diputado Francesc Eritjá ha considerado que la ley peca de un exceso regulatorio que supone "una intromisión en las competencias autonómicas y la organización de los centros" y si bien ha reconocido que la normativa básica puede condicionar el ejercicio de las competencias, en ningún caso puede eliminar el principio de autonomía.

En su intervención, la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel ha insistido en que su formación quiere derogar la ley de 1997 "de verdad" y para ello ha apelado a la negociación en la que defenderán la gestión directa y la revisión y control de los conciertos.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea también ha expresado sus recelos ante el texto, pero ha recordado a Darias que ha adquirido con su formación un compromiso con su formación para "corregir el texto".

(c) Agencia EFE