Paz con el ELN y regulación de las drogas, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (2/2)

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© Iván Valencia / AP

Este 28 de junio, y tras casi cuatro años de una titánica labor, la Comisión de la Verdad, nacida de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, presentó su Informe Final, en el que además de abordar los entresijos del conflicto armado, también presentó sus recomendaciones. Entre ellas, pide a los actores de la sociedad establecer diálogos con la guerrilla del ELN, poner fin al prohibicionismo de las drogas y hacer una democracia más inclusiva, donde se integren a las comunidades históricamente excluidas. Segunda entrega.

Este martes, en el acto de presentación del Informe Final de la Comisión, el presidente del ente, el sacerdote jesuita Francisco De Roux, junto a nueve de los 11 comisionados que han liderado esta ardua tarea, dio a conocer el Capítulo 10 del Informe, donde además de sintetizar el grueso de los hallazgos realizados por el ente, también quedan reflejadas las recomendaciones que se le hacen tanto al Gobierno para la superación efectiva del conflicto.

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France 24 destaca cinco puntos claves de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al Estado colombiano. Segunda entrega:

  • Diálogos de paz con la guerrilla del ELN

Entre las recomendaciones que el Informe Final de la Comisión expuso este 28 de junio está retomar los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y "avanzar en la formulación e implementación de una política de sometimiento a la justicia, tanto individual como colectiva, que ofrezca incentivos razonables, que ponga en el centro a las víctimas y garantice los derechos a la verdad".

Durante el Gobierno del conservador Iván Duque, cualquier atisbo de diálogo con este grupo armado ilegal quedó dinamitado a principios de 2019, cuando la estructura ilegal fue autora, presuntamente, de un atentado con explosivos a la Escuela de Policía General Santander, que se saldó con 21 muertos y 68 heridos en Bogotá.

Gustavo Petro ya anunció durante la campaña electoral que quiere desmarcarse de la estrategia de su antecesor y que contempla diálogos y una estrategia de sometimiento para el ELN. De este modo, estaría dispuesto a hacer suya la recomendación de la Comisión, que además le insta a "facilitar la creación de las condiciones e incentivos necesarios para la negociación, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en intentos pasados".

Por otro lado, el Informe Final sugiere al ELN que adopte medidas y tenga gestos que caminen en la dirección de la generación de confianza, el respeto a los organismos humanitarios y el Derecho Internacional Humanitario así como a la desescalada del conflicto.

Para el resto de estructuras armadas ilegales, la Comisión aboga por un desmantelamiento pacífico a través de una estrategia de sometimiento individual y colectivo que ofrezca garantías de Justicia y reinserción a los miembros de esos grupos.

  • Fin a la guerra antinarcóticos y a la estrategia prohibicionista de las drogas

Colombia ha estado durante décadas apostando por una guerra contra las drogas, aupada por el apoyo de Estados Unidos a partir del Plan Colombia, un proyecto multimillonario para llevar a cabo esta estrategia que, sin embargo, no ha ofrecido resultados efectivos en la lucha contra la producción de clorhidrato de cocaína, que en los últimos años se ha mantenido en cifras máximas en la serie histórica.

Es por ello, entre otras cosas, que desde el Informe Final de la Comisión de la Verdad se recomienda a los actores implicados abandonar esa estrategia, la cual también ha incluido las aspersiones con glifosato -un químico que se ha probado perjudicial para la salud- como parte de los métodos de erradicación de cultivos ilícitos.

Así, el Informe sugiere "enfrentar el tema de los cultivos desde un enfoque de desarrollo sostenible que deje atrás la visión del problema como un asunto de seguridad nacional, renunciando definitivamente a la aspersión sobre la base de la evidencia".

Además, se aboga por el fortalecimiento de las investigaciones para buscar usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana, como también el respeto a las comunidades étnicas y campesinas que utilizan estas hojas desde su ancestralidad.

A corto plazo, el Informe recomienda "implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga".

Asimismo, sugiere "liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio. Realizar la Conferencia Internacional propuesta en el Acuerdo Final de Paz es un primer paso en este sentido", reza el documento.

En otra línea, desde la Comisión se sugiere a todos los actores implicados que garanticen diálogos con las comunidades, la academia y las organizaciones de derechos humanos sobre la implementación de dicha política de drogas en los territorios.

Sobre los cultivos de coca, específicamente, se apuesta en el Informe por "un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional", lo que implica la desmilitarización, por parte del Estado, de la estrategia frente a "cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas".

Acerca del consumo, las recomendaciones giran en torno a la implementación "de la política frente al consumo basada exclusivamente en la prevención y atención, con un enfoque de salud pública, derechos humanos y reducción del daño, dejando atrás la persecución policial y criminalización del consumidor y fortaleciendo la atención al consumo problemático en territorios urbanos y rurales".

  • Una democracia más inclusiva que cuente con las comunidades históricamente excluidas

Las recomendaciones sobre la democracia "incluyente, amplia y deliberativa" del Informe Final tienen como objetivo poner la participación ciudadana en el centro.

Para ello, la Comisión propone "la exclusión de las armas de la política; un sistema político amplio desde las bases sociales, equitativo e incluyente de todos los territorios; un sistema político con garantías de participación para los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social; un sistema político garantías para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores políticos; y un sistema que promueva medidas de inclusión de campesinos y campesinas como sujeto político, de las mujeres y de los pueblos étnicos".

En este sentido, la apuesta es total por el "diálogo y la participación como herramienta central para resolver conflictos y garantizar los derechos fundamentales".

Para ello, primero cabría hacer una estrategia de reconocimiento de los déficits que todavía hoy encarna la democracia colombiana. El Informe habla de que una forma para caminar en esa dirección sería la creación de un "Pacto Nacional de rechazo a la violencia y a la combinación de armas y política a través de diálogos que contribuyan a poner fin a la violencia política desde lo local hasta lo nacional".

Para la democratización de los territorios, la Comisión recomienda cambios que reviertan la subrepresentación de los territorios de la periferia del país "y que tienen los indicadores más altos de pobreza multidimensional".

Además, se sugieren "medidas para garantizar el ejercicio de una política libre de violencia, en especial para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, personas en proceso de reincorporación y los llamados opositores políticos y sociales" y que se reconozcan como sujetos políticos a los grupos históricamente excluidos como pueblos indígenas, afros, palenqueros, negros y rom "con medidas de reconocimiento jurídico y material de sus derechos territoriales y sus autoridades".