Patagonia argentina: revierten polémica ley de minería en la provincia de Chubut tras protestas

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Tras días de protestas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, tuvo que retroceder. Envió a la Legislatura provincial (poder legislativo local) la derogación de una ley minera que el mismo cuerpo había aprobado cinco días antes. Este martes 21 de diciembre la Legislatura derogó la norma.

El jueves pasado la Legislatura de Chubut aprobó una ley que habilitaba la puesta en marcha de la minería a gran escala (o megaminería) en dos departamentos de la provincia, Gastre y Telsen, donde prevé funcionar el Proyecto Navidad, perteneciente a la minera canadiense Panamerican Silver. El yacimiento fue adquirido por la empresa hace 11 años y busca explotar plata, cobre y plomo.

Al conocerse la noticia, en Rawson, la capital provincial, se desataron grandes protestas, también en la ciudad de Trelew, que fueron intensamente reprimidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado el caso para investigarlo.

Durante las noches del jueves 16 y el viernes 17 de diciembre se incendiaron 16 edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno. El lunes hubo un incendio en la sede del diario 'El Chubut', en circunstancias que se están investigando. El gobernador Arcioni denuncia a los "grupos antimineros" e incluso ha mencionado en un mensaje grabado a un presunto "ideólogo". Es algo que será determinado por la Justicia.

El mismo lunes, el gobernador, ante la presión de las protestas, anunció que solicitaría la derogación de la norma, algo que votó la Legislatura el martes. Pero esta historia que aún no termina, tampoco empezó ahora. La disputa en torno a la minería de gran escala en esta provincia argentina lleva casi 20 años.

120 días que se convirtieron en 18 años

En 2003, en la ciudad de Esquel, en la zona cordillerana de Chubut, el 82% de la población dijo "No a la Mina" mediante un plebiscito, que dio lugar a la primera ley provincial (la Ley 5001) en Argentina que prohibía la megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas como cianuro. Fue la minera canadiense Meridian Gold (hoy Yamana Gold) la que quiso extraer oro en las montañas de Esquel.

Tras la sanción de la Ley 5001, varios gobiernos y capitales mineros intentaron avanzar con algo previsto en dicha ley: una "zonificación" para establecer en qué partes de la provincia sí se podía desarrollar la actividad, algo que tenía que definirse en un plazo de 120 días tras su sanción. Esto es lo que terminó sancionando la ley de "zonificación minera", derogada tras las protestas.

Por otra parte, desde 2003 hasta la fecha existieron dos iniciativas populares con un mecanismo de democracia semidirecta que establece que con una cantidad determinada de firmas de la población la legislatura debe tratar un proyecto de ley. La primera fue en 2014, juntó 14.000 firmas y fue totalmente modificada en su espíritu, que era extender las limitaciones impuestas por la Ley 5001 a la minería a gran escala. En su momento se conocieron imágenes de teléfonos celulares de legisladores en las que representantes de empresas mineras dictaban el contenido de las modificaciones. Luego se dio la iniciativa popular más reciente, de 2020-2021, en plena pandemia, con más de 30.000 firmas, cuyo objetivo también era reforzar la prohibición de la megaminería en todo el territorio provincial.

"El agua vale más que el oro"

A lo largo de estos años, ha existido un conflicto entre la dirigencia política-empresarial y la población de Chubut, que se ha organizado mediante "asambleas" en las diferentes ciudades, Esquel, en la cordillera, y Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, en el oriente, e incluso en la Meseta Central, donde tiene la concesión Panamerican Silver. El conflicto atraviesa transversalmente el conjunto de la sociedad chubutense: instituciones científicas, religiosas, sindicatos, partidos políticos, clubes deportivos, artistas, tienen posiciones tomadas sobre el tema.

En el corazón de ese conflicto está la discusión sobre la utilización del agua, que enfrenta a la dirigencia política y empresarial, con una enorme porción de la población general. Los primeros promueven el desarrollo de la megaminería, una actividad que consume grandes cantidades de agua.

En la provincia sólo existe un río, el Río Chubut, que podría verse afectado por la actividad, denuncian quienes se oponen a esta actividad y miembros de instituciones universitarias. El Chubut es un río con bajo caudal, con 51 metros cúbicos por segundo frente a los casi 800 m3 del río Santa Cruz, o los más de 1.000 m3 del Río Negro (en provincias patagónicas vecinas), y abastece a la mitad de la población de la provincia. Por eso quienes aquí se oponen a la megaminería tienen como lema: "El agua vale más que el oro".

El mismo día en que se aprobó la ley de zonificación minera –finalmente derogada– varias localidades de Chubut se encontraban sin agua, entre ellas Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de la Patagonia con más de 300.000 habitantes. De hecho, a fines de agosto, la legislatura provincial declaró una "Emergencia Hídrica".

"La zonificación minera es la puerta de entrada para la actividad en toda la provincia"

El gobernador de la provincia, quien en el pasado había sostenido posiciones contrarias a la actividad minera; el presidente de Argentina, Alberto Fernández; dirigentes de la mayoría de los partidos políticos de la provincia y dirigentes de sindicatos que estarían involucrados en la producción minera (construcción y camiones principalmente) han sostenido que se trataba de un proyecto beneficioso, que generaría "desarrollo económico", infraestructura y 7.000 puestos de trabajo directos en la denominada Meseta Central, que posee una densidad poblacional muy baja. Arcioni y sus aliados políticos también argumentaban que "la Cordillera no se toca" (en referencia a la zona de Esquel), que "no se utiliza cianuro", que "el Río Chubut no se toca", y que la actividad en la zona del yacimiento "tiene consenso social".

Pero las asambleas ciudadanas denuncian que la "zonificación" puede ampliarse, afectando el curso del río, según lo establecido en la misma ley en su Artículo N° 7, que dice: "En caso de que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la Zonificación Minera en función de criterios técnicos y objetivos, dicha propuesta se elevará a la Legislatura Provincial para su tratamiento". Silvia de Los Santos, abogada y asambleísta argumentó: "La zonificación minera es la puerta de entrada para la actividad en toda la provincia, con proyectos que de forma clandestina han comenzado sus fases exploratorias".

Por su parte, Martín Cerdá, Ministro de Hidrocarburos de Chubut (la autoridad de aplicación de la ley), dijo en su momento: "Una de las fortalezas del proyecto es que se resguardó la cuestión del agua y el Río Chubut. No se podrá desarrollar ninguna actividad productiva cerca del río, es bastante restrictivo en ese sentido. Cualquier ampliación de la zonificación se hará luego de que se hagan los estudios de impacto ambiental con participación de la Universidad, geólogos y el sector privado".

De todos modos, Viviana Moreno, asambleísta de Esquel y bioquímica, señaló que "si bien la ley prohíbe la utilización de cianuro, habilita otro tipo de sustancias de variada toxicidad como los xantatos utilizados por el método de flotación e incluso no descarta procesos de lixiviación, con mercurio o soluciones de ácido sulfúrico. El producto elegido y el método depende del metal de interés a extraer. El oro se extrae con cianuro o mercurio y el uranio con ácido sulfúrico".

A su vez, las comunidades originarias cuyos territorios serían afectados en la zona no están de acuerdo con la actividad y denuncian el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a comunidades originarias por cualquier emprendimiento productivo en sus territorios y han presentado recursos en la Justicia para evitar la zonificación.

En este contexto, además de derogar la ley, el gobernador Arcioni anunció que en enero de 2022 se empezará a trabajar en un plebiscito provincial sobre el desarrollo de la actividad minera en ese territorio.

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