El Parlamento griego da luz verde a las últimas reformas previas a la salida del rescate

El primer ministro griego griego, Alexis Tsipras, pronuncia un discurso durante una sesión parlamentaria. EFE/Archivo

Atenas, 14 jun (EFE).- El Parlamento griego aprobó hoy el último paquete de reformas acordadas con los acreedores necesarias para que el Eurogrupo pueda dar la semana próxima luz verde a su salida del del tercer programa de asistencia financiera y de ocho años de crisis.

La ley aprobada con los votos de la coalición gubernamental formada por el izquierdista Syriza y los nacionalistas Griegos Independientes, incluye nuevas medidas de austeridad por valor de 5.100 millones de euros para los próximos cuatro años.

"Es la última vez que votamos una ley que no es voluntad de nuestro Gobierno sino resultado de la negociación con las instituciones acreedoras", celebró el primer ministro, Alexis Tsipras al cerrar el debate.

La norma contempla también medidas de alivio fiscal y ayudas sociales cuyo valor podría alcanzar hasta los 1.500 millones de euros, siempre y cuando el Gobierno consiga que el superávit primario (excluye el pago de deuda e intereses) sobrepase durante estos años el objetivo del 3,5 % del producto interior bruto (PIB).

Con estas medidas, el Ejecutivo espera paliar las consecuencias que tendrá el decimotercer tijeretazo a las pensiones que se aplicará el próximo año, durante el cual están previstas las próximas elecciones legislativas.

Esta medida pactada con los acreedores de cara a mantener el rigor fiscal en la era postrescate conlleva recortes a las pensiones de hasta un 18 % que afectarán a la mitad de los jubilados.

Entre las medidas que se aplicarán después del rescate figura además la reducción del ingreso mínimo exento de imposición de los 8.636 a los 5.685 euros anuales a partir de 2020.

La ley aprobada hoy prevé asimismo incrementar en 2019 el salario mínimo interprofesional, así como restablecer los convenios colectivos, también eliminados en 2012.

Además endurece las multas por el trabajo no declarado, ofrece incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes y desempleados de larga duración y, por primera vez desde la entrada del país en crisis, prevé la creación de 42.000 puestos de funcionarios fijos.

Con estas intervenciones el Ejecutivo quiere acelerar la reducción del desempleo, que de una tasa del 12,7 % en 2010 pasó al 21,5 % en 2017, la más elevada de Europa.

La ley acelera además las privatizaciones y la liberalización del sector energético.

El Gobierno sostuvo que, tras ocho años de programas de asistencia financiera el país volvió al crecimiento y recobró su soberanía, pues el seguimiento de los acreedores en el periodo postrescate será limitado.

El líder de la oposición conservadora, Kyriakos Mitsotakis, acusó Tsipras de haber creado una gran masa de ciudadanos desesperados que se ahogan en deudas y de mentir cuando habla del fin de la era de los programas de ajuste, habida cuenta de los nuevos tijeretazos a las pensiones aprobadas para la era posterior al rescate.

Mientras se debatía la ley alrededor de 5.000 manifestantes, según informó la Policía a Efe, pertenecientes al sindicato comunista PAME, al sindicato de funcionarios ADEDY y a algunas fuerzas de la izquierda radical protestaron ante el Parlamento en contra de los nuevos recortes.

Actualmente la preocupación mayor para el Gobierno es que los acreedores del país no alcancen entre sí un acuerdo sobre las medidas de alivio de la deuda griega a medio plazo.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) son partidarios de acordar las medidas de alivio en el Eurogrupo del próximo jueves, Alemania y Holanda intentan posponer la decisión.

Además, estos dos países se oponen a la adopción de un mecanismo automático que vincule las devoluciones de la deuda al ritmo de crecimiento y, en cambio, prefieren que estas medidas se apliquen solo si el Gobierno no tiene culpa del débil desempeño de la economía.

En los ocho años de la crisis griega el país perdió el 25 % de su PIB y su deuda se disparó del 127 % al 180 %.

Gran parte de este debate trascendental para el futuro económico del país se vio ensombrecido por el acuerdo sobre el nuevo nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, alcanzado esta semana por los primeros ministros de ambos países.

Durante el mismo, Mitsotakis anunció una moción de censura contra el Gobierno por la gestión de este acuerdo con el país vecino.