Parking, bono en dólares y un blanqueo: cómo el Gobierno hizo de la "marcha atrás" su marca registrada

Fernando Gutiérrez
·9 min de lectura

Los críticos del Gobierno deberán reconocerle al menos una virtud: lejos de aferrarse a dogmas, los funcionarios han demostrado un pragmatismo a prueba de balas, de tal forma que no tienen inconveniente en dar marcha atrás con medidas que habían defendido con fervor pocas semanas antes.

Es algo que se está viendo en estos días, en los que el equipo económico busca transmitir la sensación de "normalidad" en un mercado cada vez más nervioso. Por ahora, tanto las marchas como las contramarchas están mostrando pobres resultados, a juzgar por la suba que tuvieron los tipos de cambio del mercado paralelo luego del anuncio de las últimas medidas cambiarias.

Pese a algunas reacciones iniciales que destacaron lo positivo de desandar regulaciones que empeoraban la situación, el cierre del "contado con liqui" en $171 muestra que sigue vigente el reclamo por medidas de fondo. De hecho, en grandes consultoras y bancos de inversión minimizaron como "curitas" las nuevas medidas.

Hubo además una crítica al "timing": Martín Guzmán avisó la mañana del viernes, en IDEA, que tomaría una decisión, ante lo cual el mercado se generó una expectativa. Y luego, cuando al cierre del lunes se vieron las medidas concretas, operó el efecto desilusión.

Y no es el único daño colateral: el hecho de derogar medidas tomadas y fuertemente defendidas apenas semanas atrás implica dejar mal parados a funcionarios cuya autoridad y credibilidad aparece ahora seriamente dañada. El caso principal es el de Miguel Pesce, el titular del Banco Central que aparece desautorizado por el ministro.

Tras la anterior tanda de medidas restrictivas del mercado cambiario, Pesce había argumentado que si el "contado con liquidación" subía era por el accionar de fondos de inversión extranjeros que habían quedado "atrapados" en pesos y que, en su afán por deshacer esa apuesta estaban dispuestos a pagar el precio que fuera.

"La mitad de esa demanda era 450 millones de dólares mensuales. Si vos no le quitás este componente de especulación al mercado, te ponen el tipo de cambio en cualquier parte. La Argentina no necesita el tipo de cambio que está dispuesto a pagar un fondo del exterior que compró títulos bajo ley argentina. Necesita un cambio competitivo que sea también favorable en el sentido de no generar situaciones de pobreza o de salario real muy bajo", explicaba Pesce en una entrevista de hace un mes.

Así, justificaba la extensión del "parking" y la prohibición de que los no residentes pudieran operar. Es decir, todo lo que el lunes tuvo marcha atrás.

En ese entonces, la cotización del "contado con liqui" era de $132, un precio que a Pesce le parecía escandaloso y que distorsionaba el funcionamiento de la economía. Para el titular del Central, era obvio que la forma de arreglar el problema era sacar del mercado a los operadores que con su gran demanda provocaban esa turbulencia.

Pero todo salió al revés de lo planeado, de manera que la cotización tres semanas después llegó a tocar un máximo de $168 y convenció al presidente Alberto Fernández de probar con la receta absolutamente opuesta.

Habrá sido para Guzmán –encargado de hacer el anuncio- una pequeña revancha luego de haber sufrido él mismo una desautorización. Un mes atrás, mientras presentaba el proyecto de presupuesto 2021 con el cual suponía que el mercado iba a empezar a recuperar la calma, y apenas dos días después de haber dicho en una entrevista periodística que no habría una intensificación del cepo cambiario, el ministro había quedado "en offside" por los anuncios del "súper cepo" de Pesce.

Pesce y Guzmán, una dupla que no ha parado de desautorizarse mutuamente
Pesce y Guzmán, una dupla que no ha parado de desautorizarse mutuamente

Miguel Pesce y Martín Guzmán, una dupla que no ha parado de desautorizarse mutuamente

Bono en dólares: que sí, que no, que sí

Pero Guzmán no solamente contradijo a Pesce sino que, en buena medida, también lo hizo con sus propias actitudes y dichos pasados. Por caso, con el controvertido bono en dólares con los que se "premia" a los fondos de inversión que habían entrado durante la gestión Macri para colocarse en pesos apostando al "carry trade" –o, en criollo, la vieja bicicleta financiera-.

En junio, el ministro había logrado que el mercado le prestara $132.000 millones para cancelar un vencimiento de títulos que en su momento habían comprado los fondos Pimco y Templeton. El ministro había anunciado que esos fondos podrían a su vez usar esos pesos para comprar nuevos bonos en dólares, por un total de u$s1.500 millones.

Claro, que en ese momento, la perspectiva era que el costo financiero de la operación fuera relativamente bajo, dado que se apostaba a que el cierre del canje con los acreedores abriría una nueva fase de confianza renovada en el país. Fue por eso que Guzmán tuvo el apoyo del Presidente aun cuando desde dentro del propio peronismo hubo críticas por una operación que implicaba dolarizar una deuda en pesos.

Pero todo salió al revés de lo esperado, de forma tal que emitir un bono en dólares implicaría ahora un costo de casi 16%, un nivel exorbitante para un mundo en el cual las tasas tienden a cero. Ante esa situación fue que Guzmán había congelado de hecho la operación, lo cual, según analistas de la City, terminó siendo uno de los motores para la escapada del "contado con liqui".

Ahora, con el anuncio de la licitación por u$s750 millones, Guzmán hace la contramarcha de la contramarcha previa. En una operación que, por otra parte, causa dudas en el mercado, por el costo financiero potencialmente elevado.

Señales fiscales, tras las críticas por el gasto

En el plano monetario, mientras tanto, Guzmán está intentando revertir una imagen negativa que habían dejado declaraciones suyas en el sentido de que la baja del gasto público no sería una prioridad. Es así que, mientras impulsa con incentivos tributarios la inversión en pesos, el ministro devolvió al Banco Central $8.000 millones de adelantos transitorios. Una cifra pequeña, pero un gesto que conlleva un mensaje para el mercado.

Una vez más, hubo elogios por el camino correcto, pero también recordatorios de todo lo que falta: en el año, el BCRA lleva emitidos $1,7 billones para financiar al fisco.

Y antes de eso, había habido marchas y contramarchas respecto de la asistencia estatal a los afectados por la pandemia, uno de los rubros que incrementó este año el déficit fiscal. En julio, el Gobierno había avisado formalmente la terminación del IFE para las provincias que habían pasado a la fase flexible, lo cual implicaría un ahorro fiscal de unos $50.000 millones, pero se debió dar marcha atrás por presión de los gobernadores provinciales.

Actualmente, se está en duda sobre cómo se transformará el régimen, en un intento de equilibrio entre la demanda por sostener la asistencia y la necesidad de mostrar una senda de normalización fiscal.

Dólar MEP, ¿la próxima revisión?

En ese marco de contradicciones, a esta altura en el mercado financiero se preguntan cuál será la próxima medida que se había negado explícitamente y que tal vez pueda entrar en revisión. Califica para ello, por caso, la propuesta de los bancos para que se fomente el uso del "dólar MEP" como nuevo canal masivo para los pequeños ahorristas que ya no tienen acceso a la cuota oficial de u$s200.

Los bancos argumentan que se trataría de una forma de normalizar la demanda de ahorro minorista, que le sacaría presión al dólar blue sin que implique un estrés para las reservas del Banco Central. Pero habría que hacer algunos cambios regulatorios, como por ejemplo eliminar la prohibición de operar durante 90 días para quienes hayan comprado dólar ahorro.

Sin embargo, Pesce se negó. Su temor es que si se populariza el uso del dólar MEP, el mercado interprete que hay un desdoblamiento cambiario de hecho y que eso tenga un impacto sobre los precios de la economía, como si se produjera una devaluación de hecho.

Ahora, sin embargo, hay tres fuertes motivos para que esa postura esté en revisión. Una es la necesidad de medidas de mayor potencia para descomprimir el mercado paralelo. El dólar MEP, que cerró en $157, sigue su carrera alcista después de una breve pausa.

El segundo es que, por más que se haya llevado a su mínima expresión, el dólar ahorro sigue existiendo y genera un efecto goteo sobre las reservas, que en octubre podrían significar u$s200 millones.

Y el tercero es la propia debilidad de Pesce, cuya continuidad en el cargo ya desde hace tiempo es objeto de versiones.

Lo cierto es que el Central también ha sido una usina de medidas contradictorias en los últimos meses, al ritmo de las urgencias que marcaron las reservas. Fue así que en mayo una dura medida restringió el acceso de los importadores a los dólares, al punto que más del 70% de los compradores quedaron sin posibilidad de cerrar sus operaciones. La ola de quejas llevó a una revisión de esa medida, que paulatinamente fue aflojando sus exigencias.

El resultado es que, después de una breve tregua de un mes, Pesce vio una caída continua de las reservas que lo llevaron a la nueva medida extrema de solicitar el permiso para toda importación mayor a u$s50.000 –una cifra diez veces menor a la exigida con anterioridad-. Los importadores no dudan que el sistema se transformará en un filtro discrecional que se abrirá o cerrará según la disponibilidad de dólares en la caja del BCRA.

El blanqueo para incentivar la construcción, un nuevo eslabón en las
El blanqueo para incentivar la construcción, un nuevo eslabón en las

El blanqueo para incentivar la construcción, un nuevo eslabón en las "marcha atrás" del Gobierno

Y, para completar, un blanqueo

Las contradicciones no se limitan a la política cambiaria y monetaria, sino que también afectan a cuestiones que el Gobierno había planteado como temas de principios. Por caso, los "blanqueos" impositivos.

El peronismo había sido muy crítico de la iniciativa impulsada en 2016 por Alfonso Prat Gay, una operación en la que se legitimaron –es decir, pasaron a formar parte de la base imponible- unos u$s100.000 millones.

A mediados de año, los empresarios de la construcción le arrimaron al Gobierno una iniciativa que proponía un nuevo blanqueo como forma de recuperar la actividad y el empleo en la construcción. Implicaba que quienes tuvieran dólares no declarados, pudieran volcarlos a proyectos inmobiliarios.

La incomodidad de que, después de haber condimentado su discurso político con el blanqueo macrista, ahora hubiese que aceptar –y, lo peor, salir a defender en público- un nuevo blanqueo resultó evidente en los círculos cercanos a Cristina Kirchner. Para colmo, esa medida podía verse como contradictoria con el impulso al impuesto extraordinario a la riqueza.

Y llevó a que finalmente Alberto Fernández le bajara el pulgar a la propuesta: "Confieso que soy muy poco amigo del blanqueo. Me interesa mucho más que el dinero que se blanqueó y se quedó en paraísos fiscales vuelva a la Argentina".

El Gobierno intentó concentrar el incentivo a la construcción con la presentación del plan Procrear. Sin embargo, los tiempos de esa iniciativa son demasiado lentos para la urgencia de la economía argentina, con lo que la propuesta rechazada fue desempolvada. El nuevo régimen impone una tasa de 5% a los dólares blanqueados, pero compensa con incentivos impositivos para los proyectos inmobiliarios.

La necesidad tiene cara de hereje, y esta nueva contradicción viene a completar la saga de un Gobierno que, ante la emergencia, puede llevar la palabra "pragmatismo" a dimensiones impensadas.