El papa Francisco autorizó una operación secreta para liberar a monja secuestrada en Mali

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La noticia se dio a conocer en el juicio que se les realiza a funcionarios acusados de malversación de fondos y otros delitos financieros relacionados con el negocio de bienes raíces.

El Santo Padre autorizó un operativo millonario para liberar a la monja Gloria Cecilia Narváez, de nacionalidad colombiana, secuestrada durante más de cuatro años en Mali, según un cardenal que está siendo procesado en un tribunal del Vaticano.

Angelo Becciu subrayó que le comentó al Papa que la operación, incluido el establecimiento de una "red de contactos" y un eventual rescate, costaría como máximo alrededor de un millón de euros.

"Él aprobó. Debo decir que cada fase de esa operación fue aprobada por el Santo Padre", puntualizó Becciu, quien para ese entonces era el segundo de la secretaría de Estado vaticana.

A decir del prelado, Cecilia Marogna, quien también está siendo procesada, lo puso en contacto con una compañía de inteligencia y riesgo con sede en Londres en el año 2018 para encontrar de liberar la hermana Gloria Cecilia Narváez quien fuera secuestrada por el ‘Frente de Liberación de Macina’, un grupo vinculado a Al Qaeda.

Angelo Becciu, de 73 años y acusado de malversación de fondos, abuso de funciones e inducción al perjurio de un testigo, es el único cardenal entre los 10 acusados en un juicio por corrupción que comenzó en julio pasado.

La operación de Becciu

Según el acusado se creó una cuenta especial para la operación en la Secretaría de Estado del Vaticano y que los pagos se hicieron a unas cuentas indicadas por Marogna. En otro momento, el acusado afirmó que la empresa designada para el rescate estableció contacto con los secuestradores, pero no especificó si se había pagado un rescate.

La operación se mantuvo en secreto, incluso para el entonces jefe de seguridad del Vaticano, porque cualquier filtración habría arriesgado la santa institución y hubiese despertado críticas a nivel internacional y "puesto en peligro la vida y la seguridad de otros misioneros".

El factor común entre Becciu y Marogna es la malversación de fondos.

La acusación emitida en julio decía que ella había recibido, por parte de la Secretaría de Estado, unos 575.000 euros en el período entre 2018 y 2019. Los fiscales la señalan de utilizar, presuntamente, gran parte de esos fondos en "beneficio personal", incluyendo la compra de artículos de lujo.

La acusada niega todas las acusaciones, como también el cardenal, acusado además de nepotismo en favor de sus hermanos, imputación que él también rechaza.

En este particular se le investiga por el envío de 125.000 euros a la ‘Cooperativa Spes’ en Cerdeña, gestionada por su hermano Tonino. Esta presunta malversación le valió el cardenalato y el cargo de prefecto para la Causa de los Santos.

El juicio de la discordia

El proceso se desarrolla en torno a la adquisición, por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano, de un edificio en una zona distinguida de Londres por 350 millones de euros, a partir del año 2014.

Errores en la operación hicieron perder al vaticano unos 127 millones de euros. Dos corredores italianos están siendo procesados por extorsión a petición de los fiscales del Vaticano.

Angelo Becciu negó que para la compraventa del inmueble se emplearan recursos provenientes del ‘Óbolo de San Pedro’, que recoge las ofrendas de los fieles para obras de caridad, ya que los millones que recibía anualmente esa colecta (de 45 a 50 millones) ya contaban con otro objetivo.

Los fondos utilizados fueron los reservados de la Secretaría de Estado y porque su Oficina Administrativa creía que la operación sería fructífera.

Las hipótesis fundamentales en el caso se basan en los aspectos del acuerdo, los bancos utilizados por la Santa Sede en estos movimientos y las relaciones institucionales del cardenal con otros funcionarios del vaticano.

El testimonio de Becciu fue posible gracias a que el Santo Padre levantó el “secreto pontificio” del cardenal para que pudiese responder a las preguntas relacionadas con Cecilia Marogna y el secuestro de la monja colombiana.

El cardenal aseguró su total lealtad al pontífice y defendió que siembre buscó beneficiar a la Santa Sede por encima de intereses personales.

Otros imputados en el proceso judicial son antiguos funcionarios y empleados del Vaticano acusados también de malversación de fondos y otros delitos financieros relacionados con la operación inmobiliaria. Todos ellos han negado haber actuado en detrimento de la ley.

Con Reuters

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