Los obispos piden no culpar a los jueces de las rebajas de las condenas a agresores sexuales

Madrid, 25 nov (EFE).- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, cree que está justificada la alarma social provocada por las rebajas de condenas a algunos agresores sexuales tras la aprobación de la ley del solo sí es sí y ha pedido que no se culpabilice ni responsabilice a los jueces de estos hechos.

En rueda de prensa dos días después de ser elegido secretario general de la CEE en sustitución de Luis Argüello, García Magán cree que la ley de garantía integral de la libertad sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad es "imperfecta" y presenta "lagunas", como lo demuestran las rebajas de condenas que se han venido produciendo en los últimos días.

"Cuando una ley es imperfecta y puede plantear lagunas se resuelve en el Parlamento, que es el que tiene el Poder Legislativo", ha considerado el secretario general de los obispos, quien ha lamentado las consecuencias jurídicas y la "alarma social justa" que ha provocado.

García Magán ha salido en defensa de los jueces y ha pedido que no se les culpabilice por estas rebajas de condenas. "Los jueces no tienen la culpa, lo que hacen es aplicar la ley, si no caerían en un delito. Son como cocineros que cocinan los alimentos que se les da y si a un cocinero le das chuletón, no le puedes pedir pescado".

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este viernes, García Magán ha condenado esta violencia "execrable y nunca justificante" y ha expresado su preocupación por el alto índice de casos que se dan entre los más jóvenes.

"Esto nos tiene que hacer plantear un interrogante... porque resulta que los más jóvenes reciben formación y luego pasa esto, hay algo que no funciona", ha advertido.

También ha criticado a quienes relacionan la violencia contra las mujeres con personas procedentes de otros países, etnias o colores porque -ha afirmado- la violencia machista es transversal a todos y se da en todos los estratos sociales.

Sobre el anteproyecto de ley de familias que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes y que contempla distintos modelos de familias, entre ellas las homosexuales, el secretario general de la CEE ha dicho que el modelo de familia de la Iglesia es el que está en el Evangelio, lo que no implica "condenar a nadie" sino "respetar a todas las personas".

Ha defendido que en una sociedad democrática y plural, la Iglesia y los católicos tienen derecho a vivir según ese modelo y de proponerlo al resto de la sociedad. "Eso no supone ni la condena ni la exclusión de nadie".

Ha pedido consenso a la hora de legislar y que la sociedad civil pueda implicarse en las normas que regulan la convivencia "en paz, libertad y armonía".

En su comparecencia, García Magán ha informado de la aprobación del protocolo marco de prevención y actuación en caso de abusos, que servirá a las diócesis y congregaciones religiosas como guía a la hora de actuar ante estos casos y evitar que puedan volver a ocurrir.

El protocolo amplía el sujeto activo del posible abuso no solo al ámbito de los clérigos, sino a toda la vida consagrada y a los laicos que tengan una función en la Iglesia, por lo que también está dirigido a catequistas, profesores o monitores de tiempo libre, entre otros.

Preguntado por un caso de pederastia en el seminario menor de Toledo, diócesis de la que él es obispo auxiliar, García Magán ha asegurado que se han "hecho los deberes" y el caso se encuentra ante la Santa Sede, al tiempo que se han impuesto medidas cautelares canónicas al sacerdote acusado.

Ha dicho, asimismo, que no hay constancia de ningún obispo acusado de abusos a menores en las diócesis españolas.

Por su parte, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha dado a conocer el reparto del Fondo Común Interdiocesano, que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis y otros ámbitos eclesiales y cuya asignación para 2023 se incrementará un 4 %, hasta los 309 millones de euros.

(c) Agencia EFE