Nicaragua, entre la persecución política y la crisis económica

En esta edición de Enlace para Centroamérica, Cindy Regidor, nuestra corresponsal en Costa Rica, nos detalla a fondo la situación política, social y económica de Nicaragua a pocos días de las elecciones generales. Pero la oposición local, organismos nacionales e internacionales, países del continente y de la Unión Europea sostienen que estos comicios no serán democráticos, libres, competitivos, justos, ni transparentes. Les explicamos por qué.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega comenzó este año electoral con una cacería implacable a sus posibles contrincantes en la contienda: el número de opositores detenidos ya sobrepasa los 30. Mientras, Ortega se enfila el 7 de noviembre a seguir manteniendo el poder absoluto sobre Nicaragua en un cuarto mandato consecutivo.

Aspirantes presidenciales, dirigentes opositores, defensores de Derechos Humanos, empresarios y periodistas han sido encarcelados desde finales de mayo, ante una elección sin competencia política, ya que fue eliminado el único partido inscrito que aglutinaba a parte importante de la oposición.

Las autoridades aseguran que los detenidos han cometido delitos como lavado de dinero o conspiración contra la integridad nacional, pero sus familiares, la comunidad internacional, organismos de DD. HH. locales e internacionales aseguran que estos son "presos políticos". Todos han sido formalmente acusados y enfrentan juicios señalados como irregulares por sus defensores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que, además de los últimos detenidos, hay 125 presos por razones políticas. En su mayoría, son personas que se manifestaron contra el presidente Ortega en las masivas protestas que fueron reprimidas en 2018 y que dejaron un saldo de 300 muertes, miles de heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente.

La CIDH también ha señalado que desde entonces el Gobierno de Nicaragua viola las libertades civiles y los Derechos Humanos de manera sistemática.

La crisis retumba en la economía y en la calidad de vida de los nicaragüenses

Nicaragua además vive su peor crisis económica de los últimos 30 años. Las represiones desde 2018, la incertidumbre política elevada, sumado a la pandemia de Covid-19 han profundizado la problemática socioeconómica del país.

Bajo el mando del sandinismo, Nicaragua se mantiene como uno de los países menos desarrollados del continente. De acuerdo al Banco Mundial la pobreza en 2020 se contabilizaba en 14,7%. Datos de economistas nicaragüenses señalan que desde 2018 se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo en el sector formal debido a la inestabilidad política que provocó el cierre de empresas.

Por otra parte, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, a inicios de este año, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 4,9% y el 44,6% de la población ocupada se encuentra en el subempleo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala que desde 2018, la crisis económica y la persecución política han provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas.

Ortega, hacia su cuarto mandato consecutivo sin oposición

Daniel Ortega, comandante guerrillero de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979, ha gobernado el país por cuatro mandatos, el primero en la década de 1980, y los últimos tres a partir de 2007 junto a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2016.

En su proyecto de perpetuación en el poder, Ortega y Murillo han instaurado un estado policial que prohíbe cualquier manifestación de disidencia, han censurado y cerrado medios de comunicación y creado leyes consideradas represivas.

Los países e instituciones extranjeras que abogan por un diálogo en Nicaragua creen que la pareja presidencial se encamina a una reelección que carecerá de legitimidad por el hecho de encarcelar a sus adversarios. Ilegitimidad que no preocupa al mandatario nicaragüense quien cuenta con el apoyo de los poderes del Estado, la policía y militares para gobernar por un nuevo período.

La oposición tras los barrotes y desde el exilio insiste en que unas elecciones verdaderamente democráticas, libres, transparentes y observadas son la solución a este conflicto, pero en el horizonte no se ve punto de consenso. Ortega y Murillo por ahora están ocupados en asegurar una contienda sin oponentes.

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