Nicaragua ordena el cierre de otras 25 ONG víctimas de ley restrictiva

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Dentro de las afectadas se encuentran organizaciones y fundaciones que abogan por la defensa de derechos humanos, feministas e institutos de historiografía. Se suman a otras 77 que también padecieron los efectos de la promulgación de la represiva ley de Regulación sancionada en abril pasado. Sucede en un marco donde Managua inició el proceso para salir de la OEA, familiares de presos políticos denuncian condiciones deplorables y Estados Unidos evitó invitar al país a la Cumbre de las Américas.

La libertad de expresión y pensamiento transita una delicada situación en Nicaragua que se profundizó en estas horas, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega ordenara el cierre de 25 ONG, donde caen entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos o que abogan por la igualdad femenina.

Además, entre las damnificadas aparecen el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense-Resistencia Nicaragüense (Movimiento FDN-RN), el cual tuvo conflictos armados con el primer régimen sandinista que estuvo en el poder entre 1979 y 1990, y la Asociación Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH).

La Asamblea Nacional, que está controlada por el oficialismo, dio luz verde a los cierres de estas organizaciones, avalados por la reciente ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro.

Esta legislación deja en manos del Ministerio de Gobernación la posibilidad de introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y le da la capacidad para retirar los permisos.

Según indicó el oficialismo, estas nuevas 25 ONG clausuradas incumplieron con sus obligaciones, como reportar sus estados financieros conforme a los periodos fiscales con sus desgloses detallados, como ingresos, egresos y donaciones.

Desde su promulgación en abril, en total 77 organizaciones, fundaciones o instituciones debieron dejar de funcionar, lo que supone un grave retroceso en derechos humanos y libertad de expresión.

El marco de estas cuestiones se tensionó mucho más desde que Ortega fue reelegido el pasado 7 de noviembre para encabezar un quinto mandato –cuarto consecutivo-, el segundo que hará con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Con sus contendientes en prisión, la disidencia criminalizada e indicios de imparcialidad en la votación, la comunidad internacional dejó en claro sus dudas respecto a los comicios. Por caso, la Organización de Estados Americanos (OEA) mostró su preocupación sobre la legitimidad de las elecciones.

Como respuesta, en noviembre pasado, Nicaragua comenzó los trámites para salirse de la OEA, cerrar las oficinas de la entidad en el territorio y revocar las credenciales de varios representantes.

Por otro lado, en los últimos días, familiares de 181 presos políticos denunciaron que los reos reciben pésimos tratos, donde padecen torturas y su situación de salud es grave. Afirmaron que los convictos sufren desnutrición, quemaduras, problemas cardíacos, padecimientos mentales, entre otras cosas.

Este panorama donde los derechos humanos van a la baja desembocó en que Estados Unidos decidiera no invitar a Nicaragua a participar en la Cumbre de las Américas de junio porque “no respetan la Carta Democrática de las América”, alegó el jefe de la diplomacia estadounidense para la región Brian Nichols.

Con EFE y Reuters

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