Los niños del gulag luchan por volver a casa tras una vida en el exilio

Andrea PALASCIANO
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En una casa de madera que se desmorona, Elizaveta Mijailova espera justicia desde hace 30 años. Hija de un prisionero del gulag, cuyo destino sumió a su familia en el caos, aguarda que una ley que se discute en el Parlamento le permita por fin regresar a Moscú.

Mijailova todavía no sabe si obtendrá en vida las reparaciones que le corresponden en virtud de la ley del 18 de octubre de 1991, que prevé una indemnización para los exprisioneros del gulag y sus hijos, incluyendo viviendas sociales en la ciudad de la que fueron expulsados sus padres.

"Continúo luchando porque mis padres así lo quisieron. Prometí que haría todo lo que pudiera", dice esta mujer frágil de 72 años, dentista retirada.

Pero sigue esperando, viviendo con sus dos hijas en una sola habitación de 40 m2 cerca de Zolotkovo, un pueblo a cinco horas de Moscú.

Los baños están separados por una cortina. Todos los días, ocho meses al año, cortan leña para la estufa que calienta la habitación, ya que su casa no está conectada a la red de gas.

El padre de Elizaveta, Semion, fue arrestado por primera vez durante el Gran Terror estalinista (1937-1938), cuando ocupaba un alto cargo en la industria química, por participar en una organización contrarrevolucionaria.

Después de ocho años en un campo en el Lejano Oriente fue sentenciado a otros 25 años en Siberia, interrumpidos por la muerte de Stalin en 1953.

Su familia, afectada por la prohibición de que los antiguos prisioneros residieran a menos de 100 kilómetros de la mayoría de las ciudades, llegó primero a la actual Moldavia antes de regresar a Rusia.

- "Una tragedia" -

"Esto es una tragedia para la familia", susurra Elizaveta Mijailova, que tiene parte del rostro hundido a causa de la hambruna que sufrió de niña. Incluso después de la rehabilitación de su padre, la familia sufrió muchas discriminaciones, explica.

Después de un largo periplo, fue a parar hace cuatro años, con una maleta llena de documentos, a la oficina de Grigory Vaipan, entonces recién graduado de la universidad estatal de Moscú y de Harvard.

"Inmediatamente nos dimos cuenta de que no podíamos abandonar a esta mujer", dice este abogado de derechos humanos de 30 años.

Junto con Alisa Meisner y Yevgenia Chacheva, también hijas de víctimas de la represión estalinista que todavía viven cerca de antiguos campos en zonas remotas, lograron un hito a finales de 2019.

Fue entonces cuando el Tribunal Constitucional reconoció que la ley existente no se estaba aplicando de hecho, debido a condiciones cambiantes y casi imposibles de cumplir, y ordenó al poder legislativo que remediara la situación inmediatamente.

Desde entonces, un proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, pero aún no es satisfactorio porque hace imposible que estas mujeres "vuelvan a casa" en vida ya que tienen que inscribirse en listas de espera para viviendas sociales.

En Moscú, en promedio, la espera es de casi 30 años.

- Esperanza -

La segunda lectura, a partir del 18 de enero, da esperanzas de que se introduzcan las enmiendas necesarias para desbloquear la situación.

No se trata de recuperar los apartamentos originales, destruidos u ocupados por otros, sino de permitir que regresen a la ciudad, explicó Grigory Vaipan en las calles de Moscú, señalando los antiguos edificios de sus demandantes.

El contraste es sobrecogedor entre estos barrios del centro de la ciudad, donde los precios alcanzan varios miles de dólares por metro cuadrado, y las zonas relegadas donde terminaron sus clientes.

Los hijos de los prisioneros del gulag "han vivido toda su vida en el exilio", dice.

El sangriento balance del terror estalinista es una piedra en el zapato para el actual gobierno, que prefiere destacar episodios gloriosos, como la victoria sobre la Alemania nazi.

Los "niños del gulag", nacidos en campos o después de la liberación de sus padres "ya tienen entre 70 y 80 años y hoy su número está estimado en unas 1.500 personas", dice Roman Romanov, de 38 años, director del Museo del Gulag en Moscú.

"Su destino quedó roto en esa época, una ruptura que nunca fue reparada y todavía están sufriendo las consecuencias de la represión", añade.

Recientemente, la ONU expresó su preocupación. Y una carta abierta a las autoridades publicada el miércoles por el diario Kommersant recogió más de 100 firmas de personalidades, mientras que una petición pública lanzada por Vaipan ya tiene más de 80.000 firmas.

"Estas personas están ahí, existen", dice, culpando del lento avance de las compensaciones a la "inercia histórica". "Tienen derecho a regresar, la ley debe ser aplicada", afirma.

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